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9 de cada 10 casos de abuso infantil en México no son denunciados

Revolución 3.0

Según explicó Alicia Rosas Rubí, fiscal para la Investigación de Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), más del 60 por ciento de las agresiones de carácter sexual en México son cometidas por personas cercanas a las víctimas; es decir, padres, padrastros, hermanos, primos, tíos, abuelos, o incluso vecinos.

Debido a esto, nueve de cada 10 casos no son denunciados, ya que las víctimas muchas veces son amenazadas, a decir de Laura Martínez, quien dirige la Asociación para el Desarrollo Integral de las Personas Violadas (Adivac), basándose en testimonios de quienes han sufrido este tipo de abuso, y lo han revelado hasta que son adultos.

“Desconocemos la cifra real (de las averiguaciones previas)”, expone Rosas Rubí, “ya que el delito se comete intramuros”. Además, gran parte de las denuncias no avanza porque se dejan de aportar elementos para su seguimiento, o porque “los niños ya no quieren declarar, o los inducen a cambiar de versión. Pasan meses y ya no se encuentran evidencias”.

Por su parte, la especialista en derechos de la niñez de la UNAM, Rosa María Álvarez, plantea que el ocultamiento de la violencia sexual radica en la cultura patriarcal y machista que se vive en el país.

En cuanto a la negligencia de las autoridades, Álvarez critica la “falta trabajo multidisciplinario, que todos hagan equipo: procuradurías, sistema de salud, de educación, DIF”.

A nivel nacional, seis de cada 10 menores de edad, han sufrido alguna forma de violencia, según las cifras de Verónica Juárez, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez en la Cámara de Diputados, quien advierte que hasta el momento no hay una ley general que garantice estos derechos, por lo que “urge un órgano rector para discutir la política”.

Una posible solución en camino podría ser la reciente integración de México en el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, con lo cual, se espera obligar al Estado a cumplir con las garantías fundamentales de los menores de edad.

Sin embargo, Juárez explicó que aún está pendiente la firma del Tercer Protocolo Facultativo, el cual permitiría que los niños denuncien los abusos sin que un adulto deba participar como intermediario.

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