Paloma Montes García /Revolución3.0
La cara más visible de las autodefensas luce sometida. Una fotografía de José Manuel Mireles con las manos atadas hacia atrás en la parte trasera de una camioneta fue difundida ayer como prueba de que, como mencionó el nuevo gobernador Salvador Jara: por el bien de Michoacán, todos tendrían que ceñirse a la legalidad.
La advertencia, realizada el pasado jueves 27 tras la decisión de Mireles de dirigirse a Lázaro Cárdenas para “limpiar” la zona de Templarios, se volvió realidad cuando alrededor de las cuatro de la tarde, 600 elementos de la policía estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) arribaron en 30 camionetas a la localidad de La Mira, ubicada a 15 kilómetros del puerto de Lázaro Cárdenas. Ahí, bajo el argumento de combatir la portación ilegal de armas, detuvieron a 70 civiles entre los que se encontraba Mireles.
El comunicado oficial presentado por la Procuraduría de Justicia del Estado relata que a mediodía fueron identificadas personas armadas en las localidades de Acalpican y La Mira. Al corroborarse que ninguno pertenecía a un cuerpo policiaco se acordó realizar el operativo.
En entrevista con Radio Fórmula, Alfredo Castillo, comisionado para la paz en Michoacán, señaló que la postura gubernamental había sido clara: “Las personas que no pasen a través de las instituciones y que quieran seguir armados van a ser detenidos”.
Sin embargo, la decisión de capturar a las autodefensas en un momento de reajuste en la élite política de Michoacán, pareciera más un intento por recuperar la fortaleza del gobierno en un plano simbólico.
Hace dos meses, Alfredo Castillo había llegado a un acuerdo con las autodefensas: los civiles podrían conservar sus armas si se unían a las guardias rurales. Sólo serían decomisadas las calibre 50, ametralladoras M60 y los lanzacohetes. El resto del armamento, que también incluía material de uso exclusivo del Ejército –como AK-47 y AR-15- podría ser conservado.
La oposición de Mireles al desarme, manifestada desde la firma del acuerdo en abril, propició su destitución como vocero de los grupos de autodefensa el 8 de mayo y la apertura de una investigación en su contra por la muerte de cinco personas.
Entre las pruebas que motivaron el inicio de la indagación está una fotografía donde Mireles sostiene la cabeza de uno de los asesinados. En entrevista con Carmen Aristegui, el ex vocero explicó: “Recibí llamado de auxilio porque estaban balaceando a las autodefensas (…) me percaté que había 3 cadáveres en una camioneta, fue cuando la doctora me dijo que si no le ayudábamos a bajar a una persona que quedaba en la loma”.
A partir de la difusión de la imagen, los días de libertad de José Manuel Mireles estuvieron contados. La salida de Fausto Vallejo del gobierno del estado sólo aceleró la cuenta regresiva.
A pesar de que las dependencias participantes en el operativo se han encargado de enfatizar que no se disparó un solo tiro, la cantidad de elementos desplegados para la captura permite suponer que toda la fuerza del Estado se aplicó contra los detractores del acuerdo de Tepalcatepec, al que muchos califican como una simulación.
Las fotografías no mienten, hombres arrodillados frente a policías federales esperan el inicio de los procesos en su contra. Mientras tanto, en la carretera 200 de la costa michoacana se realizan bloqueos en favor de su liberación. En las redes sociales existe la misma petición: libertad para Mireles, prisión para los Templarios.
