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Deudas e inseguridad, los retos de los nuevos alcaldes de Michoacán

Deudas e inseguridad, los retos de los nuevos alcaldes de Michoacán

Redacción / @Michoacan3_0

Morelia, Michoacán.-Obras inconclusas, la regulación de corporaciones policiacas, deudas e inseguridad, son los principales problemas que enfrentarán los nuevos 112 presidentes municipales de Michoacán que este día rinden protesta.

Según las observaciones de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) los ayuntamientos del estado heredarán una deuda por 470 millones de pesos, de los cuales en el caso de 38 municipios tienen tendrá que ser liquidada a corto plazo, mientras que 16 serán a largo plazo.

La capital michoacana es el municipio que más deuda pública tiene con un monto de 256.6 millones de pesos; seguido por Uruapan, con 39.4 millones; Lázaro Cárdenas, con 26.6 millones; Zitácuaro, con 8.9 millones de pesos, y Salvador Escalante, con 7.5 millones de pesos.

El encargado de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, Ricardo Flores Navarro, informó durante la inauguración del curso-taller para las autoridades electas 2015-2018, que la mayoría de los municipios tienen deudas millonarias que se acumularon desde hace años por guardar formalidades o por no realizar despidos en su momento.

Cabe mencionar que el gobierno del estado de Michoacán que encabeza Salvador Jara Guerrero aún adeuda recursos a la mayoría de los municipios, en algunos casos no se les ha solventado el pago por obra convenida desde el 2013.

Según la última cifra reportada por el coordinador de los alcaldes del tricolor, Aldo Macías Alejandres, hasta la fecha la administración estatal tiene un adeudo con sus 50 ayuntamientos por un monto de hasta 200 millones de pesos, de los cuales sólo por obra convenida los pagos habían sido a «cuenta gotas».

El dirigente panista, Miguel Ángel Chávez Zavala declaró que a sus ayuntamientos se les adeudaba un total de 50 millones de pesos, de los cuales 38 corresponden a prerrogativas federales, y 12 millones de pesos a obra convenida.

Por su parte, el dirigente del sol azteca, Carlos Torres Piña, lamentó que 51 ayuntamientos arrancarán con problemas financieros, a pesar de que los recursos que había sido destinados para ellos fueron depositados desde 2013. Especificó que en el caso de 29 ayuntamientos el adeudo era por un total de 180 millones de pesos.

Los municipios más inseguros 

Pese a que las autoridades federales y estatales han presumido un disminución en las cifras de incidencia delictiva en todo el estado de Michoacán en comparación con el año pasado, lo cierto es que varios alcaldes tendrán que enfrentar la alta inseguridad que aún persiste en sus municipios.

Los presidentes de Morelia, Apatzingán, La Piedad y Lázaro Cárdenas tendrán que realizar una buena estrategia de seguridad en conjunto con el Estado y la Federación a fin de erradicar o mínimo, disminuir la violencia, luego de que sus municipios son considerados como los más peligrosos.

De acuerdo a los datos proporcionados por Semáforo Rojo, Apatzingán es la población con más focos rojos, al obtener 26 durante el primer semestre del año por robo a casa-habitación, negocios y vehículos, así como violación, lesiones y homicidio calificado.

Le siguen La Piedad con 24 alertas rojas, en asesinatos, secuestros y lesiones que fueron denunciadas por sus ciudadanos; mientras que en tercer y cuarto lugar de la lista se ubican Morelia y Lázaro Cárdenas, las ciudades más grandes, y económicamente más activas del estado, con una alta incidencia en robo de vehículos.

No obstante, alcaldes de los municipios ubicados en Tierra Caliente y Occidente del estado, tendrán que enfrentarse a los problemas generados por los diferentes grupos delictivos que aún operan en el estado.

Asimismo tendrán que lidiar con la regulación del movimiento autodefensa y Fuerza Rural, aunque según las declaraciones recientes del gobernador Salvador Jara Guerrero, antes de que concluya su gobierno (el 1 de octubre) este problema quedará erradicado.

Hasta el 26 de agosto, según el informe de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se tenía un avance del 60 por ciento en la depuración de la Fuerza Rural, cuya acción ha servido también para el desarme de personas que no tenían autorización para realizar funciones de seguridad pública, al asegurar un total de 120 armas largas y cortas.

 

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