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Michoacán: la tortura despenalizada

Rodrigo Caballero / @RodCaballero

Morelia, Michoacán.-Con engaños, los policías ministeriales se lo llevaron a él y a 19 miembros de las autodefensas. Les dijeron que iban a testificar y en cuanto rindieran su declaración los dejaban irse, por eso entró voluntariamente a su propio martirio.

En las oficinas de la procuraduría los separaron, a Enrique lo sacaron con una bolsa en la cabeza y lo llevaron a pasear en una camioneta que él recordaba sin ventanas. Los ministeriales le gritaban que confesara y no le iba a pasar nada.

-¡Ellos ya confesaron cabrón! ¡Ya te chingaste, mejor ya dinos que lo planeaste tú!- le gritaban los policías antes de llevarlo al interrogatorio.

-No- dijo una y otra vez.

Nueve días antes habían asesinado al presidente municipal de Tanhuato, Gustavo Garibay, y Enrique Hernández Salcedo, líder de las autodefensas en Yurécuaro –municipio vecino- era el principal sospechoso de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Tras el “paseo”, los ministeriales lo mantuvieron en unas oficinas donde lo golpearon, le aventaban agua en las fosas nasales y le pegaban con las palmas abiertas en los oídos para tronarle los tímpanos.

Perdió el conocimiento dos veces, dijo que no recordaba haber confesado lo que sí recuerda es la cara de Adolfo Eloy Peralta Mora alias “El Yankee”, subsecretario de Seguridad Pública, quien estuvo presente durante el interrogatorio.

La tortura derogada

Según cifras de la PGJE, entre 2014 y 2015 hubo 54 casos denunciados de tortura en el estado de Michoacán, 2 en Apatzingán, 3 en Uruapan, 1 en Zamora y 48 en Morelia.

La tortura está clasificada en el Código Penal del Estado de Michoacán como un delito en que “cualquier servidor público del Estado o del Municipio inflija intencionalmente a una persona, dolores o sufrimientos o la coaccione física, mental o moralmente, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión”.

Este delito es uno de los menos denunciados, a decir de Lorenzo Corro Díaz, director de Orientación, Quejas y Seguimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), ya que las autoridades que reciben las denuncias son las mismas que cometen el crimen.

La propia procuraduría no señala cuántas de esas denuncias presentadas ante el ministerio público fueron dirigidas hacia ella misma pues alega “son casos abiertos”.

Se trata de 54 averiguaciones previas que tiene que investigar la PGJE, en algunos casos de manera interna puesto que son sus propios empleados los sospechosos de torturar a otros sospechosos.

Sin embargo, al revisar el documento, la lista de casos de tortura en Michoacán está marcada con la palabra DEROGADA en letras negras.

A decir del departamento de Comunicación Social, la implementación del Nuevo Sistema de Justicia promueve que la tortura sea catalogada como Delito Federal por lo que muchos casos serán enviados a la Procuraduría General de la República de manera paulatina.

Así que la autoridad local dejará inconclusos muchos de los casos mientras la PGR retoma las denuncias de los pocos que se han atrevido a confrontar a las autoridades policiacas.

Enrique “llamarada”

La historia de su tortura Enrique Hernández la contaba con una mezcla de orgullo y coraje, decía que le enseñó que no se debe confiar en las autoridades y que era tiempo de hacer un cambio.

La procuraduría no tardó en negar los señalamientos del líder autodefensa y en desmentir los exámenes médicos que hizo la CEDH donde certificó el maltrato físico.

Apenas los expertos de Derechos Humanos revelaron las huellas de tortura, médicos de la procuraduría entraron al Centro de Readaptación Social de la ciudad de Morelia para revisar a Enrique Hernández.

“No detectó lesiones externas de reciente producción” comunicó la PGJE el siete de abril de 2014,  una semana después de la detención ilegal del autodefensa.

“La Procuraduría tiene todo el derecho a expresar lo que considere. Nosotros tenemos a un médico que lo revisó y tenemos la capacidad de llegar a nuestras propias conclusiones. Creo que no puede haber una versión oficial a algo tan grave como la tortura” expresó en su momento Lorenzo Corro.

Pero su arresto no fue impedimento ni físico ni legal para que Enrique Hernández se postulara como candidato a la alcaldía de Yurécuaro en el Proceso Electoral 2014-2015. Asido como era a las redes sociales, usó Facebook para anunciar su candidatura por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El día que lo iban a matar se presentó en un acto proselitista y volvió a denunciar a las “autoridades corruptas”; alzó la voz y recordó su arresto, la tortua y el proceso penal que todavía enfrentaba aún en campaña política.

Iba por la calle hacia la camioneta que usaba en la campaña y otra se le emparejó, un comando le disparó acertándole en la cabeza con el primer tiro, los demás fueron lo de menos. Enrique Hernández a quien le decían ‘llamarada’ murió el 14 de mayo en una emboscada.

Desde que se levantó con las autodefensas hasta su candidatura el gobierno no estaba conforme con él, dijo su esposa, Guadalupe Hernández, en una entrevista radiofónica. “Le decía que nos fuéramos y él nunca quiso, dijo que nunca iba a dejar sola a su gente, porque la gente del pueblo, la gente humilde lo necesitaba para defenderlos” contó.

El 7 de junio de 2015, Enrique ganó las elecciones, para el momento en que le dispararon su nombre ya había sido impreso en las boletas.

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