El Congreso del Estado tiene sus cuentas embargadas desde el pasado viernes, esto por incumplir con un mandato judicial que le obliga el pago por 17 millones de pesos a una particular, tras una serie de juicios perdidos por el Legislativo local.
Frente a la negativa de la presidencia de la Mesa Directiva a cargo de la diputada Julieta García Zepeda, para cubrir el pago al considerarlo muy alto, hoy día está en riesgo el pago de la nómina para el 30 de noviembre próximo.
Rogelio Andrade, dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, apuntó que de manera formal al STASPLE no se le ha comunicado sobre el asunto.
Recordó que los recursos para el pago de nómina, generalmente son dispersados por el Ejecutivo del Estado un día antes o el propio día de quincena, por lo que aún existe margen para que se resuelva el asunto.
“Hay que recordar que existe jurisprudencia que establece que las cuentas de los Poderes Públicos, ayuntamientos y órganos públicos, no pueden ser embargadas, por lo que seguramente el embargo que se dio en el Congreso se debe a errores del área jurídica de la Cámara. Quizás estén promoviendo ya el amparo respectivo al respecto”.
Cabe recordar que el caso por el que las cuentas del Congreso fueron embargadas data de 2015, cuando el Congreso contrató los servicios de Selene Sayonara González Carrillo para el timbrado de la nómina de los ejercicios fiscales 2015 y 2016, con un pago acordado por 23.5 millones de pesos, mismos que a más tardar debían ser cubiertos en diciembre de 2018, lo cual no ocurrió.
El Congreso optó por desconocer los servicios y el pago respectivo, por lo que la particular promovió un juicio para el pago, logrando en 2019 que el juzgado cuarto de lo civil del Estado ordenara al Congreso pagar 10.2 millones de pesos.
Sin embargo la particular optó por recurrir la determinación mediante una apelación, por lo que en enero de este año la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado incorporó 6.8 millones de pesos por el pago de gastos y costas.
Ante ello la particular y el Congreso se ampararon, pero no corrieron con éxito, por lo que la determinación judicial de pago por 17 millones de pesos a la particular –incluidos gastos y costas- quedó en firme, sin embargo la Cámara ha determinado negarse al cumplimiento de la sentencia.
