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Cronología de un gobierno fallido #Video

Cronología de un gobierno fallido #Video


Rodrigo Caballero/ @RodCaballero

Morelia, Michoacán. Hace tres años y medio Fausto Vallejo inició con uno de los periodos de gobierno más accidentados de Michoacán, el 15 de febrero de 2012 comenzó con un mandato que ni siquiera terminaría.

Se trató de un gobierno que le falló a los michoacanos y dejó atrás problemas a los que ellos nunca se habían enfrentado.

La deuda más grande de Michoacán

Fueron Fausto Vallejo y Jesús Reyna quienes llevaron el tope de la deuda al límite cuando entre marzo y junio de 2013 pidieron prestados casi 4 mil 200 millones de pesos. Monto del que no hay un claro registro de su uso.

Es una cantidad de dinero que nunca antes se había solicitado y cuyo destino no está 100 por ciento comprobado; en una de las operaciones de pedir prestado para pagar los préstamos más opacas de la Deuda Pública de la entidad.

Pero si de opacidad se trata, es Salvador Jara Guerrero, cuya administración pidió a Banobras otros 2 mil 767 millones de pesos, quien se lleva la delantera puesto que 544 millones de pesos -de dicho préstamo- no aparecen.

El crédito pedido por Salvador Jara se dio mediante el llamado Decreto 22 cuya aprobación estuvo plagada de inconsistencias y acusaciones de fraude.

Fue el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Elías Ibarra Torres, quien acusó al Gobierno del Estado de desviar esos 544 millones de pesos.

Además, partidos opositores acusaron a varios diputados de la LXXII Legislatura por aceptar “moches” a cambio de pasar el Decreto 22.

Por su parte, el coordinador de Morena en Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla acusó directamente al ex-presidente de la Mesa Directiva del Congreso, el ex-panista Alfonso Martínez Alcázar, de participar en los “moches”.

Pero no solamente partidos opositores lo acusaron, el presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel Chávez Zavala y sus propios compañeros blanquiazules implicaron a Alfonso Martínez en los “moches” para la aprobación del Decreto 22.

Tras algunos días de implicaciones, el 17 de noviembre de 2014, Alfonso renunció públicamente al PAN y en 2015 compitió por la alcaldía de Morelia como candidato independiente y ganó.

Tras la reestructuración de la deuda promovida por el Decreto 22 que terminó por inflarla, la deuda pública –bancaria y no bancaria- alcanzó los 27 mil millones de pesos según la Secretaría de Finanzas de la entidad.

Sin embargo, también debe 3 mil 897 millones de pesos que le otorgó el Gobierno Federal tras la intervención -en 2014- de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán presidida por el ex-comisionado Alfredo Castillo Cervantes.

Esos recursos fueron entregados al Gobierno del Estado pero oficialmente no se gastaron en nada por lo que los tienen que devolver. Tras la salida de Alfredo Castillo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigó el caso y declaró el dinero como “no comprobado”; lo que significa que no se usó o se desvió pero no aparece.

‘El Gerber’ y ‘La Tuta’

Rodrigo Vallejo Mora alias ‘El Gerber’ fue detenido y consignado siete meses antes que Servando Gómez Martínez alias ‘La Tuta’ cayera preso. Rodrigo cayó preso un mes después que su padre, Fausto Vallejo, renunciara al gobierno y lo dejara en manos del comisionado Alfredo Castillo Cervantes.

El crimen que cometió ‘El Gerber’ fue encubrimiento, nunca se le consignó por asociación delictiva o narcotráfico como en su momento pidieron los partidos de oposición, como el PRD por ejemplo.

Sin embargo, las pruebas contra Vallejo Mora no fueron suficientes para mantenerlo en la cárcel y tras pagar 7 mil pesos de fianza salió libre. Ahora enfrentará su proceso en libertad.

En comparación, ‘El Gerber’ pagó de fianza mil 853 pesos menos que la que tuvieron que pagar los alumnos de la Escuela Normal de Tiripetío para salir libres. Esto incluso tras demostrarse su vínculos con ‘La Tuta’, a quien la PGR consideró “el criminal más peligroso de México” al momento de su captura.

La violencia y la inseguridad heredada

Michoacán continúa siendo uno de los Estados más violentos a nivel nacional, según estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) durante los primeros cinco meses de 2015 se han registrado 261 homicidios dolosos. Esto, a pesar de que los asesinatos se han reducido en comparación al 2014.

En lo que va del año se han reportado tres supuestos enfrentamientos de gran magnitud en el Bajío, la Costa y la Tierra Caliente de Michoacán.

Los combates fueron encabezados por fuerzas del orden público –tanto federales como estatales- así como autodefensas y miembros de los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Tan sólo en estos tres eventos murieron 75 personas entre ellas cinco elementos policiacos.

El último discurso de la administración liderada por Salvador Jara Guerrero, es que el estado se encuentra en el lugar 19 en índices delictivos, por debajo de la media nacional, donde el secuestro y la extorsión se redujeron en un 93 y 83 por ciento, en comparación a meses anteriores.

Sin embargo, durante los primeros ocho meses del 2015, se han denunciado 10 mil 383 robos, de los cuales 2 mil 365 fueron con violencia; mil 49 delitos fueron cometidos a negocios, aunque el registro más alta lo ocupa el robo de vehículos con 3 mil 914 unidades hurtadas, es decir 16 diariamente.

En torno a los asesinatos dolosos, se tiene un reporte de 481 en sólo 8 meses, de los cuales 205 fueron con arma de fuego y 50 con arma blanca, mientras que los demás se desconocen la forma en que fueron realizados.

Si bien, uno de los cárteles que más daño hizo a la entidad el Cártel de los Caballeros Templarios se encuentra prácticamente desarticulado, nuevos grupos delictivos han surgido, razón por lo que los robos y asaltos van en incremento en la entidad, principalmente en Lázaro Cárdenas, Apatzingán y Morelia.

De la indolencia al abuso de poder

El gobierno del Estado de Michoacán ha brillado por su ausencia en cuanto a procuración de justicia se refiere; las quejas y recomendaciones de organismos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) le llueven en cascada y se ha hecho muy poco para remediarlo.

En entrevista para Michoacán TresPuntoCero, el titular de la CEDH se dijo muy preocupado por la cantidad de quejas y recomendaciones que se han emitido, sobre todo en materia de procuración de justicia. “nos preocupa mucho porque a medio año de 2015 llevamos prácticamente el mismo número [de quejas] que en todo el 2014 en cuestiones de seguridad” declaró.

A lo largo del 2014, la comisión recibió un total de 576 quejas relacionadas con organismos encargados de seguridad y procuración de justicia; mientras que en los primeros seis meses del 2015 se han registrado 409 quejas similares.

Las principales violaciones de los Derechos Humanos en los que incurren los elementos de seguridad, según las quejas recabadas en la CEDH, tiene que ver con detenciones ilegales, abuso de autoridad, prestación ineficiente del servicio público y empleo arbitrario de la fuerza.

Estas violaciones son cometidas diariamente por organismos supuestamente dedicados a brindar protección a la ciudadanía como la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Algunos de los departamentos con mayor número de quejas son la Subprocuraduría de Prevención y Reinserción Social, así como las llamadas “policías acreditables” creadas por el ex–comisionado Alfredo Castillo Cervantes con la finalidad de “otorgar justicia a las y los michoacanos”.

Las fuerzas de Castillo -Fuerza Rural y Fuerza Ciudadana- han acumulado 771 quejas desde que fueron creadas entre mayo y agosto de 2014.

Sin embargo, las quejas muy pocas veces se ven reflejadas en recomendaciones de la Comisión Estatal y esto se debe a que muchas personas desisten ante amenazas recibidas justo tras presentar sus denuncias. Otras víctimas no levantan quejas y existen casos de ciudadanos que ni siquiera saben que sus Derechos Humanos fueron vulnerados.

Así pues, las tres administraciones que se instalaron en Michoacán entre febrero de 2012 y septiembre de 2015 trajeron consigo una carga de crisis social, económica y de inseguridad que no se había visto ni en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

A pesar de ello, ningún funcionario enfrenta un proceso penal en su contra y las auditorías realizadas a las administraciones nunca buscaron que se abrieran investigaciones en contra de quienes mandaron en Michoacán durante el Gobierno Fallido.

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