Distintas organizaciones de la sociedad civil latinoamericana, reunidos en la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP20) y de la Cumbre de los Pueblos, alertaron sobre los enormes riesgos y consecuencias que tendrá el uso de la fractura hidráulica sobre la población y el territorio en la región.
Pidieron a los gobiernos latinoamericanos prohibir dicha práctica para la extracción de hidrocarburos y, como en el caso de México, que ésta no se implemente por los altos costos ecológicos y naturales.
Organizaciones mexicanas como el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS); la Alianza Mexicana contra el Fracking; OXFAM México y GREEPEACE México, firmaron el posicionamiento en contra de la fractura hidráulica.
Mencionaron que existen alternativas energéticas sustentables, más baratas y eficientes, además, dichas alternativas son compatibles con el respeto a los derechos humanos, por lo que atendiendo a la característica de progresividad, los estados están obligados a luchar contra el cambio climático y la sostenibilidad energética de la región.
En el caso de México, la extracción de gas shale se encuentra en fase prospectiva y exploratoria, toda vez que desde diciembre de 2013 se aprobaron las reformas constitucionales a los artículos 25, 27 y 28 para permitir la inversión extranjera en la extracción, exploración y explotación de los hidrocarburos nacionales, así como el uso de la fractura hidráulica, entre otros cambios.
Dichas modificaciones han puesto en riesgo la estabilidad del país, pues desde el aspecto económico, la caída en el precio del barril del petróleo y el incremento del precio del dólar, ponen en riesgo el Presupuesto de Ingresos de la Federación para el próximo año, provocando mayor déficit y elevando el nivel de deuda del país.
Las consecuencias del uso de la fractura hidráulica mencionadas en dicho posicionamiento son: la contaminación de los cuerpos de agua y mantos freáticos; 75% de los productos químicos utilizados para la extracción del gas producen afectaciones directas a la piel, ojos, sistema respiratorio y gastrointestinal; además, de las afectaciones a la salud de las personas, también existen graves violaciones a los derechos humanos como vulnerar la garantía del derecho humano al agua y al saneamiento, a un medio ambiente sano, a la vida y a la salud, a la alimentación, a la vivienda, de los derechos laborales y otros derechos económicos, sociales y culturales, así como de los derechos civiles y políticos, como el derecho de acceso a la información, al consentimiento previo, libre e informado, y a la participación.
Ante dicha situación, las organizaciones que han firmado dicho posicionamiento exigen a los Estados la prohibición de la fractura hidráulica, así como el derecho de las poblaciones y gobiernos locales a negar actividades Fracking. Insta también a todos los estados latinoamericanos a que las políticas energéticas garanticen los derechos humanos.
Con información de FUNDAR
