Sarai Díaz / @Sarai3_0
Morelia, Michoacán.-Hasta el momento son poco más de 450 elementos que han sido despedidos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), informaron miembros de ambas dependencias, como parte de la depuración implementada por el gobierno federal.
Cabe destacar que hasta el momento ninguna autoridad oficial ha dado a conocer el número exacto de despedidos ni cuantos más serán dados de baja, pues se dio a conocer que las acciones continuarían.
El 24 de abril fueron separados de su cargo y del servicio definitivo 97 policías estatales, al respecto el comisionado nacional para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo dijo que la finalidad era brindar seguridad a la sociedad michoacana y garantizar la confianza en sus instituciones.
También se dio a conocer que del jueves 24 de abril al sábado 26, fueron despedidos 255 custodios del Centro de Readapatación Social (Cereso) David Franco Rodríguez, mejor conocido como ‘Mil Cumbres’, además de cuatro paramédicos de Protección Civil (PC).
El 30 de abril se unieron a las bajas más de 100 policías ministeriales que laboraban en la PGJE, donde estuvieron presentes elementos del Ejército Mexicano para certificar la entrega del armamento y las placas de los despedidos.
En este contexto, Alfredo Castillo Cervantes y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunciaron que los despidos fueron porque los elementos no aprobaron los exámenes de control y confianza, agregaron que la depuración en la PGJE y la SSP no tendrían marcha atrás.
Liquidación
Tras el despido de los 97 policías estatales, el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa reconoció que su administración no tenía el recurso necesario para liquidar a los uniformados.
Sin embargo, después se dio a conocer que los policías despedidos se les daría como parte de la indemnización tres meses de salario, es decir, a los policías estatales se les daría doce mil pesos y a los ministeriales, 30 mil.
Cabe destacar que la mayoría son elementos que han estado al servicio de la seguridad del estado desde hace 10 y 20 años, muchos de ellos son de la tercera edad, señalaron que el pago por indemnización es bajo en comparación del tiempo que prestaron su servicio en ambas dependencias.
