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15-S, la verdad que no llegó

15-S, la verdad que no llegó

En Michoacán la verdad nunca llegó: a 14 años de los atentados del 15 de septiembre de 2008 en Morelia, la impunidad es la única certeza sobre razones y responsables del hecho.

Más allá de la trama fabricada por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, para inculpar a tres hombres sobre lo sucedido, no existen otras líneas de investigación conocidas, el caso permanece archivado, las víctimas no han sido llamadas a rendir su testimonio, y el terror se ha ido normalizando como asunto inevitable de la vida en Michoacán y México.

El acceso a la justicia por los atentados del 2008 en Morelia, no ha estado en el radar de las autoridades. A diferencia de otros casos emblemáticos de violencia ocurridos en México, éste no ha sido prioritario en la agenda Federal, y a nivel local muy recientemente –esta semana- el Gobierno del Estado a través de la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas (CEEAV) solicitó a la Fiscalía General de la República, la reactivación de las investigaciones del proceso penal 254/2008.

 

Días antes de los atentados las autoridades estatales habían recibido amenazas de bomba para la ceremonia del grito de independencia y para el desfile del 16 de septiembre, pero como el 80 por ciento de las llamadas a los números de emergencia son falsas, simplemente decidieron incrementar un poco el número de policías.

El primero, ocho y 12 de septiembre a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado se comunicaron presuntos sicarios para advertir de diversos atentados y pedir que se protegiera a civiles, especialmente niños, sin embargo, el oficio para poner en alerta a todo el estado se envió después del mediodía del 15 de septiembre, diez horas antes del hecho.

En el oficio SPM2572008 remitido por Froylán León Martínez, secretario particular del procurador, a los subprocuradores de Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Apatzingán, Zamora, Uruapan y Morelia, se giraron instrucciones no para que se protegiera a la población de las amenazas, sino al personal de la procuraduría y los edificios.

 

El 15 de septiembre de 2008 pasadas las 23 horas, en el centro de Morelia, el entonces gobernador Leonel Godoy Rangel buscó hacer repicar –sin éxito- la campana desde el balcón principal de Palacio de Gobierno tras haber emitido el grito conmemorativo por la Independencia de México; una serie explosiones sobrevinieron confundidas con el tronar de los juegos pirotécnicos.

Nueve personas muertas y cientos de heridas fue el saldo del atentado.

Rutas sin explorar

Tras conocerse la noticia de que en la tierra natal del presidente, se había suscitado un ataque a la población civil con granadas de fragmentación, en la Ciudad de México fue convocada una reunión urgente en Los Pinos; ahí el mandatario federal fue categórico al señalar que los culpables serían castigados.

Ignacio Mendoza Jiménez, quien para 2008 se desempeñaba como subprocurador de Morelia en Michoacán, ha señalado que las granadas lanzadas ese 15 de septiembre, las fabricó el Ejército Mexicano y fueron robadas por un Cabo del 27 batallón, en Iguala, Guerrero un mes antes de los atentados. Línea de investigación que no ha sido explorada.

Los primeros detenidos fueron liberados inmediatamente, según el reporte confidencial 08MEXICO2808_a, elaborado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) y que forma parte de los miles de documentos internos del gobierno estadounidense, hechos públicos por WikiLeaks.

El reporte fue turnado a la Secretaria de Estado norteamericano, concretamente al Comando Sur de los Estados Unidos en Miami y está fechado el 17 de septiembre de 2008, a las 19:57 horas.

“Los elementos de aplicación de la ley de la embajada informan que varias personas arrestadas inmediatamente después de los ataques ya han sido puestos en libertad y que los contactos de la policía no reportan pistas sólidas.

Mientras que los líderes políticos de todo el país han cerrado filas por el momento, condenando los ataques y pidiendo una acción rápida contra los perpetradores, es probable que se produzcan señalamientos en los próximos días”.

Testimonios sobre lo ocurrido empezaron a circular de manera inmediata a los hechos, las primeras versiones difundidas en la prensa consignaban que en uno de los dos ataques, un hombre gordo de entre 25 y 30 años corpulento y de mediana estatura, vestido de negro, lanzó la granada contra la gente en la plaza Melchor Ocampo, y que en varios videos tomados por las cámaras de seguridad instaladas sobre la avenida Camelinas y las cercanas al Centro Histórico, presuntamente se observa un convoy de seis camionetas con placas de Guerrero.

También se difundía la versión de que uno de los agresores de la plaza Melchor Ocampo, que se hacía pasar por vendedor ambulante, pidió perdón al momento de lanzar la granada: “¡perdónennos pero esto es necesario!”.

Además hubo reportes de al menos cuatro hombres disfrazados con uniformes de color negro del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), que viajaban a bordo de un auto Jetta, color blanco y con las placas cubiertas con cinta canela, presuntos integrantes de la organización delictiva “La Familia”, a quienes se atribuía la responsabilidad. Se consignó que habían sido captados por cámaras de vigilancia cuando se cambiaban los uniformes por pantalones vaqueros y abordaban una camioneta Silverado, color blanco y una Windstar, color rojo, ambas con placas de Jalisco.

Esos reportes señalaban que desde el Jetta blanco, se había lanzado la granada en el cruce de la avenida Madero y la calle Quintana Roo

Fabricar culpables

La Procuraduría General de la República atraería el caso a través de la delegación en Michoacán, en la que con pocas semanas en el cargo, su titular Rolando López Villaseñor sería cesado once días después, el 26 de septiembre un día después de que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) presentó a los presuntos responsables, integrantes de la organización criminal de Los Zetas.

Se trataba de Juan Carlos Castro Galeana, Julio César Mondragón Mendoza y Alfredo Rosas Elicea, que fueron capturados por un comando especial enviado desde la ciudad de México por la Subprocuraduría, directamente a Apatzingán.

La autoridad federal distribuiría videos con las confesiones de los presuntos responsables, con evidentes signos de tortura.

Dentro del juicio de amparo indirecto 73/2015 y su acumulado 75/2015 promovido por Alfredo Rosas Elicea promovido contra su detención arbitraria y la tortura a la que fue sujeto junto con Galeana y Mondragón para implicarlos por el Gobierno Federal como responsables de lo ocurrido, se da cuenta de la intervención del general de división retirado, Mario Arturo Acosta Chaparro para armar la trama que permitiera a la federación argumentar resultados en la investigación.

Entre los elementos presentados dentro del juicio de amparo, se consignan pasajes de la investigación periodística realizada por Anabel Hernández, y que publicara vía Grijalbo en 2013 bajo el título “México en llamas, el legado de Calderón”.

La periodista consigna cómo tras los atentados, el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, encomendó a Acosta Chaparro hacerse cargo del asunto. Al llegar a Morelia el 16 de septiembre, el general “se entrevistó rápidamente con un soldado que era miembro de la secta Luz del Mundo. Gracias a él dieron rápidamente con los dos hombres más buscados del momento: Nazario Moreno González, a quien el gobierno federal identifica como El Chayo, aunque sus seguidores lo llaman El Pastor, y José de Jesús El Chango Méndez”.

Refiere que para el 18 de septiembre Nazario ya había ubicado a los supuestos responsables del atentado y los detuvo, por lo que el general Acosta junto con Ricardo Cabrera, entonces titular de la Unidad contra el Terrorismo de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) “fueron a recoger a los presuntos responsables de los granadazos, siguiendo puntualmente las instrucciones del Pastor y El Chango”.

La versión oficial fue que, mediante una llamada anónima, que se recibió a las dos de la tarde del 24 de septiembre de 2008 recibida en la Unidad contra el Terrorismo, una persona con voz masculina con acento norteño, informó que quería denunciar a las personas “que aventaron las granadas en Morelia el 15 de septiembre, porque lo que hicieron no tiene madre”, dando los pormenores del lugar en que los tres hombres fueron localizados amarrados, y golpeados presuntamente por compañeros delincuentes.

Dos meses después las esposas de los detenidos, hicieron público que sus maridos, “fueron levantados en Lázaro Cárdenas, en diferentes domicilios y días”, y que después “de varios días de torturarlos los entregaron a las autoridades”. Ninguno de ellos estuvo en Morelia el día que ocurrieron los atentados.

Luego de casi siete años en prisión, tras comprobarse que Juan Carlos Castro, Julio César Mondragón y Alfredo Rosas fueron objeto de detención arbitraria y víctimas de tortura para autoincriminarse fueron liberados, y las omisiones y abusos de las autoridades para fabricar culpables quedaron evidenciadas.

En diciembre de 2009, en el marco del tercer Informe presidencial, la Procuraduría General de la República en su reporte de labores, refirió que los autores intelectuales del atentado eran Heriberto Lazcano Lazcano “El Lazca” -líder fundador de Los Zetas. Jorge Eduardo Sánchez Costilla, “El Coss” -lugarteniente del Cartel del Golfo, junto con otro hombre al que se identificó como Alfredo López Romeo, “La Bola”.

Las autoridades federales no han evidenciado en 14 años avances mayores sobre las investigaciones, la impunidad y la turbiedad en los resultados ha sido y es hasta hoy día, la característica.

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