Záyin Dáleth Villavicencio / @ZayinDaleth3_0
Morelia, Michoacán.- A los 18 años, Juan Manuel enfrentó el dilema de seguir cabalgando con los Caballeros Templarios o defender su pueblo. Eligió lo segundo, pero se llevó con él el alias “M3” y lo aprendido en el cártel para ser parte del grupo de autodefensa de Aguililla, Michoacán.
Juan Manuel, formó parte de los jóvenes de la región de Tierra Caliente reclutados por este cártel de la droga desde los 14 años. Cuatro años después, en junio del 2013 fue una pieza clave para el levantamiento armado de Aguililla que buscaría acabar con Los Caballeros Templarios.
El 24 de febrero del 2013, los municipios de Buenavista Tomatlán y Tepalcatepec, fueron los primeros en protagonizar el levantamiento armado de la población contra la organización de Los Caballeros Templarios, la razón es simple; se habían cansado de los abusos.
El cobro de cuotas se había generalizado, la población se decía cansada de pagar derecho de piso hasta por vender tortillas, los secuestros incrementaron igual que las violaciones, las ejecuciones sanguinarias y los “levantones”. Todo era ya parte del contexto local caracterizado por un sello especial; el del narco.
Ataviados con playeras blancas con la leyenda “Por un Tepalcatepec libre” o “Autodefensa de Buenavista”, los grupos de civiles armados -entre otras cosas- con rifles AK-47 y R-15 que se habían colocado en retenes de seguridad en los accesos de distintas poblaciones, sacudieron la cotidianidad de un Michoacán desolado por la violencia.
La noticia corrió como pólvora. Para muchos, significaba el inicio de una nueva revolución armada ante el hartazgo de la población que veía al gobierno estatal hacer el papel de cómplice y en el mejor de los casos, el de espectador ante la violencia que habían vivido los últimos 12 años en territorio Templario.
Narcogobierno
Los Caballeros Templarios -el primer cártel cristiano nacido en México- era entonces una organización que se había penetrado en la sociedad, en sus estructuras religiosas, económicas y también políticas. Su poder les permitió en las elecciones de noviembre del 2011 colocar alcaldes en la región, incluso al gobierno estatal.
Tenían de su lado a alcaldes, regidores, directores municipales de Seguridad Pública, de Obras Públicas, así como a funcionarios estatales, diputados locales y a mandos de las Fuerzas Federales, lo que les daba un amplio margen de impunidad para operar.
No era difícil entonces creer que como gobierno alterno, además cobraban entre el 10 y 15 por ciento del presupuesto a alcaldes y regidores como lo reveló el presidente municipal de Santa Ana Maya, Ygnacio López Mendoza, asesinado el 9 de noviembre del 2013.
Como resultado, una de las primeras acciones de los grupos de autodefensa fue denunciar los vínculos de políticos y funcionarios con el crimen organizado. Un año después, se comprobó que las autodefensas tenían razón. Michoacán tenía un narcogobierno encabezado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Hoy por vínculos con el narco se encuentran presos 175 servidores públicos de Michoacán, entre ellos el ex gobernador Jesús Reyna García (PRI), el ex diputado local José Trinidad Martínez Pasalagua (PRI), así como seis alcaldes, cuatro del PRI y dos del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Tras las detenciones, la estructura del gobierno tenía la misma fortaleza que un cascaron y no tardaba en desmoronarse. El 18 de junio del 2014, luego de más de dos años de haber tomado protesta, el gobernador electo del PRI, Fausto Vallejo Figueroa, renunció al gobierno con el pretexto de su deteriorado estado de salud.
Pero en realidad sólo bastó un video para acabar con el gobierno del cuatro veces alcalde de Morelia, los protagonistas eran su hijo Rodrigo -que hoy se encuentra preso- y Servando Gómez alias “La Tuta”, líder de Los Caballeros Templarios. Los vínculos eran evidentes e irrefutables.
Había pasado ya poco más de un año del levantamiento armado, los grupos de autodefensa en poco tiempo tomaron el control de numerosas ciudades, expulsaron a los Templarios de las zonas urbanas de la región, así como a alcaldes y funcionarios coludidos con el narco, obligando la intervención federal.
Para esas fechas, más de 100 autodefensas originarios de Buenavista, Tepalcatepec, Aquila y Yurécuaro se encontraban presos acusados de violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como por delincuencia organizada y otros delitos como secuestro y homicidio.
Hoy aunque nadie tiene la cifra exacta, hay al menos 300 autodefensas presos en cárceles de máxima seguridad, entre ellos los fundadores José Manuel Mireles e Hipólito Mora, así como el ex líder de la guardia comunitaria de Aquila Agustín Villanueva Ramírez.
La paz no ha regresado
Han pasado ya dos años desde que las autodefensas se levantaron contra el cártel de Los Caballeros Templarios y la paz no ha vuelto a la convulsionada región de Tierra Caliente en Michoacán. El enemigo se ha debilitado pero sigue allí silencioso, buscando el momento de regresar y cobrar venganza.
Ha pasado ya también un año de que Enrique Peña Nieto, envió a un comisionado plenipotenciario para calmar la situación que parecía incontrolable. Su llegada abrió un nuevo ciclo donde todos, políticos, narcos y autodefensas cayeron por igual.
Apoyado en un ejército de casi 10 mil agentes federales y soldados, el pasado 15 de enero del 2014, Alfredo Castillo Cervantes fue impuesto en Michoacán por encima de cualquier poder y soberanía estatal. Oficialmente su objetivo era restablecer el orden en el estado y propiciar el desarrollo integral.
Ni hace falta decirlo, el fracaso de la estrategia de seguridad anunciada a inicios del año pasado es más que obvia, pues a diferencia de los años anteriores la violencia continúo y los números rojos se mantuvieron en el nivel del 2013.
Según el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el estado de Michoacán cerró el 2014 con 2 mil 365 homicidios, de los cuales 904 fueron dolosos, y mil 461 culposos.
La estrategia de Castillo también estaba dirigida a terminar con los grupos de autodefensa, la formula era aparentemente sencilla, se creó la Fuerza Rural una figura que legalizaría la lucha del pueblo contra el crimen organizado. Pero también fallo.
El 10 mayo del 2014 Alfredo Castillo armó, uniformó y con la promesa de un sueldo, pretendió controlar a más de 3 mil levantados así de la noche a la mañana. Nada más alejado de la realidad. Aunque sí ejerció el control amenazando y encarcelando a quien se negó a acatar el nuevo orden, como pasó con el doctor Mireles.
Con la infiltración narco a través de los perdonados o los antiguos sicarios supuestamente arrepentidos ya como miembros de la Fuerza Rural, los ex autodefensas continuaron cargando con las viejas rivalidades entre cárteles.
Lo endeble de la Fuerza Rural se hizo evidente el 16 de diciembre del año pasado cuando un enfrentamiento entre dos grupos de esta corporación dejo un saldo de 11 muertos en La Ruana, municipio de Buenavista.
Tres semanas después, la noche del 5 de enero de este año, nueve civiles cayeron a balazos tras un confuso desalojo de la presidencia de Apatzingán que había sido tomada por autodefensas y en el que estuvo implicado el Ejercito Mexicano y la Policía Federal.
La pesadilla continúa
Ahora aunque aparentemente la pesadilla parece haberse atemperado, nadie en Apatzingán, La Ruana o Tepalcatepec cree que la paz haya vuelto. Tampoco en la Costa-Sierra de Michoacán donde prácticamente en el olvido de las autoridades, los grupos de autodefensa continúan operando.
Los ejemplo de que las autodefensas no se han extinguido son Aquila, Coalcomán, Coahuayana y Chinicuila, donde la policía comunitaria continua patrullando las 24 horas para preservar la seguridad que han alcanzado tras echar a los miembros de los Caballeros Templarios.
Muchos se preguntarán si ya están tranquilos y han logrado expulsar a los criminales ¿Por qué siguen armados? Pero para Héctor Zepeda, líder de la policía comunitaria de Coahuayana la respuesta es simple; tienen al enemigo al “ladito” refugiado en Colima, esperando que bajen la guardia para regresar.
“¿Bajar las armas? Lo vemos muy lejano porque al gobierno no le interesamos, no se ve que ellos tengan ganas de seguir combatiendo a los Templarios, antes nos han frenado en esta lucha, ya no nos dejaron avanzar, dicen que por ahí hay muchos intereses”.
Además, describe Héctor “nos han dicho que ya no quiere más policías comunitarios pero nosotros hacemos caso omiso y seguimos igual, de todos modos nos van a matar. Por eso tenemos que luchar porque si nos desarman imagínate como nos van a agarrar los demás”.
Por su parte, Semeí Verdía, líder de las autodefensas de la Costa en Michoacán, lamentó que el gobierno estatal tenga tanto desinterés por los pobladores que están arriesgando su vida por defender a sus familias.
En ese sentido, advirtió “si nos quieren desarmar nosotros no nos vamos a dejar, no tenemos diferencias con el gobierno pero si quiere echarse de bronca al pueblo pues que lo hagan, ya tuvimos la experiencia de los autodefensas que se dejaron desarmar y no nos va a ocurrir lo mismo”.
A kilómetros de distancia, en la comunidad de La Ruana lo que prevalece son los grupos de civiles armados, ya no son Fuerza Rural, tampoco autodefensas, ahora se hacen llamar los “H3”, que para los pobladores constituyen el nuevo cártel, el que controla la producción de droga sintética que se cocina en las decenas de laboratorios locales.
Allí, aun se duerme y se camina con miedo. El Ejercito Mexicano vigila siempre a la distancia pero eso no garantiza nada, la rivalidad entre quienes se opusieron y quienes forman parte del negocio de la droga esta más latente que nuca, igual las ganas de la gente de volverse a organizar para levantarse nuevamente en armas.
Todo es culpa de Calderón
Desde el 8 de diciembre de 2006, Calderón declaró el inicio de la “guerra” de su gobierno contra las organizaciones criminales, específicamente contra el narcotráfico.
Lanzó el Operativo Conjunto Michoacán e inició el despliegue de 4 mil 200 elementos del Ejército, mil elementos de la Armada, mil 400 policías federales y 50 agentes del Ministerio Público. Entonces la guerra inició.
Seis años después, Michoacán, el primer estado en el que se implementó esta estrategia, prevalece como un escenario de guerra, como un territorio comanche, con un alto costo de muertes de civiles, desaparecidos y desplazados: con grupos criminales que no fueron desarticulados. Por el contrario, se multiplicaron.
Permanece en medio de un clima de inseguridad y zozobra, donde predominan los casos de desaparecidos, cateos ilegales, detenciones arbitrarias, trato inhumano, violación, tortura física y abuso de autoridad; prácticas usuales de la Policía Federal y el Ejército Mexicano.
Un territorio comanche, que en palabras de Arturo Pérez-Reverte, “es el lugar donde el instinto dice que pares el coche y des media vuelta; donde siempre parece a punto de anochecer y caminas pegado a las paredes, hacia los tiros que suenan a lo lejos”.
Así es Michoacán, un escenario de violencia, en donde los enfrentamientos y los ajustes de cuentas han entregado los más sangrientos y numerosos crímenes. Todos con un sello especial; el del narco.
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