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309 casos de desaparición forzada en el estado, registra Comité de Familiares

309 casos de desaparición forzada en el estado, registra Comité de Familiares

Un total de 309 casos documentados en Michoacán registra el Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México “Alzando Voces” (Cofaddem), organismo que advierte un posible escenario de “simulación” oficial ante la recién aprobada Ley General Contra la Desaparición Forzada, de no reconocerlos en la práctica como partes integrantes de la investigación de los casos.

Pese a que señalan que desde el año 2015 no hay denuncias por desapariciones forzadas en la entidad ante el Cofaddem, voceros advierten que ello no implica que disminuya la persistencia de un fenómeno que en los últimos años se enfoca hacia los jóvenes de áreas urbanas marginales, sino que es una tendencia reforzada por el miedo y la “normalización” de la violencia. En la mayoría de los casos de desapariciones, aluden, hay amenazas en contra de familiares y se puede decir que sólo se denuncian un 10 por ciento.

Desde el año 2006 cuando surgió el Comité hasta este año, tiene documentados 309 casos, de los que un 95 por ciento corresponden a desaparición forzada; en ese lapso, señalan, 2009 fue el año que más se reportaron desapariciones.

A nivel oficial, señalan, sólo se reconoce uno de los casos denunciados por la Cofaddem como desaparición forzada, al resto lo consideran secuestro. Incluso, para las autoridades no hay reportes de denuncias y en el caso de los familiares, ésta es una figura no reconocida y de la que reclaman su inclusión en la recién aprobada Ley General, “como organismos observadores y con derecho a nivel internacional”.

Desde aquellas insistentes y primeras negativas que recibieron de las autoridades en contra de la existencia de las desapariciones, hasta la expedición de esta Ley, no ha cesado el “dejar de pelarnos muy fuerte con las autoridades”, dicen, en una dinámica que ha tenido logros –como el que se reconozca como delito la desaparición forzada en el Código Penal de Michoacán-, pero que en la realidad mantiene signos alarmantes.

Entre éstos, advierten una tendencia desde el año 2013 enfocada a “levantones” de jóvenes en colonias marginadas de Morelia, donde se reportan casos con el uso de presuntas patrullas policiacas, aparte de vehículos sin placas, que actúan a plena luz del día, “lo que busca generar silencio, además de miedo”, que se acompaña en algunas ocasiones de rondines del Ejército Mexicano en las áreas o zonas donde se dieron los acontecimientos. Prados Verdes, Colinas del Sur, Tierra y Libertad, Santiaguito, El Realito, La Soledad, “en la periferia”, son asentamientos que identifican principalmente con este patrón, aunque también aluden a casos que se han registrado en pleno Centro Histórico de la ciudad.

En estos 10 años, afirman que han comprobado que “hay una política de impunidad plena en el país, las autoridades no tienen ni voluntad política y también vemos que las instancias están rebasadas por lo que está pasando”. El lograr la tipificación como delito de la desaparición forzada, dicen, permitió que la relación con las autoridades fuera más constante para denunciar situaciones específicas, al igual que con legisladores locales y federales y organismos no gubernamentales, además de permitirles participar en foros internacionales.

Los “gobernadores siguen negando la existencia de familiares, pese a que organismos como Amnistía Internacional y American Rights Watch les han pedido resultados en las investigaciones, donde ellos afirman que no se actúa por petición de los familiares, lo que no es verdad”, más allá de que al iniciar el proceso de denuncia no dejan de enfrentar las versiones que revictimizan a los desaparecidos ligándolos “con malos pasos, ha de andar por ahí, al rato vuelve o bien que los levantaron”.

A nivel nacional, señalan que existen 42 colectivos de organizaciones de familiares que reclaman la aparición de los suyos. Para las autoridades, insisten, “se trata de desconocer la desaparición forzada, y con esto, al familiar”, por lo que la Ley General Contra la Desaparición Forzada que entró en vigor en enero de este año, no se explica a su juicio “sin las familias como órganos observadores de víctimas, y que a nivel internacional se nos dé un derecho de estar presentes en las investigaciones, de hacer observaciones de cuando no son funcionales, de exigir los derechos de la víctima, de los familiares”.

A partir de ahí, advierten, en cada estado exigirán ser parte de las comisiones de observación y búsqueda que finalmente prevé esta Ley General.

 

 

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