HomeEspeciales 3.0Heredará Silvano litigio en Corte por contratación irregular de 1.6 mmdp de deuda

Heredará Silvano litigio en Corte por contratación irregular de 1.6 mmdp de deuda

La administración de Silvano Aureoles Conejo, heredará a su sucesora un litigio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la federación, el Senado de la República y el Congreso Federal, a raíz de la contratación irregular de deuda por 1.6 mil millones de pesos.

El tema parte de la negativa emitida el pasado 24 de agosto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General Adjunta de Deuda Pública de Entidades Federativas y Municipios para inscribir mil 621 millones 967 mil 364.46 pesos en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de las Entidades Federativas y Municipios convenido a través de una asociación público-privada realizada entre el Gobierno del Estado y la empresa SPE Michoacán Seguro, S.A. de C.V.

En medio de protestas en contra de más endeudamientos, la noche del 13 de septiembre de 2018, la LXXIII Legislatura local celebró su última sesión de Pleno. En ella se aprobó el dictamen de la iniciativa turnada nueve días antes por Silvano Aureoles, solicitando la autorización de un empréstito por mil 740 millones 725 mil pesos.

El argumento fue la construcción del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como su equipamiento.

El decreto 653 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado al día siguiente de su aprobación, en él se autorizaba la contratación de los 1.7 mil millones de pesos para “gastos y costos relacionados con la contratación del proyecto, para la contratación del servicio de conectividad, monitoreo de seguridad y de radiocomunicación como solución integral de enlace para el Estado de Michoacán de Ocampo, bajo la modalidad de asociación público-privada”.

El proyecto silvanista siguió caminando, y en 2019 el Gobierno Estatal celebraría el contrato CAPP-SSP-LP-APP01/2019 con la empresa SPE Michoacán Seguro, S.A. de C.V. para la constitución de la Asociación Público Privada que tendría en sus manos la ejecución del proyecto con los 1.7 mil millones de pesos autorizados al Ejecutivo.

SPE Michoacán Seguro, es una empresa de la que prácticamente no puede encontrarse rastro en la web, carece de un sitio oficial en donde señale sus objetivos, alcances o número de clientes.

La dirección de la empresa está ubicada en Bosques de Alisos, 45B, en Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, edificio que alberga oficinas del Banco Finterra, de ING Banco, Bracsa de México, entre otras.

Los datos de SPE Michoacán Seguro, S.A. de C.V. dentro del Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda, refieren su inicio de operaciones el 11 de diciembre de 2019, es decir, el mismo año que firmó contrato con el Gobierno del Estado. Pese a su reciente creación tuvo en sus manos la operación del millonario monto autorizado a la administración silvanista.

El 18 de septiembre de 2019, el gobernador publicitaría la inauguración de lo que llamó el C5-i más grande de América Latina, presumiendo su conexión con 11 subcentros distribuidos en el territorio estatal, lo que –aseguraba- permitiría monitorear en tiempo real 6 mil 60 videocámaras en todas las regiones del estado.

En la revisión de la Cuenta Pública Estatal de 2019, la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), realizó una auditoría especial a la partida presupuestal 61212 de la Secretaría de Seguridad, referente a edificaciones para la Seguridad Pública, Policía y Tránsito, respecto a la Asociación Público Privada (APP) contratada para el C5.

Ahí el órgano fiscalizador emitió tres observaciones preliminares de las que dos fueron ratificadas, determinando la falta de cumplimiento de la inscripción en el Sistema del Registro Público Único, del contrato celebrado por el Gobierno Estatal y SPE Michoacán Seguro, S.A. de C.V. Asimismo la auditoría determinó incumplimiento por la construcción del C5.

En su primer informe semestral de 2021, en su apartado sobre presuntas irregularidades, la ASM reitera el señalamiento de la omisión en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, “del contrato número CAPP-SSP-LP-APP01/2019, celebrado Bajo la Modalidad de Asociación Público-Privada por el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo y SPE Michoacán Seguro, S.A. de C.V., Incumplimiento por la Construcción del C5”.

A fin de alargar tiempos y postergar las posibles consecuencias de las irregularidades registradas, el Ejecutivo del Estado optó por promover una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la negativa de incorporar esta operación dentro del Sistema del Registro Público Único.

La controversia número 112/2021, fue aceptada para su análisis por la Corte, según acuerdo emitido el pasado día 13.

De manera concreta Silvano Aureoles está controvirtiendo el oficio 351-A-PFV-01249 del 24 de agosto de 2021, de la Secretaría de Hacienda por el que se determinó el desechamiento del trámite de inscripción en el Registro de la asociación público-privada conformada por el Gobierno del Estado y SPE Michoacán Seguro, S.A. de C.V. hasta por la cantidad de mil 621 millones 967 mil 364.46 pesos.

Además ha decidido controvertir el Decreto por el que se emite la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016, en específico sus artículos 13, concerniente al Reglamento del referido Registro.

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