Patricia Monreal / @Michoacan3_0
Morelia, Michoacán.-La autoliquidación que se otorgaron consejeros del Instituto Electoral de Michoacán en 2014 es un delito y puede ser causa de inhabilitación a quienes incurrieron en tal práctica, esto además de devolver al erario público el recuso devengado.
Lo anterior conforme a las declaraciones del titular de la Auditoría Superior de Michoacán, José Luis López Salgado quien informó que existen denuncias ciudadanas sobre este caso, además de la información que se ha venido ventilando en los medios de comunicación por lo que el órgano fiscalizador ya entró a la revisión del asunto.
Cabe recordar que en 2014 el presidente del Instituto, Ramón Hernández Reyes y el consejero Humberto Urquiza Martínez se autoliquidaron debido al proceso de renovación del Consejo General del IEM, y pese a haber sido designados nuevamente en el cargo por Instituto Nacional Electoral (INE).
López Salgado apuntó que en este caso la Auditoría está entrando a la revisión de forma decidida, “no pueden autoliquidarse a pesar de tener cierta autonomía técnica y de gestión”.
Refirió que las liquidaciones oscilaron entre los 400 y 500 mil pesos.
-¿Es delito haberse autoliquiado?
“Sin duda”.
Señaló que en estos momentos la Auditoría está realizando la fiscalización al ejercicio 2015, sin embargo a partir de las denuncias ciudadanas presentadas van a proceder a la revisión del proceso de autoliquidación que se realizó en 2014 en el Instituto.
-¿Qué sanciones prevé la noma en esos casos?
“De entrada el resarcimiento del daño al erario público; la inhabilitación se da dependiendo de la gravedad de la falta si es que así lo amerita; no porque tengan autonomía técnica y de gestión puedan autoliquidarse, porque además no se separaron del cargo, es decir, fueron reelectos para ocupar por un siguiente periodo el cargo de consejeros del Instituto”.
Por lo que toca a las irregularidades en los procesos de licitación que se han realizado en el Instituto, López Salgado apuntó que la Auditoría entrará a la revisión de varios temas.
“Si bien es cierto las auditorías se establecen de forma selectiva en aspectos relevantes, esto no limita al propio auditor de campo para que amplíe su muestra y revise algunos otros conceptos, por eso incluso la orden de fiscalización se pone al público en general y a la sociedad para que si alguien tiene conocimiento de algún hecho lo denuncie”.
-Va a arrancar el IEM la remodelación de sus instalaciones, ¿la fiscalización de estos recursos cuándo se hará?, ¿no tendría que ser ya en tiempo real conforme a los nuevos criterios de contabilidad gubernamental?
“Estamos ya en esa posibilidad, lamentablemente y hay que decirlo está la carga de trabajo del órgano fiscalizador, hay incapacidad para atender el Plan de Fiscalización al Ejercicio 2015, los propios decretos legislativos que emitió el Congreso de las auditorías especiales y todos estos asuntos específicos que tienen que ver con denuncias y quejas, esto más las auditorías coordinadas con la Auditoría Superior de la Federación”.
-¿Se revisarán los apoyos mensuales que se les otorgan a los representantes de partido en el Instituto?
“No deben existir este tipo de apoyos, si quieren hacerlo que lo establezcan como un criterio por percepción por remuneración para atender asuntos propios de la función del Instituto, pero no pueden ser apoyos y quedar fuera de gravamen para muchos aspectos”…
-¿Aunque lo disfracen como apoyo para mantenimiento de oficinas?
“No, no pueden, el Instituto tiene un clasificador por objeto del gasto que es el que hoy se aplica a nivel nacional emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable y establece con mucha claridad que las remodelaciones y mantenimientos deberán de ser para efectos de edificios y locales de las instituciones que integran los poderes del estado o la federación, no puede ser apoyo, todo el mundo se va por la tangente”.
