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Para evitar casos Ingrid, penaliza congreso filtración de fotografías de víctimas

Para evitar casos Ingrid, penaliza congreso filtración de fotografías de víctimas

Morelia, Michoacán.- Con el fin de evitar casos como el de Ingrid Escamilla, en donde se revictimiza a las víctimas con la distribución de imágenes contenidas en las carpetas de investigación, este jueves el Congreso del Estado reformó el Código Penal del Estado, así como la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado.

Víctima de feminicidio en febrero pasado –en la Ciudad de México- las fotografías de la escena del crimen “dañó su honra, su dignidad y su imagen, y afectó también a su familia, nos indignó como sociedad, y no solo tiene estas repercusiones, en otros casos, ha ocurrido que al divulgar esta información se desvirtúan como elementos probatorios, y estas inconsistencias pueden violar el debido proceso y tirar una vinculación a proceso, aunque el señalado sea confeso”, refiere Araceli Saucedo Reyes, quien junto con Ernesto Núñez promovieron iniciativas que derivaron en la reforma aprobada este jueves.

Ahora el artículo 20 del Código Penal del Estado incluye entre los delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos el dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias, información, fotografías, videos o audios que obren en una carpeta de investigación, en un proceso penal o sujetos a cadena de custodia y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean reservados o confidenciales.

Agrega además que si las imágenes, audios o videos son de cuerpos humanos deformados o mutilados correspondientes a una mujer o a menores de edad, se incrementará la sanción en una tercera parte.

En cuanto a la Ley de Responsabilidades Administrativas, se incorpora el artículo 57 bis, en donde se establece que al servidor público que incurra en filtrar, revelar o trasmitir audios, videos, fotografías o imágenes a cualquier persona que no tenga derecho a conocer o participar en la investigación administrativa, será responsable de los daños que ello ocasione al Estado o a particulares, con independencia del delito que con ello comete.

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