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Guerra en LXXIV Legislatura en víspera de concluir, dinero el motor

Guerra en LXXIV Legislatura en víspera de concluir, dinero el motor

A cuatro días de concluir funciones, al interior de la LXXIV Legislatura del Congreso, se vive una feroz lucha entre diputados que tienen como razón de fondo el dinero.

Acceder a recursos a manera de “bono de despedida” por parte de diversos diputados, encontró la ventana de posibilidad en la intención del Ejecutivo del Estado por desincorporar diversos inmuebles propiedad del estado para venderlos.

El bloque conformado por legisladores aliancistas (PRD, PRI, PAN), al que se suman los integrantes de la Representación Parlamentaria, venía presionando al Ejecutivo del Estado para que les pagara lo que consideran “adeudos” pendientes por la aprobación pasada de asuntos de interés del gobernador. Los perredistas en bloque incluso se apersonaron en Casa de Gobierno para emitir su ultimátum al mandatario.

La urgencia de Silvano Aureoles para acceder a recursos en los 20 días que le quedan a su gobierno, permitiría el acuerdo entre éste y el bloque aliancista.

Ni la Ley de Patrimonio Estatal, ni el Reglamento de Seguimiento a las Desincorporaciones y Autorización de Comodatos, establece tiempos específicos para la venta de inmuebles luego de ser desincorporados por el Congreso.

De ahí que, de cuajar la sesión de Pleno para autorizar la desincorporación que propone el gobernador, el decreto podría entrar en vigor al día siguiente de su aprobación, y ese mismo día venderse los inmuebles previo acuerdo con los interesados de adquirirlos.

El dictamen para la desincorporación elaborado en comisiones, estableció el concepto “o cualquier otro método de venta”, a fin de no restringir el proceso a una subasta pública, ya que ésta en tiempos, impediría al silvanismo ser el que acceda a los 600 millones de pesos que se prevén de venta.

Existen versiones sobre presuntos ofrecimientos económicos a legisladores para que permitan la desincorporación, el monto sería de al menos tres millones de pesos por cabeza.

Tal escenario ha desatado una guerra al interior del Congreso, debido a que el bloque Morena y parte del PT se opone a la desincorporación que significaría al silvanismo acceder al dinero.

Gracias a la suma de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, la priista Yarabi Ávila González, al proyecto del gobernador electo Alfredo Ramírez Bedolla, el bloque de la Cuarta Transformación ha logrado neutralizar el que se realicen sesiones de Pleno y pueda aprobarse el dictamen de las desincorporaciones.

Yarabí Ávila ha permanecido al frente de la Mesa Directiva más allá del tiempo que había sido inicialmente acordado, sin embargo, su relevo en el cargo no ha podido concretarse por parte del bloque aliancista debido a que los números y las condiciones políticas al interior de la Cámara no se los ha permitido.

Como presidenta del Congreso corresponde a Yarabí Ávila convocar a las sesiones de Pleno así como a la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos, esta última encargada de definir los temas que se incorporarán en las órdenes del día para las sesiones legislativas.

La legisladora no ha convocado a reunión hasta el momento, y frente a las presiones del bloque aliancista presentó esta semana su renuncia a la bancada parlamentaria del PRI. La posibilidad de emprender un procedimiento legal en su contra por impedir que el Pleno sesione, fue advertida en entrevistas ayer jueves por el panista Oscar Escobar Ledesma.

Las acciones de presión hacia la aún priista, derivó ayer en la emisión de un oficio apócrifo, atribuido al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Héctor Octavio Morales Juárez, por el que presuntamente solicitaba a Yarabi Ávila convocar a sesión y sugería la aprobación de las desincorporaciones para poder pagarle a los trabajadores. El Poder Judicial desmentiría la veracidad de tal documento.

Los diputados en funciones y los electos de Morena y PT se han activado buscando atajar toda posibilidad para que las desincorporaciones cristalicen. Ayer los electos se movilizaron frente a los Palacio de Gobierno y Legislativo, fijando su postura y amagando con la promoción de diferentes juicios en caso de concretarse la medida.

Al interior del Congreso, los diputados aún en funciones buscaron tomar el control de la Junta de Coordinación Política del Congreso, que actualmente está presidida por la panista María del Refugio Cabrera.

Bajo el argumento de que el PAN ya no cuenta con la representación suficiente para ocupar la presidencia de la JUCOPO –dos de sus integrantes ya tienen otros cargos- Morena solicitó que dicho espacio pasara a manos de Zenaida Salvador, coordinadora parlamentaria guinda.

 

“Resulta evidente que el Grupo Parlamentario del PAN, no representa el 20% del Congreso, razón legal para que el Grupo Parlamentario de MORENA sea quien presida este alto Órgano Colegiado”, refiere Zenaida Santiago en el oficio dirigido a la JUCOPO, en el que además solicita sean invalidados todos los actos, reuniones y acuerdos tomados a partir del primero de septiembre “por carecer de validez y legalidad”.

 

La respuesta a Zenaida Salvador fue emitida por los coordinadores parlamentarios del PAN, PRD y PRI que forman parte de la Junta en el que argumentan que la panista Adriana Gabriela Ceballos no ha pedido aún licencia. Cabe apuntar que la referida legisladora es ya funcionaria dentro de la administración municipal de Morelia.

Cabe recordar que la LXXIV Legislatura concluye funciones el próximo martes 14 de septiembre.

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