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Derechos de embriones, aprobados en una Ley inexistente en Michoacán

Derechos de embriones, aprobados en una Ley inexistente en Michoacán

Los integrantes de la LXXV Legislatura validaron derechos sociales a embriones en una Ley inexistente, ya que en el decreto aprobado el pasado 23 de junio de 2022, los diputados consignaron de manera equivocada el nombre de la Ley de Desarrollo Social del Estado.

Lo anterior se desprende en las observaciones turnadas por el Ejecutivo del Estado al Congreso sobre la referida reforma, en donde, desde el primer párrafo se evidencia el desaseo del proceso legislativo al respecto.

El documento fue entregado por la tarde de ayer a la presidencia de la Mesa Directiva, y como primera observación el Ejecutivo subraya que la Ley objeto del Decreto Legislativo Número 170, es inexistente, ya que de conformidad con la publicación realizada con fecha 11 de abril de 2013, en el Periódico Oficial del Estado, la denominación correcta de dicho instrumento normativo es “Ley de Desarrollo Social del Estado de Michoacán”, y no “para el Estado de Michoacán”, como aprobaron los diputados.

Asimismo el Ejecutivo apunta que las Comisiones que estuvieron encargadas de elaborar el Dictamen (Desarrollo Social y Fortalecimiento Municipal), “no son competentes, para dictaminar sobre la creación de nuevos derechos que no se encuentren consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Abunda que la regulación sobre el derecho a la vida que hizo el Congreso del Estado en la referida Ley, “va en contra de la naturaleza de aquel derecho y de la propia ley social, afectando el principio de legalidad en razón de incorporar a una ley cuyo objeto son los derechos sociales, y no así, los derechos individuales”.

La reforma a la Ley de Desarrollo Social –agrega- “se refiere al derecho a la vida, e indirectamente al derecho de las mujeres a su libre desarrollo, así como al aborto, entre otros. Todos ellos son parte de los llamados derechos individuales que tienen como sujeto de los mismos a la persona (mujer en este caso) en su perspectiva individual y que, por tanto, pueden ejercerlos desde la visión de cada una de las personas.

“Por otro lado, están los derechos sociales, mismos que se enfocan a grupos vulnerados de la sociedad a quienes se les busca reconocer sus cualidades, necesidades y características en conjunto, para con ello, garantizar sus derechos de forma colectiva y no en lo individual. Esto es, los derechos sociales se enfocan a colectividades propias de la sociedad y a grupos que ejercen de forma conjunta una identidad que les permite contar con derechos como grupos sociales”.

De esta manera apunta que regular un derecho individual como el de la vida en una ley de carácter social, desvirtúa a la ley y al derecho y desnaturaliza el ejercicio del derecho y la aplicación de la ley.

Es así como el Ejecutivo subraya que la Ley de Desarrollo Social se enfoca en garantizar a la sociedad con mayor grado de vulneración en lo colectivo condiciones de beneficio social, para lo cual se reconocen derechos sociales, programas sociales, así como mecanismos de supervisión y de valuación social.

“por lo que incorporar derechos individuales como la vida, libre desarrollo de la personalidad, derechos de las mujeres, entre otros, en la ley social, no permiten que su implementación, ejecución y garantía de la ley y de los derechos, sea conforme su naturaleza, hecho que sin duda afecta el marco de los derechos humanos y rompe con la armonía legislativa que cada ley debe de tener a partir de su contenido y de la materia que se regula por parte del legislador, ello con el objetivo de lograr una racional de la ley y que su ejecución por parte de las autoridades ejecutivas sea congruente y lógica, con un sentido social”.

Se advierte –de acuerdo con el Ejecutivo- que se pretende definir el momento en el que inicia la vida y dotar de derechos al producto del embarazo, atribuyéndole con ello el carácter de persona, vulnerando de esta manera la Constitución de México, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”.

“El Congreso Local no puede crear ningún derecho humano que no esté garantizado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o bien en alguna otra norma, sea de fuente internacional o local, y esto responde a que el legislador local no puede proteger la vida desde la concepción ya que no solo intenta modificar el contenido esencial del derecho a la vida sin tener la competencia legal para ello, sino que limita el derecho humano de las mujeres sobre su cuerpo y el derecho al aborto”.

Por lo que respecta a la determinación de priorizar a las “mujeres embarazadas” sobre el resto de la población de las mujeres, apunta que además de anular a las personas gestantes que tomen esa decisión, genera una vulneración en los derechos humanos, contraviniendo a la Constitución Federal, además de que limita o restringe el ejercicio de otros derechos humanos reconocidos en los ordenamientos jurídicos que México tiene, como los derechos a la salud, a la integridad personal, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la alimentación digna entre otros.

“En resumen, se advierten las violaciones a los derechos humanos y a la nula competencia que tiene el Congreso Local para modificar los preceptos de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, además de que dicha actuación propicia una vulneración a otros derechos humanos de fuente internacional, constitucional y convencional”.

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