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Exige Frente detener criminalización de protesta social en el estado

Exige Frente detener criminalización de protesta social en el estado

Morelia, Michoacán. Una exigencia al Gobierno de Michoacán y a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), para que cese las agresiones y las detenciones arbitrarias en contra de las personas que se manifiestan en la entidad y que garantice investigaciones imparciales, así como la garantía a los derechos a la protesta social y a la libertad de expresión, demandó el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS).

El Frente -que agrupa a organizaciones como ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD, A.C.), Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (Cencos)-, se pronunció contra las acciones realizadas “contra estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, en Tiripetío, Michoacán, y activistas comunitarios por parte de elementos de la Policía Estatal. Primero conocimos de las agresiones contra integrantes del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma (MCDL), especialmente contra Carlos Olivares Valencia, perpetradas en un operativo del que resultaron dos personas detenidas de manera arbitraria. Luego supimos del uso excesivo de la fuerza pública en contra de normalistas que se manifestaron para exigir la liberación de sus compañeros estudiantes el día 15 de octubre, de lo cual resultó la detención arbitraria de 65 personas, así como varias heridas”.

En un comunicado, el FLEPS refiere que el “pasado martes 10 de octubre del 2017 los integrantes del MCDL, principalmente mujeres, niñas, niños y personas adultas mayores, realizaron una manifestación para exigir la evaluación de los daños en las casas y escuelas ocasionados por las explosiones que la empresa PROACON-ALDESA ha estado detonando para la construcción del Ramal Camelinas.

“Alrededor de las 19:30 horas, tras aproximadamente 5 horas de manifestación pacífica en la calle Baltazar Echave, llegó un estimado de 80 elementos de la UROP (Unidad de Restablecimiento del Orden Público) a reprimir violentamente y disolver la manifestación. En medio de estos actos, un grupo de sujetos vestidos de civiles sometió a Carlos Olivares Valencia, quitándole el teléfono celular con que llevaba el registro fotográfico de la manifestación y subiéndolo a una camioneta blanca sin placas. Dentro del vehículo, Carlos fue contínuamente golpeado, insultado y amenazado, según documentó otro miembro del MCDL, Hugo Salas. A pesar de las irregularidades y violaciones a sus derechos, ambos continúan bajo proceso por el delito de ataque a las vías de comunicación, siendo que ambas personas fueron privadas ilegalmente de su libertad”.

En cuanto a la acción contra normalistas, el FLEPS señala que “el viernes 13 de octubre, acompañados de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, normalistas de Tiripetío se encontraban realizando boteo con el fin de obtener recursos para una movilización a realizarse el día 15 del mismo mes, en conmemoración de la represión que sufrieron en la misma fecha en 2012. Cuando se encontraban realizando esta actividad, en la carretera Siglo XXI, policías estatales procedieron a detener a seis personas supuestamente por secuestrar camiones, según versiones de medios locales.

“A raíz de estos hechos, el 15 de octubre alrededor de 300 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Tiripetío se manifestaron a las afueras de las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJE) para exigir la liberación de sus compañeros. Como respuesta, la Policía Estatal desplegó un operativo con 200 elementos que persiguió y agredió a los estudiantes manifestantes, haciendo uso de gas lacrimógeno y deteniendo a 65 personas de manera arbitraria”.

Esta serie de hechos, “violan los derechos a la libertad de expresión, a la libertad de tránsito, a la libertad, a la integridad y a la seguridad jurídica, de los estudiantes normalistas de Tiripetío y de integrantes del MCDL. Vemos con preocupación que se esté utilizando de manera sistemática a la fuerza pública para reprimir a dichos estudiantes y activistas”.

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