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Desplazados, realidad que Estado Mexicano se ha negado a ver

En México el desplazamiento interno forzado es una realidad que el Estado Mexicano se ha negado a ver, tanto que apenas el 2019 el Gobierno Federal reconoció su existencia, no así en estados y municipios en donde persiste la lógica del silencio, de la omisión.

 

“Ellos dicen, nosotros teníamos nuestras tierras, teníamos qué comer, no le pedíamos nada a nadie, nosotros luchábamos por salir adelante, pero ahora no tenemos nada y estamos pasando esta situación, y nos dicen, sólo tú vienes a ayudarnos”, apunta María Dolores Hernández Bonifaz de la Organización de Desplazados Internos “Misión 21 Gramos A.C.” que en el estado de Chiapas ha asumido el apoyo a desplazados, muchos de ellos tuvieron que abandonar su comunidades por razones de credo.

En México se carece de un diagnóstico o estadística oficial sobre el desplazamiento interno forzado, tampoco existe norma específica que obligue la instrumentación de acciones y la generación de política pública para atender este problema.

Por ello este martes en rueda de prensa virtual, con la presencia de organizaciones de diferentes estados de la República, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria y los legisladores federales Lucia Riojas y Carlos Morales, dieron a conocer los pormenores de la iniciativa de Ley Nacional de Desplazamiento Forzoso, así como de reformas a la Constitución federal y a la Ley Minera que presentaran esta semana en el Congreso Federal.

 

“Yo quiero preguntar, si este genocidio social –porque para mí no es un fenómeno sino un genocidio- ya tiene mucho tiempo en México, ¿por qué ha faltado capacidad o conocimiento para visualizarlo y buscar frenarlo?”, cuestiona a los legisladores Magdalena Ponce Ríos, ella junto con 60 integrantes de su familia fueron víctimas en 2013 de desplazamiento forzado en Chihuahua luego de sufrir amenazas, hostigamiento, robo y el asesinato de cuatro familiares.

 

Álvarez Icaza le responde: “pienso que es parte de una estructura de impunidad y corrupción que llevamos más de 15 años documentando; es el fenómeno de violencia que ha construido redes de macrociminalidad basadas incluso en estructuras de gobierno a nivel local, estatal y federal lo que no ha permitido que el problema pueda tomar la dimensión necesaria para su atención”.

 

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en su informe 2018 sobre desplazamientos reporta que ese año se registraron al menos 25 episodios de desplazamiento interno forzado en México que afectaron a 11 mil 491 personas de las cuales mil 473 eran niñas y niños. Las cifras del informe reportan que en Guerrero fueron afectados cinco mil 56 desplazados, en Chiapas cinco mil 35, Sinaloa 836, Oaxaca 300, y Michoacán con 240. Los datos son sólo aproximaciones hechas a partir de notas periodísticas y reportes de organizaciones, ya que oficialmente no hay institución que lleve registro de estos casos en nuestro país.

La iniciativa de Ley, explica Álvarez Icaza, pretende que el Estado Mexicano pueda rediseñar un modelo para construir mecanismos con los que se diagnostique de manera formal e integral el desplazamiento interno forzado, con un enfoque de derechos humanos. La intención es construir una herramienta legal que permita la cuantificación oficial de las personas en situación de desplazamiento forzado y dimensionar el problema.

José Antonio Guevara, director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos que acompañó la elaboración de la iniciativa, la desmenuza:

 

“se trata de una propuesta que se basa en los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, derecho humanitario y derechos de los refugiados. La definición que hace del desplazamiento interno forzado es la que se reconoce por los principios rectores de Naciones Unidas en la materia, así como las causas del desplazamiento interno forzado”.

 

Conflicto armado, violencia generalizada, violaciones a derechos humanos, y catástrofes naturales son las causas del desplazamiento forzado incorporadas en la iniciativa a partir de los principios internacionales, pero además se suma otra, los proyectos de desarrollo a gran escala.

“Es lamentable la vida que llevan las familias desplazadas, nosotros como defensores de derechos humanos de alguna manera sabemos qué consecuencias podemos tener, pero ellos no, en Guerrero por ejemplo sabemos que el desplazamiento más fuerte se da en las zonas mineras donde urge ejecutar las concesiones que ha otorgado el gobierno”, apunta Manuel Olivares, del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Guerrero quien también es víctima de desplazamiento por el activismo que realiza y está bajo la atención del Mecanismo para la Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno federal.

Su compañera de organización, Teodomira Rosales Sierra recuerda que el desarrollo de complejos turísticos también es factor de desplazamiento forzado en Guerrero. “Vemos que la mayoría de los desplazados son mujeres, niños y niñas, el problema es que no se puede presentar denuncia como tal porque no hay una Ley que tipifique el desplazamiento forzado como delito.

 

“Son familias vulnerables, han sido desplazados de sus tierras, de sus casas, de sus bienes; cuando llegan a otras comunidades lo hacen a donde puedan, han sido desalojadas de clínicas y hasta de iglesias, ni siquiera se les permite entrar para pedirle a Dios que los ayude”.

 

La crisis sanitaria por el Covid-19 es un factor más que dificulta la situación de los desplazados en México, María Dolores Hernández Bonifaz cuenta cómo las familias carecen de ayuda humanitaria y de atención médica por parte de las autoridades en Chiapas, incluso los apoyos públicos como despensas les son negados al no poder comprobar residencia en los municipios en que se encuentran. Quienes tras ser desplazados se emplearon como vendedores ambulantes, trabajadoras del hogar o en la construcción, han perdido su fuente de ingresos debido a la pandemia.

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