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Corte dice no a controversia promovida por Silvano en materia educativa

Corte dice no a controversia promovida por Silvano en materia educativa

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, negó razón al exgobernador Silvano Aureoles Conejo en la controversia constitucional que promovió en 2019 contra el Gobierno Federal impugnando la negativa de dar por terminado el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, así como los Convenios que se suscribieron en términos del mismo.

La decisión tomada por la Primera Sala de la Corte el pasado 19 de enero, establece que los estados no pueden ceder las obligaciones administrativas, operativas, presupuestarias y laborales que le corresponden en el ámbito educativo.

Cabe recordar que en 2019, Silvano Aureoles promovió la controversia constitucional 26/2019, argumentando cinco presuntas violaciones a derechos y principios por parte de la Federación: la garantía de igualdad de todos ante la Ley; el derecho de toda persona a recibir educación; el principio de legalidad y seguridad jurídica; el principio de estabilidad en las finanzas públicas; y la violación a la distribución competencial en materia de educación entre federación y entidades federativas.

El exmandatario controvirtió ante la Corte dos oficios en los que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, negó la solicitud de dar por terminado el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, así como los Convenios que se suscribieron en términos del mismo.

A tres años de promovida la controversia, finalmente la Corte resolvió el asunto a partir del proyecto de sentencia elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara.

Conforme a la resolución de la Corte el Estado de Michoacán “está constreñido a cumplir con las obligaciones derivadas del marco del sistema normativo concurrente que regula la competencia y atribuciones en materia educativa entre la Federación y las entidades federativas, así como de aquellas que adquirió y se comprometió a asumir al suscribir el Acuerdo y los Convenios que celebró con el Gobierno Federal. Al respecto, se precisó que, en caso de discrepancia respecto de su cumplimiento, ésta deberá resolverse de común acuerdo conforme a lo estipulado en uno de los convenios”.

Asimismo consideró que dada la concurrencia que se establece en la Constitución Federal, la cual se encuentra encaminada a coordinar el sistema educativo nacional a través del régimen de distribución de competencias y atribuciones en esta materia, Michoacán no puede pretender transferir a la Federación los servicios educativos en los que concurre con ésta y mucho menos los que le competen de forma exclusiva en términos de lo previsto en el artículo 13 de la Ley General de Educación, consistentes en la prestación de los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, así como la normal.

Es así como los ministros reconocieron la validez de los oficios impugnados “pues no transgreden el régimen de competencias y atribuciones en materia educativa pues la Federación, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, en ningún momento dejó de observar las obligaciones que le corresponden en este ámbito, sino que actuó con apego a lo previsto en el sistema normativo que regula la distribución de la función social educativa”.

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