Irregularidades en tres contratos celebrados por un total de 83 millones de pesos, fueron detectadas por la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) en la Secretaría de Seguridad Pública en las auditorías aplicadas a la Cuenta Pública Estatal del ejercicio fiscal 2017.
El órgano de fiscalización del Congreso entregó en febrero el informe de la revisión de la Cuenta Pública Estatal correspondiente al segundo año de gobierno de Silvano Aureoles Conejo.
En el caso de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) la Auditoría detectó irregularidades en contratos celebrados con las empresas Tácticos de México en Equipos y Sistemas, Lumo Financiera del Centro.
Conforme al contrato número 135-17-12EXTRAORD-2SA-CADPE-1, firmado el cuatro de agosto de 2017 con la empresa Tácticos de México en Equipos y Sistemas S.A. de C.V., el monto convenido fue por 15 millones 633 mil 784 pesos, para la compra de prendas de protección para seguridad pública.
Dicho contrato no fue producto de un proceso de licitación, sino que se determinó adjudicar de manera directa, sin que la autoridad haya logrado justificar el porqué de dicha decisión.
Sin ahondar en la ruta que siguió el recurso erogado, si los precios correspondían al valor del mercado, y si las prendas adquiridas arribaron o no a la entidad, la Auditoría enlista en su informe violaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles, a su reglamento, por lo que inició procesos de investigación y la elaboración de las observaciones CP2017/ASM-E-007/UPP-16/AL/PO-01, y CP2017/ASM-E-007/UPP-16/AL/PO-02.
Otra irregularidad también parte de la falta de licitación y la determinación de la autoridad estatal –bajo criterios ajenos a la norma- para escoger la empresa con la que le apetecía negociar.
Se trata del contrato número 241-17-22EXTRAORD-8SA-CADPE-1, que se firmó a unos días de que concluyera el año, el 15 de diciembre de 2017, con la empresa Lumo Financiera del Centro S.A. de C.V. SFOM E.N.R.
Dicha empresa es una sociedad financiera, es decir, enfocada a la contratación de empréstitos o deuda según se consigna en su sitio web, pese a ello en el contrato se argumenta que la contratación fue para el arrendamiento de cuatro camiones tipo granadero, esto pese a que Lumo no da este tipo de servicios.
Más allá del informe de la Auditoría, llama la atención el modo y la contratación misma de esta empresa financiera nueve meses antes que, el Congreso del Estado autorizara en 2018 al Gobierno silvansta deuda por 1.7 mil millones de pesos para que a través de la figura de la Asociación Público Privada (APP) para servicios de comunicación para la interoperación de la infraestructura tecnológica en materia de seguridad.
El tercer contrato motivo de señalamiento por parte de la Auditoría Superior es el 242-17-22EXTRAORD-9SA-CADPE-1, también con Lumo y al igual que el anterior fue firmado el 15 de diciembre de 2017.
Una vez más se argumenta que fue para el arrendamiento, ahora de siete vehículos blindados nivel V, por un periodo de 36 meses bajo la modalidad de adjudicación directa, sin soportar plenamente las excepciones contempladas en la norma. Todo ello pese a que el giro de Lumo es el de asesoría financiera. Ahí los recursos destinados ascendieron a 41 millones 840 mil 160 pesos.
