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Feminicidios, la realidad ignorada por el gobierno en Michoacán

Feminicidios, la realidad ignorada por el gobierno en Michoacán

Rodrigo Caballero/ @RodCaballero

Morelia, Michoacán.-A 20 kilómetros de Los Reyes, un municipio situado en la frontera de la Sierra y la Tierra Caliente michoacana, se encuentra San Rafael Atapan; un poblado pequeño de 2 mil habitantes y, al mismo tiempo, una de las comunidades más azotadas por la violencia de género en Michoacán.

Atapan se localiza entre dos carreteras estatales, una conecta a Los Reyes con Charapan y la otra con Jacona; entrar a San Rafael representa darle vuelta a un cerro por una carretera agreste llena de curvas.

Antes de llegar a Atapan se tiene que pasar por Los Potreros, un conjunto de rancherías y huertos a un lado de la polvosa carretera. Los Potreros no son áridos y el follaje de los pequeños arbustos ha servido para esconder a plena vista los cuerpos de distintas mujeres.

La tipificación del feminicidio

Para que el asesinato de una mujer sea considerado un feminicidio debe tener ciertas características, por ejemplo “que se le haya infringido lesiones infamantes y degradantes, así como mutilaciones previas o posteriores al asesinato”. Las amenazas, el acoso, la violencia y las lesiones anteriores al homicidio también influyen.

Que el cuerpo de una mujer sea expuesto, incinerado o disuelto en ácido también es motivo de clasificación.

El primero de enero de 2007, el Diario Oficial de la Federación publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; años después, el 13 de diciembre de 2011, la Cámara de Diputados reformó el Código Penal Federal para castigar hasta con 60 años de prisión a quienes asesinaran de manera predeterminada a una mujer.

La medida además abría las puertas a las llamadas “alertas de género”, una medida extrema que servía para evitar la “descomposición del tejido social debido a la violencia contra las mujeres”. Sin embargo, la herramienta ha sido poco explotada y sus resultados casi nulos.

En aquellos años, la violencia contra las mujeres se incrementó exponencialmente al grado que, entre enero de 2010 y junio de 2011, 2 mil 273 mujeres habían sido asesinadas. A pesar de ello, en 2012 apenas ocho entidades contaban con legislación local que tomaba en cuenta ésta modalidad del delito de homicidio.

Para abril del 2013, 29 estados de la República contaban con una tipificación de feminicidio, únicamente se negaban Baja California Sur, Chihuahua y Michoacán. A finales de ése mismo año Baja California Sur comenzó los trabajos para la tipificación y el 13 de febrero de 2014 el Congreso del Estado la aprobó por unanimidad.

Tras la legislación en Baja California únicamente Michoacán y Chihuahua faltan por aprobar dicha legislación. Acorde con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) Chihuahua es el segundo estado con más asesinatos de mujeres y Michoacán el séptimo.

Durante el 2014, en Michoacán de Ocampo fueron asesinadas 88 mujeres. Sin embargo, como ya se explicó, este estado no cuenta con la tipificación de feminicidios y la mayoría de ellos quedaron impunes.

Mitin contra feminicidios  (12)

El potrero Buenavista

Un grupo de campesinos le llamaron a la policía al ver un cadáver en su parcela. Se trataba de una mujer de la que nunca se conocería su identidad ya sea porque nunca reclamaron su cuerpo o porque los expedientes judiciales no lo consideraron importante.

Fue la mañana del 9 de septiembre del 2014 cuando encontraron a una mujer de unos 30 años acomodada en uno de los canales que surtían agua a su sembradío. El cuerpo estaba tirado boca arriba en un surco entre plantíos de caña de azúcar y llevaba 15 días a la intemperie.

La piel de la mujer delataba haber sido golpeada y en su cuello tenía marcas que los médicos forenses clasificaron como “típicas de un estrangulamiento”.

Entonces los miembros de la Policía Ministerial notaron que, por la forma en la que había sido asesinada y el lugar donde fue encontrada, era similar a otros cuatro casos. Los asesinatos de mujeres en la región se remontaban al 28 de mayo del 2012.

Erika Kassandra y la alerta de género

Un asesinato que dirigió las miradas hacia Michoacán fue el de una enfermera de 19 años llamada Erika Kassandra Bravo Caro, cuyo cuerpo fue encontrado en un predio de la comunidad de Las Cocinas en Uruapan, Michoacán.

El asesinato se dio a conocer a través de redes sociales como Twitter y Facebook mediante una imagen que generó indignación entre los usuarios. La fotografía mostraba a una mujer en el suelo con la cara desollada. Erika Kassandra no tenía rostro y se podía ver el cráneo blanco a través de la piel.

La enfermera había desaparecido el miércoles 3 de diciembre y sus familiares colocaron anuncios en el periódico para ayudar a localizarla. Se busca, anunciaban con letras grandes y amarillas, “desapareció en la colonia Adolfo López Mateos; vestía uniforme de enfermera. Cualquier información a los siguientes teléfonos”.

Sin embargo, tres días después localizaron su cuerpo. La imagen de la chica con el rostro desfigurado se asoció de inmediato al de Julio César Mondragón, uno de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, que fue ejecutado por miembros de la Policía Municipal.

El ámpula que levantó obligó a las autoridades a actuar rápido. El caso de la enfermera fue atraído de inmediato por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y en menos de una semana se le dio carpetazo final.

En conferencia de prensa, el procurador José Martín Godoy Castro aseguró que el padrastro de Erika Kassandra era el culpable del asesinato. Godoy Castro detalló que algunos ex-novios de Erika les dijeron “que cuando tenía 15 años su padrastro Daniel, hoy en custodia, había tratado de violarla”.

Con base en las declaraciones de supuestos ex-novios, la procuraduría dejó caer todo el peso de la ley en el padrastro y concluyó “las lesiones en su cara, tórax y brazo izquierdo, por sus características, éstas fueron ocasionadas después de la muerte y son típicas de las producidas por la fauna local”.

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El carpetazo y las declaraciones del procurador de inmediato generaron reacciones. Una de ellas fue la del propio gobernador sustituto de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, quien aseguró que una medida de dichas proporciones únicamente ocasionaría “pánico generalizado”.

A pesar de la negativa del procurador de justicia en el Estado y del propio gobernador, el lunes 12 de enero, la Secretaría de Gobernación anunció los trabajos para una posible alerta de género en Michoacán. Sin embargo, ésta no es una realidad en el Estado.

Hace apenas tres semanas, la diputada Cristina Portillo Ayala, quien pertenece a las comisiones de Justicia y Equidad de Género del Congreso del Estado, declaró que a tres meses de la convocatoria para una alerta de género ésta continúa estancada y la Secretaría de Gobierno del Estado no le ha dado cause correspondiente.

La convocatoria de la alerta incluía cifras de enero del 2008 a septiembre del 2014, en ellas se apuntaban 2 mil 117 homicidios dolosos en contra de mujeres, 4 mil 427 casos de violencia intrafamiliar y 2 mil 270 violaciones. Aún así la alerta no se ha emitido.

El comandante cometa

Un buen día, Arnulfo Martínez Valdovinos se encontraba en la Plaza de Armas del municipio de Los Reyes de Salgado, se paseaba por la zona sin preocupaciones. Sin embargo, Valdovinos era monitoreado por agentes de la Policía Ministerial y miembros de la Fuerza Rural del Estado.

Tras 10 minutos de haberlo identificado, tres policías se abalanzaron contra él y lo esposaron, la única fotografía tomada aquel día muestra a un hombre que observa la cámara fijamente con la mirada pérdida.

Arnulfo, apodado ‘El Comandante’ o ‘El Cometa’, es un hombre de estatura media, con cara afilada, nariz chueca y prominente, acompañada por un bigote poblado. Esa fue la descripción que dio la última de sus víctimas, la única que escapó con vida.

15 días antes de su arresto, ‘El Cometa’ levantó a una mujer y la golpeó hasta dejarla inconsciente como lo había hecho en cinco ocasiones más. La llevó hasta un paraje alejado y la abandonó creyéndola muerta.

El propio ‘comandante’ detalló ante los ministeriales que violaba a las mujeres antes de asfixiarlas. En el reporte judicial consta que Arnulfo no tiene ningún remordimiento de lo que hizo.

‘El Cometa’ asesinó a cinco mujeres durante tres años sin que nadie hiciera nada por atraparlo. Lo que comenzó en 2012 con un ataque acarreó otro más en 2013 y culminó con al menos tres muertes en el siguiente año.

Los asesinatos, acorde con el expediente, no eran planeados sino meramente incidentales. Mujeres que estaban en el lugar y momento equivocado cuando ‘El Comandante’ atacaba.

Mitin contra feminicidios  (15)

Es imposible saber qué hubiera pasado si la última de las mujeres no hubiera escapado de la muerte, en el expediente judicial no aparece ninguna evidencia previa a la denuncia de la única mujer que salió con vida.

Durante tres años, a diferencia del caso de Erika Kassandra, la falta de reflectores le permitió a ‘El Cometa’ actuar con impunidad. La Procuraduría General del Estado no hizo ningún esfuerzo por atraer el caso y en ningún momento se pensó siquiera en proclamar una Alerta de Género en la región.

A pesar de ello, en el boletín de la PGJE se destaca el trabajo de los Policías Ministeriales en “la captura del multihomicida”.

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