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Por haber espiado a michoacanos, Silvano podría ir hasta 12 años a prisión

El Código Penal Federal establece las penas para quien intervenga las comunicaciones privadas de los ciudadanos, mismas que la propia Constitución Mexicana califica de inviolables

 

Morelia, Michoacán.- El ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo podría ir hasta 12 años a prisión, de comprobarse que espió a las michoacanas y michoacanos mediante la contratación de un software de monitoreo de las direcciones IP en la entidad.

 

Y es que en días pasados salió a la luz pública el contrato CADPE-1SGAB-001/17, el cuál fue firmado por la administración del perredista con el objetivo de presuntamente espiar a toda persona que se encuentre dentro del territorio estatal.

Pese a que se firmó debidamente un contrato entre la empresa Integra Software y el Gobierno de Michoacán, los servicios que le facilitó a la administración estatal están por fuera del marco legal mexicano.

En primer lugar, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: “Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares”.

Por ello, ninguna autoridad puede intervenir las comunicaciones sin previa autorización judicial, ya que estaría cometiendo una violación constitucional, la cuál detalla el Código Penal Federal.

Y es que de acuerdo al Código Penal Federal, en su artículo 177 se establece lo siguiente:

 

Artículo 177

A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa.

Así, en caso de que se compruebe que Silvano Aureoles utilizó dicho software para interceptar comunicaciones privadas sin previa orden judicial, estaría incurriendo en un delito en materia de vías de comunicación, el cuál es considerado un delito federal y por lo tanto, grave.

Cabe señalar que hasta el corte de la edición, no se conoce de la existencia de ningún tipo de orden judicial previa que haya justificado la intervención de las comunicaciones de ciudadanas y ciudadanos dentro del territorio estatal.

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