El ambiente en las comunidades que integran el corredor eólico del Istmo de Tehuantepec es de hostilidad y violencia.
En este momento en el que la quema de hidrocarburos aparece como suicida para la humanidad, el urgente aprovechamiento de energías sustentables es indiscutible. Sin embargo, es un hecho que detrás de los megaproyectos del aprovechamiento de estas energías figuran las grandes transnacionales, cuya principal motivación son las ganancias financieras.
En México, el Istmo de Tehuantepec, del estado de Oaxaca, es una de las zonas con mayor riqueza natural, pero también con mayor presencia de indígenas huaves, zapotecos y zoques. También, esta región posee una de las corrientes eólicas más potentes del país, por lo que desde los años noventa, se han ido instalando proyectos de generación eléctrica con aire.
Hoy, el corredor eólico del Istmo de Tehuantepec tiene al menos 28 parques. Sin embargo, detrás de estos proyectos han sido despojadas al menos 12.000 hectáreas de tierra a los indígenas, sobre todo de las comunidades ikoots y biniza’a, que de hecho, han conservado algunas de las lagunas con mayor biodiversidad de México y la selva mejor conservada de Norteamérica.
Hoy, las comunidades que integran esta zona están divididas y viven un ambiente de violencia y hostilidad. Aunque están organizados por asambleas donde se toman las decisiones, algunos de sus miembros han sido comprados y las votaciones se hacen de manera brumosa.
Según el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Emiliano Castillo, “las negociaciones realizadas con autoridades y empresas para el arrendamiento de tierras se llevan a cabo sin información transparente y veraz sobre las implicaciones de los contratos. Algunos de los propietarios no saben con precisión los derechos que tienen, una vez que las han arrendado a las empresas. Tampoco saben qué sucederá con las centrales eólicas cuando finalice el contrato de arrendamiento”.
En este sentido, en Juchitán, San Dionisio del Mar y San Mateo del Mar, las tres comunidades oaxaqueñas de las que se expulsó a las empresas eólicas y en las no hay un solo aerogenerador, se viven hoy violencia y división comunitaria con tintes partidistas, impulsadas por el Estado y financiadas por las transnacionales, denuncia Rodrigo Flores Peñaloza, integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT). “Los tres niveles de gobierno tienen la presión de que las financiadoras de los proyectos eólicos ya han perdido demasiado dinero”, abunda el defensor del territorio.
En San Dionisio del Mar, también la asamblea de la comunidad vive un permanente hostigamiento por parte de políticos priístas, como los diputados Samuel Gurrión y María Luisa Márquez. “Ellos impulsaron que se tumbara la elección de la asamblea y se tuvo que nombrar a un administrador. Trataron de imponer una nueva elección, y fueron a instalar el Consejo Electoral en Unión Hidalgo; ahora pretenden meterlo a San Dionisio”, relata el defensor del territorio.
Por su parte, Luis Miguel Uharte, autor del libro Las multinacionales en el siglo XXI: Impactos Múltiples: el caso de Iberdrola en México y en Brasil, advierte que “de los 28 parques que conforman el corredor eólico, 22 se incluyen dentro de la figura del autoabastecimiento -uso empresarial-, es decir, el 78% de ellos son para uso privado, mientras que solo seis (un 22%) están destinados para abastecer a la red pública, siempre según información de la Asociación Mexicana de Energía Eólica”.
Los anteriores son solo algunos casos que reflejan cómo los megaproyectos han cooptado zonas enteras relegando a los antiguos habitantes de los beneficios de estos, y generando divisiones en milenarias culturas que ven transformada su realidad sin un tipo de incentivo real.
