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Demandarán autoridades indígenas a Congreso por omisión legislativa

Autoridades indígenas estudian la posibilidad de demandar al Congreso del Estado por la omisión de legislar y dar certeza legal a la actuación de los gobiernos comunales.

Este jueves autoridades de Arantepacua, San Felipe, Santa Fe, y Pichátaro, acudieron al Congreso del Estado en búsqueda de un encuentro con diputados, a fin de insistir en la necesidad de que se legisle en materia indígena.

La comitiva era nutrida pero sólo se les permitió pasar a Palacio Legislativo a unos cuantos para dejar en oficialía de partes un escrito. Ahí dentro se encontraron con la diputada Cristina Portillo Ayala quien iba llegando al recinto y puso a una de sus asesoras en contacto con ellos para revisar su planteamiento.

Orlando Aragón Andrade, integrante del Colectivo Emancipaciones que ha dado acompañamiento legal a las comunidades, en entrevista recordó que han sido diferentes momentos en los que las autoridades indígenas han buscado establecer comunicación y trabajar con los diputados para que se genere el marco normativo que dé certeza a los gobiernos comunales.

La situación es compleja para las autoridades indígenas, ya que pese a existir resoluciones tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconociendo su carácter como autoridad, en Michoacán desde el Poder Legislativo existen reticencias y falta de interés por darles certeza legal a través de reformas a la Ley.

La falta de un marco normativo genera a las comunidades complicaciones de tipo administrativo en el ejercicio del recurso público, ya que la ley ni siquiera contempla el proceso de fiscalización o rendición de cuentas que deben seguir, o los mecanismos para la dispersión y el manejo presupuestal.

Un intento más de acercamiento con los diputados fue la intención de las autoridades indígenas este jueves, pues ya en anteriores ocasiones incluso se han reunido con diputados en comisiones sin que hasta el momento exista iniciativa alguna para una reforma de Ley.

En caso de no concretar respuesta del Legislativo, las autoridades indígenas estudian las vías legales a seguir para contrarrestar la omisión, por lo que una posibilidad será demandar a los diputados vía controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y vía amparo.

En el escrito turnado al Congreso este jueves apuntan que con el ejercicio de su derecho al autogobierno indígena en el ámbito submunicipal, han venido advirtiendo sobre la necesidad de una armonización legislativa que permita el funcionamiento adecuado de su derecho colectivo en el marco del estado de derecho y que dé certeza legal a todos los órdenes de gobierno involucrados.

“Desafortunadamente en la anterior legislatura los oídos fueron sordos y más aún los diputados que debieron, como lo mandata nuestra Carta Magna, proteger y promover nuestros derechos humanos se dedicaron a negarlos y a buscar entorpecerlos no sólo con omisiones en su trabajo que consiste, antes que nada, en legislar; sino con declaraciones y acciones políticas contratas a las comunidades.

“Parte de las calumnias y difamaciones que algunos de estos actores realizaron, y que desafortunadamente todavía hoy algunos repiten por ignorancia o mala fe, es que en el ejercicio de nuestro derecho queremos pasar por alto los mecanismos de fiscalización y transparencia que exige el manejo de los recursos públicos. Nada más falso que esta afirmación.

“Nosotros hemos sido los actores que con más insistencia hemos estado propugnando por el diseño de mecanismos que lleven a una puntual y rigurosa rendición de cuentas, pero que se adecue a nuestras necesidades y circunstancias, tal como lo establece la Carta Magna”.

Sobre las iniciativas relativas al marco jurídico de las tenencias y de los concejos comunales en la Ley Orgánica Municipal, recuerdan que hasta el momento no han sido dictaminadas, “a pesar de la imperiosa necesidad de legislar sobre la materia para garantizar efectivamente nuestro derecho y generar certeza legal. Actitud que nos parece reprobable e irresponsable ante la conflictividad que se está generando en distintos municipios del Estado”.

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