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Envía Ejecutivo a Congreso observaciones a reformas sobre feminicidio

Envía Ejecutivo a Congreso observaciones a reformas sobre feminicidio

El Ejecutivo del Estado regresó al Congreso con observaciones, las reformas que aprobó el pasado 29 de septiembre en materia de feminicidio, debido fundamentalmente a la incorporación del concepto “producto de la concepción” en el decreto.

En la sesión que habrá de celebrar mañana el Pleno Legislativo, se hará del conocimiento de las referidas observaciones mismas que, se turnarán a comisiones para su análisis y dictaminación.
De entrada el Ejecutivo evidencia cómo los diputados, ni siquiera numeran correctamente las reformas que realizan, ya que en las modificaciones al Código Penal en materia de feminicidio se observa desaseo en el orden numérico con que deberán aparecer en el ordenamiento.
“Se observa el Decreto Legislativo Número 203, por lo que ve al conteo de los párrafos, dado que, a lo largo del Decreto Legislativo se realiza de forma incorrecta, aunado a que el artículo único, no concuerda con lo que se está reformando y adicionando”.
En las observaciones al decreto, el Ejecutivo pone especial énfasis a la incorporación del concepto “producto de la concepción” dentro del decreto aprobado.
Cabe apuntar que en la reforma a propuesta del petista Baltazar Gaona, se incorporó al artículo 71 un párrafo que establece en relación a la punibilidad de tentativa: “Si la víctima se encuentra embarazada y el producto de la concepción pierde la vida, adicionalmente se impondrá al agresor desde la mitad hasta las dos terceras partes de la pena correspondiente al delito consumado”.
El mismo concepto se incorporó dentro del delito de feminicidio, en el inciso X del artículo 120, en donde se señala: “La privación de la vida ocurre cuando la víctima se encuentra embarazada. En este caso, si el producto de la concepción pierde la vida, se impondrá al agresor, de manera adicional, una pena de 15 a 35 años de prisión, sin perjuicio de las sanciones que le correspondan por el delito de feminicidio”.
Al respecto el Ejecutivo recuerda que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Abunda que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar en materia de derechos humanos, por lo que todos los Congresos Locales carecen de competencia para modificar los preceptos de los derechos humanos consagrados en la Constitución federal y tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.
“Además, la Corte consideró que la pretensión de otorgar el estatus de persona al embrión o feto y, a partir de ello, adoptar medidas restrictivas del derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres y las personas gestantes, resultaba inconstitucional. Para la Corte, no es admisible establecer que el embrión y el feto merecen la misma protección jurídica que las personas nacidas. Ello, pues de acuerdo con el precedente establecido en la acción de inconstitucionalidad 148/2017, si bien el producto de la gestación merece una protección que se incrementa con el tiempo a medida que avanza el embarazo, esa protección no puede desconocer los derechos de las mujeres y personas gestantes a la libertad reproductiva y, en particular, su derecho a interrumpir el embarazo en determinados supuestos”.
Por ello considera que el legislador local pretende invadir competencias exclusivas del Congreso de la Unión, puesto que pretende definir el momento en el que inicia la vida, dotando de derechos al producto del embarazo, atribuyéndole con ello el carácter de persona.
Otra observación del Ejecutivo se central en el artículo 120 del decreto, en particular a la incorporación de la palabra “considerará”. Lo aprobado por los diputados establece a la letra: “El homicidio doloso de una mujer, se considerará feminicidio cuando se actualice alguna de las siguientes circunstancias”.
Al respecto el Ejecutivo considera que más allá de lo asertivo y oportuno que resulta modificar este tipo penal, “es menester que dentro de él se incluyan elementos sustanciales para que el delito de feminicidio persiga una finalidad objetiva y constitucionalmente válida, en razón de que los elementos elegidos para conformar este tipo penal, se mejoren, y no solo guarden relación con una llana descripción, sino que sirvan la función de legitimar los fines buscados”.
El decreto aprobado por el Congreso además contenía un error ortográfico al escribir “consideraraí”, en lugar de “considerará”.
“No solamente es necesario rectificar el error ortográfico obvio, sino que es menester perfeccionar el tipo penal”, refiere en sus observaciones el Ejecutivo.
De esta manera sugiere que para lograr un mayor alcance y protección de los derechos de las mujeres, en especial, el derecho a vivir libres de cualquier tipo de violencia, las conductas delictivas que atenten contra su vida, deben estar sustentadas y motivadas en razones de género.
“El legislador estatal, debe reformar el artículo 120 referido anteriormente, dotando a la descripción típica de feminicidio del elemento indispensable con el que se reconoce que estas conductas afectan no sólo la vida, la integridad física, psíquica y la libertad sexual, sino que también son cometidas por razones de género”.
En ese sentido sugiere que la redacción establezca: “Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias…”.
Resalta además, que dicha definición de feminicidio no solamente se encuentra establecida a nivel federal, sino que se encuentra incluida en la mayoría de la codificación en materia penal de las entidades federativas del país. Obedeciendo con ello al “Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género”, emitido por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
“Con lo anteriormente mencionado, y bajo el razonamiento que el feminicidio por sí mismo es cometido por razones de género, se sugiere integrar en la definición genérica del feminicidio dichas razones de género y suprimir la fracción IX del propio artículo 120 del Código Penal del Estado, pues no es sólo una circunstancia”.
También plantea que en el decreto legislativo se establezca una pena para aquel servidor público que retrase o entorpezca la procuración o administración de justicia, motivo por el cual se propone que se armonice con el Código Penal Federal.

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