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Estado Mexicano tardó 12 años en declarar como víctimas a afectados de granadazos en Morelia

El Estado Mexicano tardó 12 años en declarar como víctimas a los afectados por el ataque con granadas a la población en Morelia del 15 de septiembre de 2008, esto debido a negligencia y omisiones por parte del Gobierno del Estado de Michoacán, del propio Gobierno Federal, de las procuradurías General de la República y de Justicia del Estado (hoy ambas Fiscalías) y de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

La ausencia de una representación legal de las víctimas hizo que éstas permanecieran ausentes del proceso penal 254/2008-V desarrollado en torno a los hechos, e incluso hoy día al menos tres de ellas no están reconocidas dentro del expediente por lo que han emprendido una batalla legal para su reconocimiento.

El 15 de septiembre de 2008 pasadas las 23 horas, en el centro de Morelia, capital del estado de Michoacán, el entonces gobernador Leonel Godoy Rangel repicaba la campana desde el balcón principal de Palacio de Gobierno tras haber emitido el grito conmemorativo por la Independencia de México; una serie explosiones sobrevinieron confundidas con el tronar de los juegos pirotécnicos.

Las 30 mil personas congregadas en el centro moreliano no cayeron en cuenta de la tragedia tras la primera explosión en la plaza Melchor Ocampo, fue cuando la segunda detonación sobrevino sobre la avenida Madero contra esquina de la calle Quintana Roo cuando en la mayoría se suscitó el desconcierto, el caos y el terror.

Han transcurrido 12 años desde entonces y la impunidad permanece como la gran protagonista sobre lo ocurrido, la unión que las víctimas habían logrado buscando que las autoridades les brindaran atención por lo ocurrido, se ha visto mermada debido a la intervención estatal otorgando apoyos a modo de paliativos, en donde su derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño –previstos en el artículo séptimo de la Ley General de Víctimas- no se ha respetado.

El acceso a la justicia por los atentados del 2008 en Morelia, no ha estado ni está en el radar de las autoridades. A diferencia de otros casos emblemáticos de violencia ocurridos en México, éste no se encuentra en la agenda ni de la Federación ni del Estado para ser revisado y esclarecido.

“Hay omisión hacia nosotros, y esto ha hecho que el grupo de víctimas se haya dividido principalmente por la intervención de la CEEAV (Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas), porque se molestó de que algunos de nosotros hayamos decidido tener una representación legal particular. Otras víctimas están conformes con los paliativos que nos han dado y tienen miedo de perder los apoyos, por eso no se animaron a contar con una representante legal propia”, refiere María de Jesús Vázquez Silva, víctima del atentado quien, hasta la fecha no está reconocida como tal dentro del proceso penal.

María de Jesús como la mayoría de las víctimas, porta en su cuerpo esquirlas de las granadas detonadas en los atentados, su pierna izquierda fue amputada tras años de lucha por conservarla.

Los “beneficiados” del 15-S

“En términos coloquiales, las autoridades estos 12 años han venido dándoles atole con el dedo a las víctimas”, apunta Reyna Velasco Guerrero, quien desde el 2018 asumió la representación legal de seis familias afectadas por los atentados.

Tras comprender las implicaciones de la falta de información y acción por parte de la CEEAV y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Federal (CEAV) sobre sus derechos establecidos en la Ley General de Víctimas, fue que seis familias determinaron aceptar la representación legal de Reyna Velasco quien en su haber, representa también a un grupo de víctimas del Colegio Enrique Rebasamen que se desplomó durante el sismo del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México.

“Ellos han sido discriminados a raíz de que tienen una representación jurídica particular, han sido minimizados e incluso amenazados, diciéndoles, si sigues moviendo te vamos a quitar la pensión, sigue tú haciendo escándalo y te la vamos a quitar.

¿A qué le tienen miedo las autoridades?, ¿a qué se descubra que todos estos años han venido simulando un proceso de atención a las víctimas?”.

A lo largo de 12 años el Gobierno Federal se ha mantenido ausente en la atención de las víctimas del llamado 15-S. Dos días después de los atentados Leonel Godoy anunció que pediría al Congreso local autorizar pensiones vitalicias a los deudos directos, oferta que tardó año y medio en cristalizarse ya que de entrada hasta abril del 2009 los diputados lograron ponerse de acuerdo para reformar el artículo 44 de la Constitución del Estado y dar facultades al Poder Legislativo para autorizar dichas pensiones. La medida era insuficiente pues requería una ley reglamentaria, la cual llevó otros cuatro meses en ser discutida y votada, a eso se sumaron otros seis meses para la aprobación del dictamen que autorizó finalmente los apoyos.

Esas primeras pensiones fueron definidas –como coloquialmente se dice- a “ojo de buen cubero” por los diputados locales, quienes en entrevistas de cinco minutos con cada una de las víctimas observaban si se les veían afectaciones físicas que los hicieran merecedores de tal apoyo. La pensión no permitía cubrir el costo total de los medicamentos y tratamientos de los afectados, muchos de ellos imposibilitados ya físicamente a trabajar. Año con año peregrinaban de dependencia en dependencia estatal buscando apoyo para hacer frente a los costos médicos.

El decreto por el que se otorgan las pensiones ha sido modificado en diferentes ocasiones, ya sea para incorporar víctimas de inicio no contempladas o bien para ajustar los montos otorgados.

En pasada administración estatal, el gobernador Fausto Vallejo Figueroa de plano acusaría a las víctimas de pretender vivir del erario público durante una reunión privada conforme a las declaraciones vertidas en su momento por los afectados, la relación del gobierno de Vallejo con los afectados fue siempre tensa, regateando todo apoyo posible bajo el argumento de que ya contaban con pensiones.

Con el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, las víctimas accedieron a diversos apoyos producto de la presión realizada por años, incluso en 2019 a seis familias les fueron otorgadas viviendas. Sin embargo la perspectiva nunca fue la reparación del daño y el acceso a la justicia, y los afectados han sido concebidos como “beneficiados” de los hechos ocurridos en 2008 y no como víctimas, tal como se evidencia en credenciales que les fueron otorgadas por la Secretaría de Salud de la actual administración estatal.

Víctimas, reconocimiento tardío

Fue hasta este año, en marzo pasado, cuando el Estado Mexicano finalmente otorgó el reconocimiento de víctimas a los afectados por los atentados del 15-S, esto tras un largo camino legal emprendido por las seis familias que decidieron contar con representación legal propia. Por determinación de las autoridades federales el reconocimiento abarcó a todos los afectados, quienes ya han pasado a formar parte del Registro Nacional de Víctimas.

Pero el proceso para dar tal paso no fue sencillo, y en gran parte se vio obstaculizado por las autoridades.
Cuando Reyna Velasco empezó en 2018 el trabajo con sus representados, les preguntó sobre el número y estado del proceso penal, ninguno de ellos sabía nada al respecto, todos desconocían en dónde se estaba desarrollando, en manos de qué juez estaba, y cuántos indiciados y detenidos había.

Anteriormente, las notificaciones hechas por la Fiscalía General de la República a las víctimas y por el juzgado en Jalisco que lleva la causa penal, eran entregadas por las víctimas a los funcionarios de la CEEAV, quienes les aseguraban que ellos se harían cargo del asunto, que no se preocuparan. Tiempo después se dieron cuenta que no fue así, que jamás se dio seguimiento al proceso penal por parte de la Comisión y que nunca compiló –al menos- la información relacionado a este caso.

Incluso ante una solicitud de Reyna Velasco a propósito de las pensiones temporales que se les otorgan a sus representados, la Comisión rechazó tener expediente o archivo alguno al respecto. “Nos llevamos la sorpresa que no había expedientes, increíble que si me están diciendo que desde el 2015 la Comisión Estatal está atendiendo a las víctimas, no les haya integrado ningún expediente”.

La respuesta de la CEEAV contrasta con la realidad no sólo por las múltiples informaciones periodísticas y por las diversas declaraciones al respecto de quienes han ocupado la titularidad del organismo, sino por sus propios documentos. El acta del acuerdo CEEAV/Pleno 11a Sesión Ordinaria/01/2017 evidencia que ha intervenido legalmente en el tema y que participó elaborando un dictamen sobre la situación de los afectados para que el Congreso del Estado modificara en 2018 el decreto por el que se otorgan las pensiones temporales, a fin de adecuar montos.

 


Por parte del Gobierno Estatal la respuesta fue similar a la de la CEEAV, no se contaba con expediente de las víctimas, e incluso las autoridades evidenciaron desconocer en dónde estaba radicado el proceso penal de este caso.

Debido a ello se consultó a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), a través de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITATA). Fue entonces que las víctimas tuvieron conocimiento que el proceso penal está radicado ante el juez Sexto de lo penal en Jalisco, a quien finalmente se le solicitó reconocer la calidad de los afectados como víctimas de delito.

“En ese momento -2018- nos enteramos que no podía dárseles ese reconocimiento porque había un amparo promovido en 2015 por personas que fueron detenidas; ahí se nos informa que en dos días se iba a llevar a cabo la audiencia constitucional para resolverlo, que llevaban tres años buscando a las víctimas y emitiendo múltiples oficios a diversas autoridades para su localización y que nadie podía dar con su paradero, esto resulta increíble si tomamos en cuenta que al menos cada 15 de septiembre las víctimas se congregan en la Plaza Melchor Ocampo de Morelia en el acto conmemorativo del atentado, con autoridades y medios de comunicación presentes”, narra Reyna Velasco.

Por estrategia la defensa determinó que lo más conveniente era que se resolviera el amparo promovido por Alfredo Rosas Elicea, Julio César Mondragón Mendoza y Juan Carlos Castro Galeana quienes habían sido señalados por la Fiscalía General de la República como tres de los cinco responsables de los atentados. El juez determinó concederles el amparo por lo que la Fiscalía promovió un recurso de revisión sobre el fallo.

Finalmente en mayo del 2019 es resuelto el asunto al confirmarse el amparo y Rosas, Mondragón y Castro son absueltos al determinarse irregularidades y violaciones a sus derechos humanos durante el proceso.

Fue entonces que Reyna Velasco solicitó se les reconociera a sus representados la calidad de víctimas dentro del proceso. “Por un formalismo nos decían que no; recordemos que este asunto es del 2008 y para entonces el pliego de consignación del Ministerio Público no decía ‘en calidad de víctimas’ a tales personas, sino sólo decía ‘en agravio de’, es decir, la palabra víctimas no estaba.

“Por ese tecnicismo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Federal determina no ordenar que se les inscribiera en el Registro Nacional (Renavi), así que promovimos un amparo y el área de procesos de SEIDO promovió un recurso de revocación, todo ello permitió que finalmente que en marzo de este año el juez revocara su acuerdo y reconociera la calidad de víctimas”, narra Reyna Velasco.

Si bien fueron seis familias las que promovieron el amparo de reconocimiento como víctimas, la SEIDO evaluó que la medida debía ser aplicable a 94 personas reconocidas en el expediente, por lo que se suscribió un acuerdo para que todas ellas fueran sujetas a la medida.

Desde abril pasaron a formar parte del Renavi y se inició el proceso de trabajo social, y de evaluación sicología y médica por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Federal, delegación Michoacán. La mira de la defensa está ahora en que en materia de reparación de daño se dé a sus representados las medidas de ayuda y asistencia previstas en la Ley y que implican atención médica, psicológica y en su caso educativa, y en caso de tener que trasladarse a Jalisco para atender el proceso penal se cubren los gastos de traslado y de hospedaje que esto les esté ocasionando.

Uno de los temores de las víctimas es que al formar parte del Renavi y ser susceptibles a los mecanismos previstos en la Ley General de Víctimas, les sean retirados las pensiones temporales que autorizó el Congreso del Estado, sobre lo que Reyna Velasco considera que sería una medida fuera de toda lógica, ya que la naturaleza de las pensiones es distinta, pues no obedece a un criterio de reparación del daño sino de asistencia.

Queja ante la CNDH

Las omisiones en el procedimiento y la negligencia en la integración de la averiguación previa, llevaron a las víctimas a promover en julio de 2019 una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra ocho instituciones y autoridades por una inadecuada atención, pues argumentan que nunca fueron representados, “ni mucho menos defendidos” en sus derechos como víctimas.

Tan situación –argumentan en la queja- “ha dado como resultado que el pasado 14 de diciembre de 2018, el juez de distrito resolviera que se absolviera a los probables responsables, hecho acreditado en amparo indirecto radicado bajo el número de expediente 73/2015, del índice Primer Tribunal Unitario del Tercer Circuito”.

Además, de manera particular refirieron nunca haber recibido atención por parte de la CEAV (la Comisión Federal), “en el sentido que nunca se nos ha brindado atención médica, psicológica, tanatológica o hayamos recibido algún tipo de medida de ayuda o asistencia de manera oportuna, no obstante que estamos en condición de vulnerabilidad”.

La queja es contra la Secretaría de Gobernación, el gobernador del Estado, las comisiones de víctimas estatal y federal, incluyendo ésta última su Junta de Gobierno y su Asamblea Consultiva, las hoy Fiscalías General de la República y del Estado, y el Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

Entre las omisiones detectadas por las víctimas es que tres de ellas no están reconocidas dentro del proceso penal, se trata de Aurora Bravo Lucas, María de Jesús Vázquez Silva y Omar Bernardo Navarrete Vázquez.

“Cuando hicieron la relación de víctimas lesionadas, de víctimas de homicidio y de victimas de tentativa de homicidio ellos no entraron, ¿por qué?, no lo sabemos, ¿cuál fue el motivo por el que no hay un registro exacto que se haya llevado a la averiguación previa?, no lo sabemos”, subraya Reyna Velasco.

Por ello se ha hecho la solicitud a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas federal para que analice todo el expediente, todo el proceso penal, las constancias parque estas tres víctimas sean incorporadas y reconocidas.

En cuanto a la posibilidad de fincar responsabilidades a las autoridades que fueron omisas a las advertencias acerca de que ocurriría un atentado en Morelia ese 15 de septiembre, la expectativa es que la CNDH también pueda pronunciarse al respecto.
“No tenemos a ciencia cierta un documento donde nos digan que efectivamente sí tenían conocimiento, las autoridades federales lo negaron, pero las autoridades estatales en un oficio nos contestaron que no podían darnos la información porque era reservada, eso quiere decir que la tienen pero no la quieren entregar, es decir sí sabían pero no se hizo nada”.

Cabe apuntar que el documento catalogado como reservado y que da cuenta de las denuncias anónimas alertando sobre atentados en ese septiembre de 2008, tiene el folio SP/1257/2008, estaba dirigido a los entonces subprocuradores regionales de justicia de Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Apatzingán, Zamora, Uruapan y Morelia, y al coordinador de la Policía Ministerial, y fue emitido desde la oficina del entonces procurador Miguel García Hurtado.

Las alertas eran de atentados el 16 de septiembre y de manera particular, sobre el día 15 se apuntaba: “…estén atentos porque va haber un desastre el día del grito, mantengan la seguridad bien ya que van a pasar muchas cosas. Tómenlo como quieran, ya se les avisó, están advertidos”.

Pese a ello la población en el centro moreliano no fue alertada y las medidas de seguridad brillaron por su ausencia.
En este caso, tal como lo refiere Reyna Velasco desde un inicio las autoridades abandonaron a la población, ahora las víctimas permanecen ignoradas, “el gobierno los han condenado todos estos años al abandono y la simulación, los utilizan cada año para la fotografía y decir ‘mira lo que hice por ellos’, pero de fondo lo que ha existido y existe es el olvido”.

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