La orden de arresto se levantó ya que «se vulneraron sus derechos, básicamente el derecho a la defensa debido a que no se citó debidamente al ex presidente».
La orden de aprehensión contra el ex mandatario de Bolivia Evo Morales, fue anulada por el juez Jorge Quino, una semana después de la elección de Luis Arce como nuevo presidente, dicha orden se había emitido por supuestos delitos de terrorismo.
De acuerdo con el juez, quien también es presidente del Tribunal Departamental de la Justicia de La Paz, la orden de arresto se levantó ya que «se vulneraron sus derechos, básicamente el derecho a la defensa debido a que no se citó debidamente al ex presidente».
El 6 de julio la Fiscalía General de Bolivia había imputado a Morales por supuestos delitos de terrorismo y su financiamiento, y solicitó nuevamente su detención preventiva.
Además otra orden de arresto por sedición y terrorismo se dictó en diciembre contra Morales (2006-2019), tras haber dejado la presidencia el 10 de noviembre luego de lo que llamaría un golpe de Estado y acusaciones de fraude electoral.
Evo y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), rechazaron todos los cargos y afirmado que tenían motivaciones políticas.
La fiscalía había abierto además otra causa a Morales por supuesto fraude en las elecciones de octubre de 2019, en las que ganó la reelección a un cuarto mandato pero luego fueron anuladas tras denuncias de irregularidades. No hubo avances en este caso en la justicia.
De igual forma la fiscalía intentó a inicios de este año conseguir que la Interpol emitiera una orden de arresto internacional contra Morales, sin embargo, fue rechazada al considerar que se trataba de asuntos políticos, no criminales.
Durante el gobierno transitorio de la derechista Jeanine Áñez Morales fue acusado por esta a lo largo de la campaña hacia las elecciones del 18 de octubre, las cuales ganó Arce, su exministro de Finanzas y artífice del «milagro económico» de los 14 años de su mandato.
Así mismo a inicios de septiembre, el gobierno de Bolivia contactó a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para denunciar a Evo por supuestos crímenes de «lesa humanidad» por los bloqueos de rutas de agosto.
Pero resultó esta acción considerada como simbólica frente a las elecciones ya que un Estado puede pedir a la CPI que examine si es procedente que intervenga en determinado caso, pero la Corte se encarga únicamente cuando ha fracasado el sistema penal nacional.
A pesar de que la fiscalía de Bolivia indicó que investigaría los bloqueos, nunca informó de avances.
