Morelia, Michoacán.- Los diputados locales derogan disposiciones previstas en las leyes, para después proponer legislarlas nuevamente con iniciativas propias, tal es el caso del blindaje que ahora se plantea a los presupuestos de los organismos autónomos.
En diciembre de 2013 la entonces LXXII Legislatura aprobó la creación de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado con la idea de generar un ordenamiento legal para atarle las manos al Ejecutivo para realizar indiscriminadamente transferencias de partidas presupuestales en el ejercicio de los recursos públicos.
Durante la LXXIII Legislatura la Ley de Planeación Hacendaria fue modificada para establecer un candado con la idea que el Ejecutivo del Estado respetara la autonomía de organismos así reconocidos por Ley, de manera que el presupuesto anual que estos aprobaran fuera incluido sin modificación alguna en el proyecto de presupuesto de egresos que se entrega cada año al Congreso.
El hecho es que el Ejecutivo no respetó dicha disposición, generando adecuaciones a las propuestas presupuestales de dichos organismos, lo que en su momento le valió fuertes críticas desde el Poder Legislativo.
Sin intención de respetar la autonomía presupuestal de los órganos autónomos, el Ejecutivo Estatal presentó el diciembre del año pasado, una iniciativa de reforma a la Ley de Planeación Hacendaria para suprimir su obligación de respetar los presupuestos que éstos le turnaran.
Es así como sin discusión aluna sobre el particular, la actual legislatura local avaló la reforma propuesta por el Ejecutivo, afectando con ello la autonomía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Instituto Electoral de Michoacán, el Tribunal Electoral del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y el Instituto Michoacano de Transparencia.
Previo a que en noviembre próximo el Ejecutivo Estatal deba mandar al Congreso su propuesta de paquete económico para el 2020, diputados buscan corregir el error y reconocer la plena autonomía de los organismos.
Es así como en la última sesión de Pleno, los legisladores panistas Aturo Hernández Vázquez y Hugo Anaya Ávila presentaron una iniciativa para volver a reformar la Ley de Planeación Hacendaria y retomar el candado que ésta preveía para blindar el presupuesto de los organismos autónomos.
En la exposición de motivos de su propuesta los legisladores refieren que los organismos autónomos, no deben estar sujetos al poder del Estado, “si bien en lo jurídico, se tiene el respaldo respectivo, en lo presupuestal no es así, toda vez, que actualmente el proyecto de presupuesto que presentan, tiene que pasar por la revisión del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, quien a su criterio, establece si está dentro de sus expectativas o alcances financieros. Es decir, les rasura su presupuesto, lo altera, lo modifica, lo adecúa como considera que debería de ser y no acorde a la necesidad real del organismo autónomo”.
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