(23 de marzo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Cada hora con veinte minutos, en México, de forma sistemática, una persona será desaparecida o “extraviada” según la última actualización del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La estadística oficial que, hasta el 31 de octubre del 2014, registraba 23 mil 615 denuncias, en un pequeño lapso de tres meses se disparó estrepitosamente. La cifra escaló 2 mil posiciones más en relación con el último informe; ahora existen 25 mil 736 averiguaciones abiertas, única y exclusivamente por dicho delito.
En comparación con el año 2007 en que comenzó la llamada “guerra” contra el narcotráfico, el 2014, registró un total de 6 mil 018 investigaciones que se agregaron a la lista de aquellos declarados “ni vivos ni muertos”; es decir, un 786.66 por ciento encima del primer año de violencia, tomando en consideración que durante ese primer periodo de sangría, balas y terror, se obtuvo el registro de 765 desapariciones.
Pese a la dramática cifra, para el gobierno federal, la crisis de inseguridad suele tratarse de un fenómeno de “percepción pública”.
En la víspera de su segundo informe de labores, Enrique Peña Nieto le declaró a la editora Lally Weymouth del diario norteamericano, The Washington Post, que desde que asumió el mando del Estado mexicano, la seguridad pública se convirtió en una de sus “prioridades” en comparación a los desastrosos resultados que dejó su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa; en la entrevista sostuvo que existe una disminución en tres delitos del “fueron común” muy populares en otros años: el asesinato, el secuestro y la extorsión.
“Los resultados –le comentó a la periodista de origen estadounidense‒ han sido muy alentadores. Si se comparan las cifras de 2012 con las de 2014, el número de asesinatos se ha reducido en un 29 por ciento. […] La mayoría de los delitos que se cometían –asesinato, extorsión y secuestro– han disminuido porque los grupos criminales han sido fragmentados, y los líderes de los cárteles han sido capturados, llevados a juicio o han sido muertos”.
No obstante, la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, terminaría de echar por borda tal aseveración: la desaparición se convirtió en el paradigma criminal de su gobierno.
Si bien las estadísticas oficiales –únicamente relacionadas al homicidio– presumen darle la razón al ejecutivo, en relación con el aumento de las desapariciones forzadas, la dinámica de exterminio y “guerra irregular” que impera en casi todos los estados del país –aunque no declarada abierta u oficialmente por los grupos criminales y el gobierno– parece indicar que el país se encuentra en la antesala de una transformación del crimen más que una verdadera llegada a la paz.
Sobre este punto, un cruzado dará luz.
Al borde del empate
De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el año pasado, se registraron 15 mil 649 “homicidios dolosos” en varias entidades de la república. El conteo, realizado por denuncias y el levantamiento de cadáveres en diversas zonas del país, investigados “por oficio”, es el saldo final de balaceras, enfrentamientos, ejecuciones, fuegos cruzados y decapitaciones, según los informes de la dependencia federal, ahora subordinada a la Secretaria de Gobernación (Segob).
La cifra, ciertamente disminuyo comparado con los años de mayor virulencia armada, cuando la guerra entre cárteles, ejércitos paramilitares, civiles, militares y marinos, alcanzó su punto más crítico.
Por ejemplo:
En el año 2006, el Secretariado Ejecutivo reportó 11 mil 806 “homicidios dolosos”, cometidos, de manera pujante, en varios estados enclavados en rutas para el trasiego de drogas.
Al año siguiente, por un breve lapso, los asesinatos y decapitaciones disminuyeron a 10 mil 253. Pero la tendencia, pese al patrullaje de convoyes militares, despliegues aéreos, por agua y tierra, ascendieron bruscamente. En el 2008, se abrieron 13 mil 155 averiguaciones previas por dicho delito; para el 2009, se produjeron 16 mil 118; en el 2010, 20 mil 680 y finalmente, en 2011, alcanzaron un récord histórico: 22 mil 852 en tan sólo 12 meses.
El último año de gobierno de Felipe Calderón, la tendencia pareció estancarse sin incrementar considerablemente, pero tampoco bajar: hasta el 31 de diciembre del 2012, se reportaron 21 mil 736 “homicidios dolosos”.
La transición de gobierno que se consumó el primero de diciembre de dicho año, adelantó formalmente, un cambio de estrategia de seguridad, aunque el gobierno norteamericano, pendiente de dotar de suministros para continuar la “guerra” contra el narco, criticaron la falta de claridad en las directrices de la afrenta. Los resultados, sin embargo, comenzaron a ser levemente visibles. Para el año 2013, el primero en funciones del gobierno de Peña Nieto, se reportaron 18 mil 331 asesinatos, mientras que el 2014 cerró con 15 mil 649.
Es decir, en comparación con el año de mayor violencia, el 2011 y 2014, las matanzas descendieron 32 por ciento. Sin embargo, mientras una infracción bajaba, la otra, sin paragón subió.
Los 6 mil 018 desapariciones forzadas registradas en el 2014, representan la cifra más alta de este delito en la historia de México; muy encima, todavía, de aquel periodo de represión política conocida como la “guerra sucia”. Al punto en que, en comparación con la cifra de “homicidios dolosos”, ambas formas de exterminio humanos básicamente terminaron por emparejarse: el año pasado por cada 2.6 personas que se mató hubo una persona desaparecida.
Este empate, podría hacerse mucho más nítido si se mide en porcentajes: si tomamos como punto de referencia el año 2011, el más violento de la historia contemporánea, con el 2014, el año donde estalló el escándalo por los 43 normalistas de Ayotzinapa, los homicidios descendieron un 32 pero las desapariciones aumentaron en 30.
¿Casualidad o estrategia criminal?
Durante el gobierno de Felipe Calderón, el aumento en las desapariciones, una cifra de la que se pudo tener certeza hasta hace muy poco, fue sistemáticamente denunciada por varias organizaciones de derechos humanos y comités de víctimas a lo largo de tortuosos años. La razón había sido muy simple: sin la tipificación de ese delito en el orden interno, ni tampoco la investigación para dar con el paradero de los desaparecidos, básicamente se desconocía su existencia o que haya sido presas de un “levantón”, como ahora se les llama.
La doble negación, de la que ahora sigue existiendo residuos, va dando tumbos y respiros, si consideramos la diferenciación entre un “desaparecido” y un “extraviado”. Pero hay una luz, al menos, estadísticamente, ante la magnitud del problema en que se encuentra hundido el país.
Según el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED), entre la combinación de investigaciones federales y las del llamado “fuero común”, en el año 2007 se produjo un total de 765 denuncias por desaparición. Al año siguiente, esta cantidad ascendió a 891. Pero durante los sucesivos años, la tendencia y práctica, instalada dentro de las prácticas criminales, se volvió más popular: en el año 2009, se produjeron 1 mil 435 denuncias por desaparición; en el 2010, 3 mil 170 más; en el 2011, 4 mil 242 y para el 2012, último año de la administración calderonista, 3 mil 451.
Consumada la transición, el regreso del PRI a los pinos, la cifra nuevamente volvió a crecer: para el 2013 se habían se abrieron 4 mil 423 carpetas de investigación y 2014 con 6 mil 018. Sumados estos dos últimos años, y añadiendo los 353 casos del 2015 que ya reportó EL RNPED, en el primer tercio de la administración peñanietista suma 10 mil 794 por desaparición.
Es decir, el 41.94 por ciento de los casos registrados en los últimos diez años.
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¿Cuál sería la conclusión que podríamos obtener de estas cifras que apenas hemos lanzado en un caudal de datos?
Sin duda, que la criminalidad no ha ido a la baja.
Que la estrategia de combate a la criminalidad, ha sido tratado a partir del presente gobierno como un asunto de «percepción ciudadana».
También, que durante los últimos dos años, mientras se ostentan logros en el decrecimiento de los secuestros, robos y asesinatos, en comparación con las desapariciones, hemos visto emerger un desplazamiento en las tácticas y estrategias de las prácticas delictivas.
Cuando antes la desaparición era un medio de la guerra, hoy es la estrategia.
