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Extraviada información de 273 cuentas en que se operó licuadora financiera

Extraviada información de 273 cuentas en que se operó licuadora financiera

Morelia, Michoacán. En sus archivos contables la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno estatal, carece de la información original de los estados de cuenta de 273 cuentas que se operaron dentro de la cuenta “Cargos por Aplicar”, aquella en la que se operó la llamada licuadora financiera y a la que se le realiza Auditoría Forense por manato del Congreso local.

En el Primer Informe Parcial Trimestral de la Auditoría Forense que realiza la empresa Contadores y Asesores de Negocios PKF México S.C., además se reporta deuda no autorizada por el Congreso del Estado o fuera de la Ley, información extraviada, deficiencias en los registros y documentación no proporcionada, entre otros.

En el caso de las 273 cuentas de las que no se cuenta con información original, éstas abarcan del 2003 al 2008, tiempo en que Humberto Suárez López se desempeñó como secretario de Finanzas del estado tanto en el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, como en el de Leonel Godoy Rangel.

De las 273 un total de 71 corresponden a 2003; 18 de 2004; 23 de 2005; 23 de 2006; 31 de 2007; 51 de 2008; y 56 corresponden a 2009.

Deuda no autorizada

Por lo que toca al tema de la deuda que se operó dentro de la cuenta “Cargos por Aplicar”, en total son 28 empréstitos los que ahí se incluyen por un monto total de 24 mil 324 millones ocho mil 988.11 pesos.

De esos 28 empréstitos existen tres de los que se carece de información, por lo que se desconoce el nombre del banco acreditante.

El monto que abarcan estos tres créditos de los que hasta el momento se desconoce el banco con que se contrataron es por 33 millones 235.4 mil pesos.

De los 25 créditos restantes que se manejaron dentro de “Cargos por Aplicar”, 15 fueron para inversión pública según los registros; de uno no se ha entregado el contrato; seis son de refinanciamiento; y tres más para “solventar las necesidades temporales de tesorería en virtud de la estabilidad económica”.

Asimismo en la Auditoría Forense se han detectado deudas no autorizadas por el Congreso, una por mil 400 millones de pesos contratada al arranque del gobierno de Fausto Vallejo con Afirme, el que debía pagarse en el mismo año en que se contrató que fue en 2012 o en su caso no exceder más allá de la administración en la que fue contratado, cosa que no ocurrió.

Otra contratación sin autorización del Congreso se dio el 15 de diciembre de 2011 durante el gobierno godoyista, ésta fue por mil 450 millones de pesos con Interacciones S.A., empréstito que además no encuadraba con los fines establecidos en la Ley de Deuda Pública del Estado.

Asimismo en esa misma fecha se contratarían con Afirme mil cien millones de pesos también sin autorización del Congreso.

Días después el 22 de diciembre de 2011 se contrataría otro crédito sin autorización del Congreso por mil millones de pesos, también con Interacciones S.A.

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