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Aprueba Congreso Ley para Prevenir y Erradicar el Feminicidio del Estado

Aprueba Congreso Ley para Prevenir y Erradicar el Feminicidio del Estado

De último momento y sin que el dictamen fuera circulado con la debida anticipación entre los diputados, el Congreso local aprobó la Ley para Prevenir y Erradicar el Feminicidio del Estado.

En momentos en que el Poder Legislativo existe una embestida contra activistas, defensoras de derechos y colectivas, quienes han condenado la prevalencia de una agenda contraria al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la Cámara determinó aprobar de último momento la referida Ley.
Mientras en comisiones permanecen sin dictaminar múltiples iniciativas de reforma al Código Penal relacionadas con el feminicidio, algunas de ellas promovidas por víctimas indirectas, las comisiones de Justicia y Gobernación decidieron dictaminar la iniciativa de Ley promovida por el panista David Cortés Mendoza desde la pasada Legislatura.
Michoacán es el primer estado en contar con una Ley de este tipo, según refirió el propio David Cortés en tribuna, al momento de razonar su voto.
Como objeto de la Ley se establece el prevenir y erradicar el feminicidio; y establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, dignidad, libertad, integridad personal, igualdad y no discriminación, así como, el acceso a una vida libre de violencia y la seguridad de niñas, adolescentes y mujeres, cuando sean amenazadas o lesionadas por la violencia feminicida.
Asimismo busca establecer las competencias y formas de coordinación para la identificación de sus causas y su prevención, investigación, persecución, erradicación y sanción del delito de feminicidio y los relacionados con él; establecer, en el ámbito de su competencia, la distribución y formas de coordinación en materia de protección y asistencia a los ofendidos; y erradicar el machismo como cultura social.
La norma establece como obligación de los ayuntamientos la obligación de recibir y canalizar cualquier denuncia de un posible feminicidio o tentativa de éste, hacía la Fiscalía Especializada mediante las agencias del Ministerio Público. La policía municipal realizará las actuaciones conforme a las responsabilidades que le atribuyen el Código Nacional de Procedimientos Penales, de las que dejará constancia por escrito.
En el caso del Gobierno del Estado a través de las Secretarias de: Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, de Educación, así como de Seguridad Pública, le corresponderá implementar programas y políticas públicas en materia de prevención y erradicación del delito de feminicidio, así como de aquellas conductas de violencia hacía la mujer, establecidas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado.
Por su parte, el Congreso a través de las Comisiones de Dictamen correspondientes, revisará y evaluará los programas y políticas públicas implementadas por el Poder Ejecutivo en materia de feminicidio, así como los resultados obtenidos por la Fiscalía General y la Fiscalía Especializada en dicha materia. Las revisiones y evaluaciones deberán realizarse cuando menos una vez al año, a fin de implementar los cambios que se requieran para su adecuado funcionamiento.
Para dicho efecto, la norma establece que la Fiscalía General del Estado, el Poder Ejecutivo del Estado y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, deberán incluir en sus informes anuales correspondientes, un apartado específico en materia de feminicidio conforme a sus atribuciones legales y constitucionales.
En cuanto a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, reconocerá y garantizará los derechos de las víctimas u ofendidos, del delito de feminicidio y los relacionados con éste. En especial los relativos a la ayuda inmediata, asistencia jurídica, médica y psicológica, atención y protección integral, acceso a la verdad, justicia y reparación, conforme a lo dispuesto en la Ley de Atención a Víctimas para el Estado.
La norma establece como principios rectores para la investigación del feminicidio la independencia e imparcialidad; igualdad y no discriminación; deber reforzado en la debida diligencia; dignidad humana; no revictimización; perspectiva de género; personal calificado; estándares probatorios libres de estereotipos y prejuicios de género; debido proceso; pertenencia cultural; y. garantía de privacidad en el tratamiento de datos personales

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