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Alertan de privatización en áreas naturales protegidas con reforma ambiental en Michoacán

Morelia, Michoacán.- La reforma ambiental que se trabaja en el Congreso del Estado contiene preceptos de riesgo, entre los que se prevé incluso la privatización de áreas naturales protegidas. Así lo alertan organizaciones sociales y especialistas ambientales quienes buscan poner freno a la aprobación del dictamen final que contiene la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado de Michoacán.

Dicha norma parte de la iniciativa turnada en abril de 2019 por el gobernador Silvano Aureoles Conejo, a la que en el proceso de dictaminación se le sumaron propuestas presentadas vía iniciativas por los diputados Ernesto Núñez, Teresa Mora, Mayela Salas y Miriam Tinoco.

El problema a ojos de los ambientalistas es que el dictamen final elaborado por las comisiones de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, y de Hacienda y Deuda Pública, contiene preceptos que atentan directamente contra el medio ambiente.

Por ello han iniciado una campaña de difusión sobre los temas de riesgo, ayer mismo, ofrecieron una rueda de prensa en la que participaron organizaciones y especialistas para ahondar sobre aquellos temas que a su juicio no deben dejarse pasar.

Moctezuma Madrigal Mercado del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, explica que el dictamen carece de soportes de diagnósticos científicos y técnicos, con dimensión general y regional de las problemáticas ecológicas y ambientales que se pretenden legislar.

Habla de la ausencia de la participación social en la construcción del dictamen, tanto de organizaciones sociales, especialistas, académicos y en general de la sociedad civil.

De manera particular Madrigal Mercado se refiere a las áreas naturales protegidas, en donde el dictamen en su artículo 84 “permite su privatización o la administración privada, lo que resulta un retroceso terrible”.

El artículo 84 al que hace alusión el ambientalista, establece en el dictamen que el Titular del Poder Ejecutivo del Estado podrá otorgar a los Ayuntamientos, así como a núcleos agrarios, grupos y organizaciones sociales, empresariales y demás personas físicas o morales interesadas, la coadministración de las áreas naturales protegidas de competencia estatal, o en su caso de una o más subzonas establecidas en los programas de manejo de cada área.

Carlos Olivares quien también forma parte del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma apunta además que en áreas naturales prevé mantener la licencia de explotación pese a ser un vicio que se arrastra desde la Ley vigente, se facilita el cambio de uso de suelo para especulación inmobiliaria y para el negocio. “Se estima que las áreas naturales protegidas abarcan el siete por ciento del territorio michoacano y el diez por ciento a nivel nacional”, señala.

Las organizaciones emitieron ya un Pronunciamiento formal sobre el dictamen que puede ser consultado en el sitio http://www.salvemoslaloma.mx/, en donde enlistan diez puntos como los más cuestionables del dictamen.

Privatización de áreas naturales protegidas, falta de prohibición para el uso de cañones antigranizo, verificación vehicular con fines recaudatorios y no ambientales, establecimiento de un Fondo Ambiental discrecional, la autorización velada del daño ambiental con el pago de seguros, la supresión de la educación ambiental, la prevalencia de permisos, licencias y concesiones para la explotación de recursos naturales, el sometimiento del Consejo Estatal de Ecología, y la ausencia de la noción de derechos humanos en el manejo del agua.

“Lo más grave sin embargo, puede ser el hecho de que el proyecto de Ley elimina toda una serie de derechos de la ciudadanía y obligaciones de las autoridades, que nos dejan en una situación de incertidumbre jurídica y de indefensión ante la actuación de los funcionarios estatales”. El pronunciamiento es signado por 26 organizaciones y 18 ambientalistas y académicos.

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