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Hace historia Pichátaro, TEPJF falla a su favor para garantizar autogobierno

Hace historia Pichátaro, TEPJF falla a su favor para garantizar autogobierno

Patricia Monreal / @Michoacan3_0

La comunidad indígena de San Francisco Pichátaro en el municipio de Tingambato, escribió historia este miércoles en Michoacán, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fallara a su favor en torno al ejercicio de presupuestos directos, argumentando que “autonomía sin recursos no es autonomía”.

Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Sala Superior concedió la razón a Pichátaro sobre el juicio promovido en contra del ayuntamiento de Tingambato por rechazar la posibilidad de entregar el presupuesto que le corresponde a la comunidad para que ésta lo administre, y mandató al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) a efectuar una consulta pública a la comunidad para determinar si está o no a favor de que sean sus autoridades comunales las encargadas de dicha administración.

En las diferentes participaciones de los magistrados que votaron a favor del proyecto de sentencia elaborado por el magistrado Salvador Nava Gomar, aseguraron que con su determinación lo que están haciendo es materializar el autogobierno en las comunidades, y recalcaron que de considerar que la Sala Superior no es competente para resolver este asunto, entonces no habría ningún Tribunal Constitucional que escuchara la comunidad y tutelara su derecho a la participación política.

Cabe apuntar que con el fallo del Tribunal, la comunidad indígena de Pichátaro está escribiendo historia en torno a la defensa de los derechos indígenas tal y como lo hizo Cherán en su momento, ya que abre la puerta en Michoacán a una nueva forma de relación entre comunidades y ayuntamientos.

Durante la sesión de la Sala Superior, al discutir el juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano SUP-JDC-1865/2015 promovido por Picátaro, el único magistrado que mostró rechazo a la sentencia propuesta por Nava Gomar, fue Flavio Galván, quien consideró que el asunto no reunía los supuestos legales de un JDC, por tratarse de un asunto de carácter administrativo y presupuestal.

Pero la postura del resto de los magistrados fue contraria, pues coincidieron todos que de fondo lo que se trataba era de tutelar el ejercicio pleno de su participación política de Pichátaro en su carácter de comunidad indígena.

Durante su intervención, Salvador Nava Gomar señaló que la sentencia tiene que ver con la autodeterminación, autogobierno y participación de las comunidades indígenas, “la calidad y cualidad de las comunidades indígenas a partir del artículo segundo constitucional, permite potenciar desde el artículo primero los derechos de las comunidades”.

Señaló que si bien el asunto nace en una cuestión para que se permita a Pichátaro ejercer recursos como comunidad, sí tiene que ver con los derechos de autodeterminación, autogobierno y participación indígena, “el caso incide en el corazón de este derecho, a la luz de los principios de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos”.

Señaló que en este caso hay falta de reconocimiento constitucional de las autoridades municipales a la comunidad y por ende de sus derechos consagrados en la máxima norma nacional, lo que genera un estado inconstitucional de las cosas, lo que afecta a la comunidad al impedirle el ejercicio pleno de sus derechos humanos básicos.
“Tenemos que partir del hecho de la existencia de regímenes municipales diferenciados en el país, el proyecto se limita a precisar el reconocimiento de los derechos de la comunidad”.

Por su parte el magistrado Manuel González Oropeza señaló que estados como Michoacán no tienen un reconocimiento todavía pleno de los derechos indígenas a pesar de los tratados internacionales y las normas nacionales
“En este estado no hay un reconocimiento de las comunidades indígenas y por tanto se da su desconocimiento, están abandonadas por el legislador y las autoridades que no saben a dónde dirigirse para poder encuadrar los derechos indígenas, esto a diferencia de otras entidades donde las comunidades son el centro de muchas de sus leyes y políticas públicas”.

Ejemplificó casos de autonomía sin recursos, como el que de inicio vivió la Universidad Autónoma de México cuando fue creada en la recta inicial del siglo pasado, “autonomía sin recursos no es autonomía”, subrayó.

“Aquí la comunidad lo que busca es tener autonomía presupuestal y manejo de su presupuesto, yo lo veo totalmente ligado a la autonomía indígena consagrada en la Constitución”.

El presidente del Tribunal, Constancio Carrazco Daza apuntó a su vez que la sentencia plantea que a partir de a autoadscripción de la propia comunidad como indígena se dé la posibilidad de una consulta para que sea ésta la que determine y exija recibir los recursos públicos que le corresponde y la manera de administrarlos.

“Estamos debatiendo el derecho de la comunidad a ser consultada sobre un presupuesto, lo que tiene su base en el bloque constitucional de derechos humanos; estamos hablando de una medida administrativa derivada de la Ley Orgánica Municipal que les está afectando de manera directa en el desarrollo de la comunidad en todos sus órdenes.

“El Convenio de la OIT potenciado con la Constitución está diciéndole a los gobiernos que deben a partir de que los pueblos interesados tienen el derecho a decidir sus propias necesidades en lo que atañe a su desarrollo, tienen el derecho de controlar, es decir administrar en la medida de lo posible su propio desarrollo social y cultural. ¿Podrá hacerlo la comunidad sin los recursos?, la respuesta es no, no hay manera de cristalizarlo, es necesaria la administración de los recursos para hacerlo.

“Tenemos a partir de la lógica de OIT, debemos reconocer como piso mínimo el derecho de consulta de la comunidad para definir si da su consentimiento a que sus autoridades administren los recursos que le corresponden de los municipios; si no desarrollamos la posibilidad de la consulta, le negaríamos los mecanismos de tutela judicial para hacer vigente los principios que se desarrollan en el Convenio de la OIT.

“Estamos discutiendo el derecho a la consulta y ese es un derecho de participación política, así que el proyecto acierta cuando pone desde esa perspectiva el debate. Estamos pretendiendo hacer progresividad en los derechos de las comunidades”.

En tanto, la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa señaló la importancia de que la sentencia tenga un tratamiento en el que se destaque la tutela y protección del pleno ejercicio del derecho de autogobierno indígena que no se restringe sólo a la elección de sus autoridades sino a participar efectivamente en los asuntos públicos.

“Lo que nosotros estamos conociendo, interpretando y tutelando es el derecho de la participación de una comunidad indígena inserta en un municipio clasificado como no indígena; de acuerdo a nuestros principios constitucionales está la obligación del Estado a tomar las medidas necesarias para la plena participación indígena en los asuntos públicos, no sólo políticos sino también administrativos que tengan impacto en el desarrollo de la comunidad. Estamos tutelando el ejercicio pleno del derecho de autogobierno en su vertiente de participación».

“De no considerar que es competente esta Sala no habría un Tribunal Constitucional en este caso concreto que escuchara a esta comunidad y tutelara el ejercicio pleno de su participación política. La vinculación a la consulta previa a la comunidad para que sea ésta a través de sus sistemas normativos la que determine la forma en que quiera participar en la administración y planeación de sus recursos tiene sustento en el artículo segundo constitucional».

“Lo que estamos haciendo es materializando es el autogobierno, el cual necesita contar con los recursos necesarios para la instauración de sus políticas públicas de acuerdo a la cosmovisión de la propia comunidad”.

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