Redacción / @Michoacan3_0
Morelia, Michoacán.-Pese al discurso de Enrique Peña Nieto de “ir a profundidad y tope donde tope” en Iguala, Guerrero, las familias de los estudiantes desaparecidos continúan sufriendo las consecuencias de una investigación judicial caótica y hostil, expresó Amnistía Internacional (AI).
La asociación denunció que los peritos internacionales reconocidos por los propios familiares de los estudiantes desaparecidos no han podido accesar a las fosas clandestinas, que se localizaron el día de ayer jueves.
“Si el gobierno federal es serio en sus promesas de una investigación ‘a profundidad’, medidas básicas como esta deberían estar garantizadas desde el primer momento” señaló Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional México.
Manifestó que es de suma importancia que la Procuraduría General de la República (PGR) reconozca los peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense como peritos oficiales en las investigaciones.
Aclara, que de acuerdo a la información que han recibido, el trabajo realizado por agentes del ministerio público estatal sobre las exhumaciones de los restos hallados en las seis fosas descubiertas anteriormente presentaría deficiencias, lo cual dificultará las pruebas de identificación.
“Es esencial que los peritos internacionales tengan acceso inmediato e irrestricto a todas las investigaciones forenses que se estén llevando a cabo en conexión con estos hechos” dijo Quiroz. Esa es la única forma en que los familiares y la sociedad tengan confianza en los procesos forenses.
Familiares de estudiantes desaparecidos le hicieron llegar sus testimonios a Amnistía Internacional sobre la falta de sensibilidad, cortesía y respeto que le dispensaron agentes del Ministerio Público estatal encargados de llevar adelante la investigación del caso.
Este tipo de maltrato ahonda las violaciones a los derechos humanos que los familiares están viviendo y desalienta a las familias para seguir adelante en su justo reclamo de búsqueda inmediata y justicia.
Ante este panorama, Amnistía Internacional instó a Peña Nieto, al procurador General Jesús Murillo Karam y al gobernador Ángel Aguirre a asegurarse de que sus promesas no queden en el aire sino que se hagan realidad con pasos concretos.
