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Aprueba Congreso por mayoría propuesta jarista para posibilitar constitucionalmente incremento de penas

Aprueba Congreso por mayoría propuesta jarista para posibilitar constitucionalmente incremento de penas

Patricia Monreal / @Michoacan3_0

Morelia, Michoacán.-Posibilitando constitucionalmente el incremento de penas en el estado, por mayoría el Congreso local aprobó una de las últimas iniciativas turnadas a la Cámara por Salvador Jara Guerrero como gobernador.

El tema suscitó amplia polémica este miércoles en la Cámara, situación que se observaría en el voto dividido de las fracciones parlamentarias del PRD y del PAN, no así en las del PRI y PT que fueron unidas en la aprobación del asunto.

En el caso de los perredistas sólo dos se sumaron a la aprobación de la propuesta: Manuel López Meléndez y Juan Pablo Puebla Arévalo, el resto la rechazaron.

En el PAN el legislador Héctor Gómez Trujillo votaría en contra, mientras que los integrantes de la bancada Verde, emitirían un voto en abstención.

El decreto aprobado reforma el artículo 94 de la Constitución Política del Estado, para establecer que las penas privativas de la libertad no podrán en ningún caso exceder de cincuenta años, “esta sanción podrá contemplarse como máxima para delitos calificados como graves por la ley y, también, en el caso de los concursos”.

Cabe apuntar que anteriormente el mandato constitucional establecía un máximo de cuarenta años.

Aunque el decreto no alude en sus contenidos de forma alguna al tema de feminicidios, este fue usado como argumento para su aprobación.

La mayoría de los legisladores perredistas manifestarían su rechazo al planteamiento, Juan Bernardo Corona Martínez quien preside la Comisión de Justicia, al hacer uso de la palabra señaló que el aumento al tope de penas en el ámbito penal, trasgrede el espíritu del Nuevo Sistema de Justicia Penal vigente en el estado, “ya que va en contra de sus principales premisas que son las de garantizar el respeto a los derechos humanos, la aplicación del principio pro persona, la reducción de penas con la finalidad de evitar la sobrepoblación penitenciaria en los centros de reclusión, sustituir las penas de prisión con trabajo a favor de la comunidad, la conmutación de sanciones, las condenas condicionales, la reducción de sanciones por reparación del daño, la libertad anticipada, la aplicación de la ley más favorable y la reinserción social”.

Señaló que el ser tan severos en las penas privativas de la libertad “en nada abona para bajar la incidencia delictiva, y por el contrario la factibilidad de la reinserción social como objetivo prioritario del sistema penitenciario no se cumplirá.

“Es por ello que considero que aumentar las penas encierra una realidad vengativa más que correctiva”, señaló Corona Martínez quien recordó además que el sistema judicial no es infalible y que ante la cobertura mediática de los delitos calificados como graves, se buscan culpables “y la tortura en muchos casos sigue siendo una tentación”.

Por su parte la legisladora priista Rosa María de la Torre, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, llamó a no incurrir en discursos falaces, al sostener que la reforma no implica venganza, “esta iniciativa no es un capricho, no es una recomendación de organismos internacionales”.
Aseguró que el Nuevo Sistema de Justicia Penal no tiene que ver con la reforma, ya que éste está pensado para los delitos que no tienen un impacto social alto, “sino someteríamos a la conciliación a narcotraficantes, extorsionadores”.

Cuestionó el que se pretenda que los derechos del inculpado estén primero que el de las víctimas, “no podemos caer en el hipergarantismo penal, ahora resulta que los criminales tienen más derechos que las víctimas, el principio de pro persona aplica para los dos, victimas e imputados”.

A decir de Rosa María de la Torre, la reforma lo único que abre es el candado para que se puedan imponer penas de hasta 50 años, “va a corresponder a la Comisión de Justicia decidir a qué tipos penales se les dará el tratamiento de delitos graves”.

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