(13 de abril, 2014).- El pasado jueves 10 de abril el Senado de la República fue testigo del descontento que la iniciativa de legislación secundaria en materia de telecomunicaciones ha generado en gran parte de la sociedad. Cientos de manifestantes salieron a las calles denunciando el carácter represivo de la ley y sus efectos de censura hacia la libertad de expresión. Según los propios manifestantes, de aprobarse la #LeyTelecom (como se ha dado a conocer en internet) se correría el riesgo de limitar los contenidos en internet, así como de vigilar comunicaciones privadas e incluso de restringir discrecionalmente las señales de telecomunicaciones.
La movilización que partió de Televisa Chapultepec esgrimió la consigna #NoMásPoderAlPoder para criticar que la legislación secundaria, lejos de asegurar los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos, le otorga mayores herramientas al Estado para inhibir la circulación del pensamiento libre en lo medios digitales.
Para algunos de los activistas asistentes a la manifestación este intento de coartar las libertades debe entenderse como parte de un proceso mucho más amplio, el cual habría iniciado el #1Dmx con las detenciones arbitrarias de decenas de jóvenes, continuaría con la intensificación de la criminalización de la protesta social expresada con claridad en la llamada #LeySotoMayor y culminaría con la restricción de los derechos digitales.
En los últimos años internet y las redes sociales han servido como instrumentos de organización social y movilización en múltiples partes del mundo, por lo que su restricción puede interpretarse también como una forma de limitar los focos de descontento social y, sobre todo, de inhibir el pensamiento crítico.
Si en los siglos XV y XVI la inquisición limitó el pensamiento libre a través de la fiscalización de las obras literarias, la restricción en el acceso a la red y a los contenidos que en ella circulan es, mutatis mutandis, la inquisición del siglo XXI. Los “índices” inquisitoriales -listas de libros prohibidos por las autoridades eclesiásticas- dlimitaban aquello que era legitimo conocer y aquello que resultaba prohibido para la moral y las creencias cristiana, de forma semejante las medidas de censura en internet generan una línea divisoria entre aquello a lo que se puede acceder y aquello que permanece fuera del alcance del conocimiento de las mayorías. Sin embargo, el factor determinante en esta división entre lo permitido y lo prohibido no es ya la moral cristiana, sino el incremento de beneficios. Es en este contexto que la protesta del pasado jueves adquiere toda su relevancia.
#NoMásPoderAlPoder
