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Cherán contra Ley de Seguridad Interior ante SCJN por violar derechos indígenas

Violar los artículos primero, segundo y 115 de la Constitución federal, el sexto, octavo y noveno del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como los artículos 5, 18, 19 y 34 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y demás relativos y aplicables, son los actos reclamados por Cherán en la controversia constitucional que promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la Ley de Seguridad Interior.

Con el folio 49/2018 al juicio promovido por Cherán ya se le dio entrada en la Suprema Corte luego que fue presentado por los integrantes del Concejo Mayor de Gobierno Comunal a principios de febrero, y está en manos del ministro Luis María Aguilar Morales para su revisión.

El Concejo Mayor argumenta que la Ley de Seguridad Interior debió ser consultada con la Comunidad – Municipio Purépecha de Cherán, Michoacán, en cumplimiento a lo mandatado en los artículos 1 y 2 de la Constitución Política de México; el sexto del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; y el 18 y 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. “No obstante, esa consulta nunca se dio”.

“Frente a ello, la Comunidad–Municipio Purépecha de Cherán, Michoacán está legitimada según reconoció esta Suprema Corte para reclamar como una de sus competencias el derecho a la consulta previa, libre e informada según el artículo sexto del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”.

En su querella Cherán recuerda que la seguridad pública es una función que originariamente compete a los municipios según lo contempla el artículo 115 fracción III inciso h de la Constitución, y agrega que la comunidad tiene plena y exclusiva competencia para, en ejercicio del derecho a la libre determinación, “determinar con plena autonomía sus instituciones políticas y sociales relativas en este caso a la seguridad pública, por una parte, y para resolver los conflictos internos conforme a su sistema normativo, por otra”.

Y apunta: “cabe recordar que los sistemas normativos indígenas comprenden normas, procedimientos, autoridades, principios y sanciones tradicionales cuyo único límite constitucional es el respeto de los derechos humanos. En este sentido la Ronda Comunitaria de Cherán es una autoridad tradicional que forma parte del sistema de procuración e impartición de justicia englobado en el sistema normativo indígena de Cherán, y por tanto una institución política y social propia mediante la cual se ejerce la competencia relativa a la garantía de la seguridad pública”.

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