HomePolíticaAunque quieran, legalmente diputadas del PT no pueden desistirse de juicio contra deuda

Aunque quieran, legalmente diputadas del PT no pueden desistirse de juicio contra deuda

Legalmente las diputadas petistas Brenda Fraga Gutiérrez y Teresa Mora Covarrubias, no podrán desistirse de la Acción de Inconstitucional que suscribieron en contra de la inclusión de deuda pública por 4.09 mil millones de pesos dentro de la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020.

Cabe apuntar que ambas legisladoras junto con la bancada de Morena promovieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el referido juicio que ya fue admitido, sin embargo ahora las petistas buscan desistirse pretextando que desconocían el contenido del documento promovido.

Sin embargo legalmente su desistimiento es improcedente, ya que la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de México –referente a las controversias y acciones de inconstitucionalidad- acota los casos de desistimiento.

El artículo 20 de la referida Ley establece que el sobreseimiento de una acción o una controversia procede sólo cuando “la parte actora se desista expresamente de la demanda interpuesta en contra de actos, sin que en ningún caso pueda hacerlo tratándose de normas generales”.

Cabe apuntar que la Ley de Ingresos del Estado es una norma de carácter general, ya que los efectos de su aplicación son dirigidos a la población en general, de ahí que no sea posible el desistimiento por mandato legal.

La determinación petista pretendería echar abajo el requisito del 33 por ciento de diputados integrantes de la Legislatura para poder promover un acción de inconstitucional, sin embargo en este caso el juicio ya fue admitido a revisión por la Corte, y quienes la promovieron legalmente no tienen la posibilidad de desistimiento.

Cabe señalar que por mayoría legislativa se incrustó en la Ley de Ingresos de 2020 –que para su aprobación requiere mayoría simple-, la autorización de un empréstito por cuatro mil 90 millones de pesos, pese a que ésta debió realizarse un dictamen por separado y que por ley su aprobación precisa de mayoría calificada.

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