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Abundan juicios políticos en Congreso, casi ninguno procede

En los últimos años en Michoacán, han proliferado las solicitudes de juicio político contra servidores públicos ante el Congreso del Estado, de los que prácticamente ninguno acaba por proceder.

La proliferación de los juicios políticos se ha disparado de 2015 a la fecha, con 27 solicitudes de las que sólo una ha prosperado y tres están pendientes de resolver, el resto simplemente acabó por ser desechado sin llegar si quiera a la Comisión Jurisdiccional, antes Instructora del Congreso.

En este 2019 van ocho juicios políticos promovidos, en 2018 fueron tres, en 2017 sumaron diez, en 2016 cuatro, y en el 2015 dos.

De manera concreta la Comisión Jurisdiccional sólo tienen en revisión el juicio contra el exauditor Superior del Estado, José Luis López Salgado, el cual se ha venido alargando sin resolución alguna.

Primero las solicitudes de juicio político pasan el filtro de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales que son las que dictaminan si éstos son procedentes o no, se elabora un dictamen que se turna a Pleno y en caso de determinarse que el juicio es viable se turna a la Comisión Jurisdiccional.

Por el momento el único juicio que no ha pasado a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, es el promovido por la bancada del PRD en contra del presidente de la Mesa Directiva, Antonio Madriz Estrada por la respuesta al Cuarto Informe de Gobierno de Silvano Aureoles, esto debido a que el asunto no arriba aún al pleno para ser turnado a comisiones.

La única solicitud de juicio político que está pendiente de dictaminar en estos momentos por las referidas comisiones, es el promovido por diferentes ciudadanos en contra del secretario de fianzas del Estado, Carlos Maldonado Mendoza y los integrantes de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán de ésta y la pasada legislatura, por omisiones e irregularidades en torno a la auditoría forense practicada a la cuenta cargos por aplicar, en donde se operó la llamada licuadora financiera en Michoacán.

Los otros juicios políticos promovidos este año y que no han procedido fueron sobre autoridades municipales de Copándaro, La Piedad, Nahuatzen, Ocampo y Zitácuaro.

En 2019 los juicios presentados fueron en contra de autoridades municipales de Lázaro Cárdenas y Pátzcuaro; en 2018 fue contra un magistrado de la Primera Sala Civil.

Fue en 2017 cuando se promovió el juicio contra el auditor superior de Michoacán; ese mismo año se promovió otro contra la presidenta de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas; otro contra el presidente del Instituto de Transparencia; uno más contra una diputada local, la secretaria de Salud y el titular de Seguridad Pública; además de otra serie de solicitudes contra autoridades municipales de Charo, Hidalgo, Jacona, Maravatío y Zitácuaro.

En 2016 se presentaron juicios contra integrantes de los ayuntamientos de Gabriel Zamora, Vista Hermosa y Zamora. Ese año se promovió un juicio contra el exalcalde de Zitácuaro Juan Carlos Campos, que es el único que ha procedido en el periodo en referencia, procediéndose a la inhabilitación del exfuncionario.

En 2015 se promovió un juicio contra quien fuera presidente del Instituto de Transparencia, Ricardo Villagómez; así como contra autoridades municipales de Tlalpujahua.

Fue en septiembre de 2010 cuando en el Congreso del Estado se determinó por primera vez la procedencia de juicios políticos, en esa ocasión fue contra el edil de Tzintzuntzan, Abel Martínez, y la exalcaldesa de Uruapan, María Dóddoli Murguía, en su momento ambos casos procedieron y fueron inhabilitados.

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