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Congreso se niega a cumplir mandato judicial e incurre en desacato

Congreso se niega a cumplir mandato judicial e incurre en desacato

El Congreso del Estado, por vía de la presidencia de la Mesa Directiva han determinado incurrir en desacato y no cumplir con un mandato judicial por el que se les ordena el pago de 17 millones de pesos a una particular, tras un juicio sumario civil que la Cámara perdió en tres instancias distintas.

El asunto lleva años de litigio, y podría escalar a futuras sanciones por los delitos en que habría incurrido la presidencia de la Mesa, al tomar la decisión de no dar cumplimiento al mandato del Poder Judicial.

Este caso inicia en 2015, cuando el Congreso contrató los servicios de Selene Sayonara González Carrillo para el timbrado de la nómina de los ejercicios fiscales 2015 y 2016, con un pago acordado por 23.5 millones de pesos, mismos que a más tardar debían ser cubiertos en diciembre de 2018, lo cual no ocurrió.

El Congreso optó por desconocer los servicios y el pago respectivo, por lo que la particular promovió un juicio para el pago, logrando en 2019 que el juzgado cuarto de lo civil del Estado ordenara al Congreso pagar 10.2 millones de pesos.

Sin embargo la particular optó por recurrir la determinación mediante una apelación, por lo que en enero de este año la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado incorporó 6.8 millones de pesos por el pago de gastos y costas.

Ante ello la particular y el Congreso se ampararon, pero no corrieron con éxito, por lo que la determinación judicial de pago por 17 millones de pesos a la particular –incluidos gastos y costas- quedó en firme, sin embargo la Cámara ha determinado negarse al cumplimiento de la sentencia.

Es así como el caso se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia, para llevar a cabo el embargo de bienes del Congreso del Estado, ya sean cuentas bancarias o bienes privados que se encuentren inscritos en el Registro Público de la Propiedad y Comercio en el Estado.

El pasado 29 de septiembre, el actuario del Juzgado Cuarto Civil del Estado, acudió al Congreso a realizar una diligencia del caso, pero le fue negado el acceso al inmueble por parte de los elementos de seguridad que lo custodian, bajo el argumento de que habían recibido órdenes de no dejarlo pasar.

Frente a esto el Juzgado Cuarto Civil del Estado cito a las partes a una audiencia de conciliación, en la que el abogado del Congreso habría manifestado que la instrucción de la Junta de Coordinación Política había sido acatar el fallo y pagar lo mandatado.

Pero el pago no llegó por determinación de la presidencia de la Mesa Directiva, al considerar que era mucho dinero pese a tratarse de un mandato judicial.

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