El Congreso del Estado determinó este miércoles por mayoría, suprimir la Unidad Programática Presupuestaria de la Auditoría Superior de Michoacán, con lo que puso punto final a la autonomía financiera que el órgano fiscalizador que tuvo durante tres años.
Con la suma de los votos de Morena, PT, PVEM y un integrante de la Representación Parlamentaria, el Pleno Legislativo aprobó además la propuesta del diputado Marco Polo Aguirre Chávez, para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación, fiscalizar a la Auditoría estatal en su ejercicio de 2022.
La discusión sobre la Auditoría Superior de Michoacán se dio en el marco de la aprobación –con 23 votos a favor- del presupuesto de egresos del Congreso para el 2023, por lo que los posicionamientos caminarían en dos sentidos, por un lado, en lo relacionado al órgano fiscalizador, y por el otro sobre la falta de información y transparencia de los recursos a ejercer por la Cámara el próximo año.
En el caso de la Auditoría, de fondo existe es una lucha entre el PRD y Morena por la titularidad del órgano fiscalizador, espacio que actualmente ocupa Miguel Ángel Aguirre Abellaneda quien se considera un alfil del exgobernador Silvano Aureoles.
Morena, busca la remoción del auditor en funciones con la mira de que arribe el actual auditor especial de Normatividad, Marco Antonio Bravo Pantoja quien, es un perfil cercano al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
En tanto que los jaloneos políticos persisten por dicho espacio, como institución se asestó un golpe a la Auditoría Superior de Michoacán, pues los diputados volverán a tener control sobre sus recursos materiales, humanos y financieros.
Ninguno de los oradores aludió al tema de fondo. Desde el PRD en defensa de Aguirre Abellaneda, se esgrimía la autonomía del órgano fiscalizador; desde Morena -que busca dicho espacio- argumentando errores del organismo, y en el desempeño de su titular.
En la disputa política, la institución quedaría afectada al ver suprimir su autonomía financiera, logro que llevó años concretar en Michoacán debido a que antaño la Auditoría era la agencia de colocación de los diputados.
Durante el debate Guillermina Ríos, presidenta de la Comisión Inspectora, cuestionó que no se haya respetado el trabajo realizado por ésta para la aprobación del presupuesto de la Auditoría Superior para el 2023 conforme a sus facultades, “al no otorgarle una Unidad Programática Presupuestaria propia al órgano fiscalizador, estaremos poniendo en aprietos el alcance y el cumplimiento de sus objetivos que son fundamentales para la fiscalización de los recursos públicos.
Marco Polo Aguirre Chávez de la Representación Parlamentaria aludió al proceso para la creación de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado que concretó la pasada legislatura local, cuando él presidía la Comisión Inspectora.
En ese tenor aludió a la Unidad de Control y Evaluación de la Auditoría que se generó como contrapeso para buscar un correcto funcionamiento del organismo, y el cual hasta el momento no ha logrado su debida operación por la falta de presupuesto y por la colocación de personal que no cumple con el perfil adecuado. Como ejemplo puso el caso de la jefa del Departamento de Investigación, María de los Ángeles García Ochoa que sólo tiene estudios de preparatoria, o bien el técnico del área, José Ignacio Guillén Tapia, que es licenciado en nutrición.
Víctor Manríquez, coordinador del PRD, acusó que “al igual que en el ámbito federal con el Instituto Nacional Eelectoral”, se está atentando en Michoacán contra la autonomía de un organismo como la Auditoría Superior.
El debate se prolongaría con diferentes oradores y mantendría un tenso ambiente entre los legisladores. Al final la determinación fue tomada por mayoría, y el presupuesto de la Auditoría pasará a formar parte de la bolsa general del Poder Legislativo.
Juan Carlos Barragán de Morena, fue más específico en torno al papel del auditor superior, al enlistar diversos señalamientos al respecto, entre ellos, el que este año, la Auditoria “permitió que prescribiera la posibilidad de sancionar a presuntos servidores públicos, en 3 mil expedientes por inactividad negligente”.
Agregó que en 2021, la Auditoria Superior de Michoacán informó que no efectuaría inspecciones fiscales a los municipios con situaciones de inseguridad, omitiendo fiscalizar las obras públicas y desacatando con ello el Plan Anual de Fiscalización aprobado por este Congreso.
“En noviembre de 2021, el Titular de la ASM autorizó dos pagos por 45.8 millones de pesos, a dos empresas propiedad de Víctor Manuel Álvarez Puga, quien con su esposa Inés Gómez Mont, se encuentran prófugos de la justicia, por ser acusados del delito de peculado, lavado de dinero y evasión fiscal, además que dicho personaje, fue señalado por la instalación en Michoacán, de un sistema de espionaje con el que el Ex Gobernador Silvano Aureoles, monitoreó a periodistas, políticos, activistas y civiles de todo el país”.
También aseguró que en marzo pasado el auditor superior, “confesó no haber cumplido con el otorgamiento de la fianza administrativa a la que se encuentra obligado, para que el Gobierno del Estado pueda recuperar los recursos públicos afectados por posibles actos de corrupción”.
