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En México, el Estado de Derecho es una simulación y la tortura una política del gobierno: Sotelo

  / Revolución TresPuntoCero

La tortura en México es una práctica que funciona como política de Estado, aunque pretenden ocultarla o minimizarla. Por lo menos desde la época de la llamada Guerra Sucia, este crimen es perpetrado por agentes del Estado para perseguir a luchadores sociales que muestran su oposición al régimen.

Así lo considera el doctor José Sotelo Marban, investigador y encargado del informe histórico de la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), en donde se da cuenta de los crímenes cometidos por militares y otros elementos de seguridad en contra de opositores durante los años sesenta y setenta.

Sotelo manifestó que la tortura, como práctica generalizada en el país, demuestra la simulación del Estado de Derecho. Citando a Luigi Ferrjoli, señaló que en el país se da “una fachada de Estado de derecho que permite operar un infra-Estado clandestino”.

“Coincidimos que la tortura es una práctica detestable, que la ponen en marcha los Estados y que por ser inmoral, la ocultan o minimizan (…) entonces, ¿la tortura es una práctica que sucede a pesar de que los altos poderes del Estado la quieren combatir, pero son ineficaces por no tener el control pleno del funcionamiento del Estado, debido a otras circunstancias históricas como la corrupción? O por el contrario, ¿es una práctica que funciona como política de Estado?

“Esto significaría, para quienes detentan el poder, que el Estado de derecho es una simulación. Se trataría de una ‘legalidad ilegal’ que Luigi Ferrajoli nombraría ‘fachada de Estado de derecho que permite operar un infra-Estado clandestino’”, señaló.

Sotelo aseguró que luego del trabajo realizado por la Femospp es posible concluir que la tortura es una herramienta del Estado. Añadió que investigaciones como la del Archivo de Seguridad Nacional de la universidad George Washington (The National Security Archive-George Washington University) avalan lo antes expuesto.

“Como resultado de la investigación que realiza la National Security Archive-George Washington University, la Doctora Kate Dole, concluye, que de las hipótesis anteriores es la última (la tortura como política de Estado) la que nos explica la persistencia de la tortura.

“A esa dolora conclusión llegamos también nosotros como resultado de la investigación histórica que hicimos de la Guerra Sucia en la Femospp”, apuntó.

Cabe señalar que la investigadora Kate Dole logró la desclasificación de diversos documentos de la CIA en Estados Unidos, en donde, entre otras cosas, se da cuenta que agentes de esta organización de inteligencia norteamericana entrenaron a militares de diversos países latinoamericanos para desarrollar la práctica de la tortura.

“El Estado no quiere que se sepa la verdad”

Luego de concluir la investigación sobre los crímenes cometidos por agentes del Estado durante la Guerra Sucia, el gobierno mexicano censuró el trabajo y a través del Órgano de Control Interno de la Procuraduría General de la República (PGR)- inhabilitó a José Sotelo por 10 años, justificando “negligencias administrativas” por parte del investigador.

tortura en México

Sotelo denunció la actitud hostil del gobierno ante el informe, pues aseguró, no quiere que se dé a conocer la verdad del pasado y se niega a castigar a los responsables de tortura y desapariciones forzadas cometidos, entre otros, por fuerzas castrenses durante los sesenta y setenta.

“El Estado mexicanos no quiso dar a conocer los hechos ocurridos durante el movimiento estudiantil, en el caso paradigmático de Tlatelolco, la represión de los Halcones en 1971, la guerrilla rural en Guerrero, las organizaciones estudiantiles radicalizadas en guerrilla urbana, así como las graves responsabilidades que la represión de estos movimientos que tienen diversos agentes e instituciones del Estado mexicano.

“El 30 de noviembre de 2006, el entonces procurador, Daniel Francisco Cabeza de Vaca firmó el acuerdo A31706 para desaparecer la Femospp sin que cumpliera los objetivos para la que fue creada (a pesar de la existencia del informe que da cuenta de las violaciones a DDHH durante la guerra sucia) no hay voluntad política para dar a conocer la verdad histórica de lo sucedido, ni para castigar a los culpables”, dijo.

En este sentido, reiteró que el informe realizado por la Femospp- titulado ¡Que no vuelva a suceder!- “con testimonios directos de la población, y fuentes documentales de la segunda sección del estado mayor de la Sedena, de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales de la Segob, y de diversas policías políticas, documentan la tortura con la que agentes del Estado atormentó a luchadores sociales y a poblaciones enteras; cientos de casos de desaparición forzada, crímenes de Guerra cometidos, y la violación sistemática de DDHH”.

El investigador lamentó que sin importar la existencia de este documento, el Estado mexicano “ha decidido proteger a los asesinos y torturadores de estudiantes, de luchadores sociales sin hacer absolutamente nada para consignar la verdad histórica como verdad jurídica. No quiere procesar conforme a derecho a los culpables ni agilizar la búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada ni procurar la justicia ya postergada por tanto tiempo.

“En lugar de procurar la justicia y procurar a los responsables, el Estado optó por castigar a quienes documentamos las violaciones. La Femospp se negó a pagar a los investigadores responsables del área histórica, y a mí, como responsable del informe, me inhabilitó por 10 años. Todavía sigo inhabilitado”.

La Ley de EPN sobre tortura es ineficaz

José Sotelo habló sobre la iniciativa de Ley contra tortura que Enrique Peña Nieto envió al Senado el pasado mes de diciembre. Consideró que dicha propuesta es ineficiente, pues no tomó las recomendaciones realizadas por las organizaciones de la sociedad civil.

“En estos días se está discutiendo la iniciativa de Ley contra la tortura que en diciembre pasado EPN envió al Senado. A pesar de que ha habido un esfuerzo colectivo por parte de especialistas en el tema y de organizaciones civiles que se dedican a la promoción y defensa de los DD.HH., el Estado mexicano no está tomando en cuenta la propuesta de Ley que la sociedad civil le ha presentado. La iniciativa presidencial, por ejemplo, permite que haya impunidad en la cadena de mando “, dijo.

El investigador recordó que en los últimos años las denuncias por tortura en la que se involucran a militares rebasan las mil. Además que en casi el 100% de los casos no hay acceso efectivo a la justicia para las víctimas.

“Diversas organizaciones concluyen que el Estado mexicano tiene como política a la tortura. Esa misma conclusión, es la que resume el informe del relator especial sobre la tortura de ONU, Juan Méndez (…)

LA TORTURA

“Las cifras actuales con relación a estos crímenes dicen más que cualquier opinión: entre diciembre de 2006 y diciembre de 2014, la PGR tiene registradas 4 mil 404 denuncias por tortura, de las cuales, en mil 200 están involucrados elementos militares. Sin considerar la cifra negra que puede ser en más de 5 veces que las 4 mil 400 denuncias presentadas, el gobierno federal señala que sólo 11 consignaciones se presentaron ante un juez, y se detectaron cinco sentencias. Es decir la impunidad es absoluta”, detalló.

Sotelo criticó la utilización de la tortura como política de Estado. Dijo que la sociedad no puede permitir que los gobernantes conozcan de esta clase de crímenes y permitan su realización. Además lamentó el papel de las autoridades para proteger a los perpetradores de tortura y alentar su práctica.

“No podemos permitir que quienes detentan el poder en nuestro país apoyen deliberadamente una política de Estado que en lugar de erradicar la tortura y castigarla, sistemática la utilicen o permitan, que protejan a quienes cometen estos crímenes, y que contra toda lógica ataquen a quienes investiguen el paradero de los desaparecidos, o consiguen información sobre estos hechos y puedan denunciar a los culpables.

“No podemos permitir que el Estado de derecho sea una simple simulación y que la impunidad se convierta en una política de Estado. Para esto, se requiere conocer la verdad. Es necesario que el pueblo sea informado de los crímenes que el Estado realiza, conoce y encubre. Es necesario atajar esta forma de hacer política, que la justicia se empareje con la legalidad, abatiendo la simulación”, concluyó.

TORTURA

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