(15 de enero, 2014).- El 11 de enero del presente año el municipio de Apatzingán fue presa de un alarmante estallido de violencia que culminó con comercios, vehículos y edificios públicos cubiertos en llamas. Desde entonces, distintas regiones del estado de Michoacán han sido sacudidas por detonaciones y ráfagas de fuego, generando una situación de caos y miedo colectivo en la población.
En los últimos meses Michoacán ha sido presa de una batalla territorial en la que participa tanto el aparato de seguridad del Estado Mexicano, como grupos de autodefensa y miembros del crimen organizado. Por ahora, no parece sencillo distinguir con claridad los objetivos de los sectores involucrados ni presagiar quién saldrá victorioso; sin embargo, es posible vaticinar una cosa: la ciudadanía, como siempre sucede en estos casos, será la parte más afectada.
El debilitamiento del Estado soberano vivido desde hace más de 20 años debido a la implementación de políticas neoliberales, aunado al acelerado crecimiento del crimen organizado se han vuelto el caldo de cultivo para la aparición de diversos grupos que, en ausencia de un Estado de derecho, suplantan las funciones de seguridad y administración de justicia que a éste debieran corresponder. Con lo cual se pone en riesgo el sistema jurídico mismo, ya que se propagan los actores que están dispuestos a arrogarse el derecho de dictaminar y distinguir lo legitimo de lo ilegítimo
Por definición, el surgimiento y la operación de grupos de autodefensa en un Estado Nación es síntoma inequívoco del fracaso de éste último en el cumplimiento de sus funciones fundamentales. Sin embargo, en el caso mexicano interviene una serie de elementos peculiares que vuelven más compleja la situación.
La tesis académica convencional señala que la aparición del Estado nación supone un largo proceso de centralización del poder hacia una sola entidad política que, finalmente, termina erigiéndose como la única capaz de detentar el uso legítimo de la fuerza.
El monopolio de la violencia -según la célebre expresión de Weber- permite sustituir la arbitrariedad con la que se resuelven los conflictos entre particulares por un régimen generalizado de derecho; pero también, es condición fundamental para el desarrollo de un sistema de tributación racionalizado, mismo que resulta indispensable para la consolidación de servicios públicos. Así, por paradójico que pudiera parecer, el monopolio de la violencia es el factor que posibilita la existencia tanto del Estado de derecho como del Estado social.
Por tanto, el debilitamiento del control territorial no sólo afecta la seguridad nacional, también desdibuja la legitimidad de los actores involucrados en la administración de justicia y corroe el tejido social. En México, la lucha del crimen organizado por el control de territorios, rutas de distribución y plazas de venta, manifiesta un grave problema de seguridad nacional; sin embargo, no deben olvidarse las repercusiones que este fenómeno provoca en lo que respecta al mantenimiento de un Estado de derecho y, sobre todo, las consecuencias en materia social.
En el primer caso, los grupos dispuestos a usar la fuerza por encima del monopolio legítimo del Estado son proclives al establecimiento unilateral de sus criterios de justicia y a una acción discrecional. En el mejor de los casos, estas organizaciones responden a la voluntad democrática de comunidades en resistencia legítima; en el peor, sin embargo, pueden depender del crimen organizado, funcionar como grupos de choque de la iniciativa privada destinados a allanar espacios para la inversión de capital ahí donde existe oposición o, finalmente, actuar como órganos paralelos al propio Estado dispuestos a llevar a cabo las acciones que legalmente la autoridad es incapaz de cumplir. Casos como el de los paramilitares en Colombia o los grupos de defensa comunal infiltrados por el Estado Mexicano para crear una guerra de baja intensidad contra el zapatismo son ejemplos asequibles de tal posibilidad.
En segundo lugar, la existencia de un Estado carente de control territorial deriva en la incapacidad de garantizar derechos esenciales como la educación, la vivienda, la alimentación o lel acceso a un trabajo digno. En estos casos, semejante ausencia es solventada por el crimen organizado que constantemente requiere personas para engrosar sus filas y mantener sus negocios. La crisis se acentúa en los lugares más marginados, ahí donde el trabajo, la educación y la salud dejan de ser moneda corriente. En tales sitios la cultura de la ilegalidad florece porque se presenta como la única forma de supervivencia. El proceso de descomposición que ha vivido el campo mexicano desde hace casi 20 años, así como la incapacidad del Estado para fomentar e aumento de empleos bien remunerados deben entenderse como factores propiciadores deun círculo vicioso de violencia y transgresión de la legalidad. No se vislumbra pronta solución a la caótica situación que vive el país, sin embargo es seguro que la restitución de un verdadero Estado de derecho y la garantía de los derechos sociales básicos de la ciudadanía son condiciones indispensables para evitar que se propague la crisis. El rumbo de las decisiones que se han tomado en materia económica parecen apuntar en otra dirección.
