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Criminalización indígena, política del gobierno silvanista: Consejo Supremo

Morelia, Michoacán.-Como un crimen de Estado, fue calificado por el Consejo Supremo Indígena lo ocurrido el miércoles en Arantepacua, municipio de Nahuatzen en donde tres comuneros fueron asesinados por elementos de seguridad luego de una incursión de las autoridades bajo el argumento de recuperar unidades vehiculares retenidas en el lugar.

El Consejo Supremo daría a conocer la tarde de este jueves un manifiesto dirigido a las comunidades purépechas, “son ejecuciones extrajudiciales planeadas, supervisadas y ejecutadas por el Estado mexicano, en particular por el Gobierno del Estado de Michoacán.

“Aunado a ello, las fuerzas federales y estatales desde el día cuatro de abril, han detenido a más de 40 comuneros de Arantepacua de una manera engañosa y arbitraria, consecutivamente han allanado y saqueado casas en la comunidad sin ninguna orden judicial, golpeando a mujeres, ancianos y niños sin contemplación alguna. Para cubrir su crimen, han montado un escenario mediático en el que criminalizan a toda una comunidad e intentan dividir y hacer pelear a los pueblos originarios”.

El Consejo agrupa a más de 30 comunidades, y el manifiesto es signado por Caltzontzin, San Felipe de los Herreros, Cocucho, Zirahuén, Pichátaro, Apo del Rosario, Santa Fe de la Laguna, Huecorio, San Ángel Zurumucapio, Zopoco, Carapan, Pamatácuaro, Sicuicho, Cuanajo, Sevina, Urapicho, Corupo, Jicalán, Rancho Seco, Tomendán y Tahuejo.

“Esta no es la primera represión de la actual administración silvanista en contra de los pueblos indígenas de Michoacán, el 20 de noviembre del 2015 detuvieron a un comunero de Santa Fe de la Laguna acusado falsamente de causar destrozos a un partido político, posteriormente el 17 de marzo del 2016 encarcelaron arbitrariamente a 12 comuneros de Capácuaro por manifestarse mediante una toma de carretera en su comunidad, a continuación el 24 de febrero del 2017 arrestaron arbitrariamente a 13 comuneros de Caltzontzin por defender su tierra comunal, en pocas palabras la represión y criminalización de los pueblos originarios de Michoacán es una política de Estado perfectamente planeada que va en aumento”.

Los integrantes del Consejo exigen el alto “a la represión y criminalización de las comunidades originarias, la libertad de los presos políticos de Caltzontzin y Arantepacua, justicia, verdad histórica y reparación integrar del daño por los comuneros asesinados en Arantepacua.

“Finalmente, emplazamos al Gobierno del Estado de Michoacán para la resolución de estas demandas, de lo contrario, iniciaremos acciones para no permitir la instalación de casillas electorales en el próximo periodo electoral y expulsaremos a todos los partidos políticos de nuestras comunidades”.

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