Patricia Monreal / @Michoacan3_0
Morelia, Michoacán.-Ante el amago de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por no arrancar el ciclo escolar el próximo lunes como está programado, integrantes de la LXXIII Legislatura local se fueron “duro y tupido” en sus declaraciones contra los mentores.
Panistas, priistas y perredistas, hablaron en entrevistas por separado del estado de derecho, el cumplimiento de la ley, se lamentaron por los empresarios michoacanos, y apelaron al “interés superior” de la niñez michoacana.
Dependiendo el color del diputado declarante llovían los cuestionamientos al gobierno del estado, a quien se le demanda “mano firme” frente a las acciones del magisterio.
La presidenta de la Comisión de Educación del Congreso, Xóchitl Gabriela Ruiz González, refirió que los docentes en Michoacán se han resistido a cumplir con su obligación, “hemos sido muy claros en nuestra postura de pedirles acerca de que los niños tienen derecho y ellos tienen la obligación de cumplir ellos”, y refirió que si el gobierno no los sanciona éste también incumpliría con su responsabilidad.
En el caso de las autoridades locales la diputada de extracción priista demandó que cesen los dobles discursos y que acaben “tantas concesiones contra quienes no están cumpliendo con sus obligaciones; no podemos seguir permitiendo un doble discurso por parte del Poder Ejecutivo que por un lado dice que vamos con todo a cambiar los paradigmas de la educación, y por otro lado tiene varias concesiones con quienes están dañando al estado.
“Hoy tenemos paralizada la economía, los empresarios quienes también aportan un poco de su patrimonio invirtiéndolo ya están preocupados y están viendo hacia donde van a emigrar para poder tener una estabilidad, esto no se puede estar permitiendo”.
Pascual Sigala Páez, coordinador parlamentario del PRD dijo que como en la escuela reprueba a los maestros por tomar una decisión en contra de los niños y jóvenes, “de nuestros hijos y de un sistema educativo que Michoacán tiene serias dificultades”.
En este sentido señaló que debe aplicarse la ley, e incluso planteó que la Secretaría de Educación del Estado debe reclutar a maestros sin empleo para contrarrestar las acciones de la CNTE, “que piensen en reclutar a algunos maestros que sí quieran dar clases a los niños”.
“Que se aplique la ley, es inadmisible esa estrategia de chantaje y arrinconamiento que desde hace muchos años tiene un grupo de la Coordinadora, un grupo radical que no son todos los maestros; se han acostumbrado a arrinconar al gobierno, a chantajearlo y a que el gobierno les entregue lo que le piden, ¿en qué profesión les tienen que dar a fuerza de chaleco y chantaje las plazas automáticas?, no estamos en condiciones de eso, hay que estudiar, hay que prepararse, estamos en un mundo competitivo y ellos tienen que ser competitivos, tienen que entregar resultados”.
Carlos Quintana Martínez, coordinador de la banca panista refirió a su vez que el gobierno debe poner orden aplicando la ley, de manera que nadie esté por encima de ésta.
“Yo invitaría a seguir dialogando y pedirle a los maestros que contribuyan con el desarrollo de Michoacán, es fundamental que las niñas y los niños puedan ingresar puntualmente a clases, porque si no estaremos orillando a la niñez a tener una vida más complicada”.
Subrayó que los maestros que no acudan a clases deben ser susceptibles a los descuentos y sanciones que marca la norma, “este es un tema que mucho daño nos ha hecho en Michoacán, ha afectado mucho al estado y por supuesto también en el desarrollo económico, porque al ver este tipo de problemática la gente que quiere invertir en la entidad cada vez le piensa”.
La coordinadora parlamentaria del PRI, Adriana Hernández Íñiguez refirió por su parte que no se puede permitir “que se siga dañando a lo más precisado que tenemos en Michoacán que son las niñas y los niños, ellos son y han sido los más afectados durante muchos años; los índices tan bajos en materia económica y otras áreas derivan de ahí porque la educación es la base de nuestra sociedad”.
Apuntó que los integrantes de la Coordinadora tienen derecho a exigir lo que crean que es más justo, “tienen derecho a la libre manifestación, pero de ninguna manera estamos de acuerdo que afecten a las niñas y niños, hacemos un llamado a que no lo hagan, a que cumplan con su responsabilidad y que regresen a las aulas para que no perjudiquen a la niñez”.
