La madrugada de este miércoles, el Pleno de la LXXV Legislatura local aprobó la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, la cual dará forma a la estructura de gobierno que prevé el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla.
La segunda lectura del dictamen de la nueva norma, arrancó a las diez de la noche de ayer martes para concluir a las 00:40 horas de este martes, dando pie posteriormente, a la reserva de artículos para las adecuaciones propuestas por los diputados.
En la nueva norma se suprimen tres áreas previstas dentro del sector público centralizado: la jefatura de la Oficina del Gobernador, la Coordinación de Comunicación Social y la Consejería Jurídica, las que ahora pasarán a ser áreas dependientes del Despacho del Gobernador.
La Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario cambia de nombre para pasar a ser Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en tanto que, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, pasará a ser la Secretaría del Bienestar.
Además, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático se dividirá en dos, una será la Secretaría del Medio Ambiente, y la otra la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad.
En total se realizaron 12 reservas a igual número de artículos del dictamen leído, éstas fueron formuladas por los diputados Marco Polo Aguirre Chávez del PRI, Oscar Escobar del PAN, Juan Carlos Barragán de Morena, y la perredista María Guadalupe Díaz Chagolla. Todas las modificaciones planteadas fueron aprobadas.
Una de las reservas más significativas fue al artículo 18, sobre las atribuciones de la Secretaría de Gobierno, a la cual se le incorporaron atribuciones sobre el sistema penitenciario a través de la incorporación de seis nuevos incisos.
De esta manera dicha Secretaría tendrá entre sus facultades proponer al gobernador los programas relativos al sistema penitenciario en materia de reinserción social; coordinar la operación de los programas tendientes a la reinserción social; dirigir y evaluar los centros penitenciarios; proponer al gobernador la celebración de convenios para la reclusión de procesados del fuero federal; favorecer y coadyuvar en la resolución de controversias a través de los mecanismos alternos de solución de conflictos; y las demás que le confiere las normas aplicables.
También se modificó el artículo 20, para aumentar los años de antigüedad de la cédula profesional de quien ocupe la Contraloría del Estado, de manera que sean ocho. Asimismo se incrementó de tres a cuatro años el tiempo de experiencia con que deberá contar.
Otros aspectos reformados al dictamen presentado, fueron sobre los principios previstos en la norma, de manera que éstos fueran debidamente establecidos; sobre las facultades del Despacho del Gobernador, también hubo adecuaciones para dar mayor claridad debido a que éste concentrará nuevas áreas.
Entre las modificaciones al dictamen, también se dio una al artículo 2 transitorio, a fin de que la nueva Ley entre en funciones al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.