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Imponen inhabilitaciones en abonos chiquitos a funcionarios, van 402 en 15 años

Morelia, Michoacán. Inhabilitaciones en abonos chiquitos son las que se imponen en Michoacán a funcionarios que incurren en irregularidades durante sus funciones, de tal suerte que en los últimos 15 años van 402 sanciones de este tipo impuestas por la Contraloría del Estado a servidores públicos.

Y es que las inhabilitaciones en su mayoría son por periodos cortos de tiempo, generalmente un año aunque existen casos de más tiempo y otros que tienen dos o tres sanciones para un mismo funcionario.

En la relación de inhabilitados de la Contraloría destacan nombres conocidos en el ámbito público en los últimos 25 años: Juan Benito Coquet Ramos, Desiderio Camacho Garibo, Mirella Guzmán Rosas, Roldán Álvarez Ayala, Cuauhtémoc Ramírez Romero, Valentín Rodríguez Gutiérrez, Alejandro Avilés Reyes, Guillermo Vargas Uribe, Jorge Luis Tinajero Escobedo, José Manuel Romero Navarro, Martín Samaguey Cárdenas, entre otros.

El número más alto de inhabilitaciones por año corresponde a procesos abiertos durante el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel en 2003, con un total de 67 casos.

El gobierno de Salvador Jara Guerrero posicionó al 2014 como el segundo año con mayor número de procesos abiertos que finiquitaron en inhabilitaciones, con un total de 52 asuntos.

En tanto, con Fausto Vallejo Figueroa se ubica el 2012 como el tercer año con mayor número de expedientes abiertos que derivaron en inhabilitación con un total de 51.

El dato duro

La mayoría de los servidores públicos inhabilitados son por un año, con un total de 305 casos según los reportes de la Contraloría; inhabilitaciones por dos años existen 49; por tres son 22; por cinco 16; por cuatro son cinco; y las restantes oscilan entre un año y medio y dos años y medio.

En cuanto a los casos de inhabilitación por año de expediente, seis corresponden a 2001; ocho en 2002; 67 en 2003; 24 en 2004; 20 en 2005; 30 en 2006; 16 en 2007; nueve en 2008; 27 en 2009; ocho en 2010; 24 en 2011; 51 en 2012; 43 en 2013; 52 en 2014; y 17 en 2015.

Las inhabilitaciones han sido determinadas por la Contraloría tanto como Secretaría como Coordinación según el carácter que ha tenido con el transcurrir del tiempo.

Los más inhabilitados son los jefes de departamento, ahí son 77 los casos registrados hasta el momento; les siguen los que ocuparon alguna dirección con un total de 72 asuntos.

En materia de seguridad las inhabilitaciones varían, por ejemplo los agentes ministeriales son los que registran mayor número de inhabilitaciones con 31 casos; les siguen los jefes de Grupo de la Policía con nueve casos; hay siete casos de policías inhabilitados; cinco de celadores; tres de jefes de seguridad, y uno de un elemento del Grupo de Operaciones Especiales.

En la lista de los funcionarios inhabilitados siguen los administradores con 24 casos; los delegados administrativos al igual que los subdirectores con 18 cada uno; los coordinadores con 16; los titulares de Secretarías con 15; los servidores públicos (así catalogados por la Contraloría) con nueve casos; ocho de asesores, oficiales del Registro Civil, supervisores de obra y receptores de renta respectivamente.

También existen cinco casos de subsecretarios, y cuatro casos de enlaces, profesores y técnicos respectivamente; tres casos de cajeros, auxiliares administrativos, encargados, líderes de proyectos y residentes cada uno. Con dos casos están los cargos de secretaria, secretario técnico, defensor de oficio, intendente y jefe de unidad.

Los cargos que registran un caso de inhabilitación son: asistente de Contabilidad, apoyo administrativo y técnico, auxiliar de admisión, auxiliar de almacén, auxiliar del Registro Civil, auxiliar jurídico, comisionado, contralor, delegado regional, gerente, inspector, jefe de Oficina, jefe de Servicio, médico, personal Adscrito, secretario ejecutivo, responsable del área de contabilidad, secretario de Delegación Sindical, secretario Particular y verificador.

Por lo que toca a las dependencias, la Procuraduría General de Justicia es la que más casos de inhabilitaciones tiene con 49; le sigue la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas con 24; Secretaría de Seguridad Pública tiene 14; el Colegio de Bachilleres ocho; la Secretaría de Salud ocho; la Secretaría de Educación siete. El resto de las dependencias registran entre uno y cuatro casos cada una.

Los nombres

Múltiples son los nombres conocidos de personajes públicos que han sido sujetos a inhabilitación por parte de la Contraloría, muchos de ellos ya cumplieron el tiempo de sanción impuesto y se desempeñan ya en algún otro cargo público.

De los más añejos está el exsecretario de Educación y de Gobierno del tinoquismo, Juan Benito Coquet Ramos a quien dentro del expediente SR-24/2002 se le inhabilitó en el 2004 por un periodo de seis años.

Otro de los casos añejos es el exdiputado local Martín Samaguey Cárdenas, a quien en 2003 la Contraloría dentro del expediente SR/054/03 lo inhabilitó por un año.

También de los añejos está el caso SR-041/03 en el que se inhabilito por un año al secretario particular del titular de la Comunicación Social de gobierno, Sergio Ramón Palomino Domínguez.

Entre los casos más añejos destaca el de David Correa González, quien siendo secretario general de la Delegación Sindical DIII-6 del SNTE fue inhabilitado por dos años en 2006, por un expediente que se le abrió en 2003. Además a él la contraloría le mandató el reintegro por un millón 840 mil 230 pesos.

Un par de directores del Comité de Adquisiciones han sido inhabilitados por la Contraloría, se trata de Oscar Alfredo Mendoza Ahumada por tres años e Irma Aurora Villaseñor Ávila por un año.

Está el caso de Tito Emigdio Fernández Torres, como subsecretario de Obras Públicas que fue muy sonado en tiempos el lazarismo por sus vínculos con el empresario Carlos Ahumada Kurtz. A él se le impusieron dos inhabilitaciones, una por tres y otra por cuatro años, así como la orden de reintegrar 294.8 mil pesos al erario público.

El exdiputado local y ex titular de la Secretaría de Pueblos Indígenas en el vallejismo, Alejandro Avilés Reyes también aparece como uno de los inhabilitados por irregularidades detectadas cuando laboró en una cartera dentro de la Secretaría de Educación. La sanción fue por dos años.

También está el caso del aguacatero Valentín Rodríguez Gutiérrez quien ha sido en dos ocasiones alcalde de Tacámbaro y ex diputado local. En 2003 fue inhabilitado por un año debido a responsabilidades que se le fincaron del tiempo que se desempeñó como titular de la Coordinación de Desarrollo Regional de Tierra Caliente.

El exalcalde de Apatzingán Roldán Álvarez Ayala, aparece con inhabilitación de tres años en 2014 por lo detectado a su paso como coordinador general en la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas del Estado.

Cuauhtémoc Ramírez Romero, quien fuera diputado local por el PRI y dirigente de la CNC en el estado también aparece en la relación de los inhabilitados por un año en 2016, esto tras su paso por la titularidad de la Comisión Estatal del Agua durante el tiempo de Jesús Reyna García como gobernador.

A la exsecretaria de finanzas del Estado Mirella Guzmán Rosas, se le tiene con siete expedientes todos ellos concluyen en inhabilitación, cuatro por un año, dos por dos años y una por seis años. En total a ella se le impusieron 14 años de inhabilitación.

Otro nombre en el listado es el de Desiderio Camacho Garibo por irregularidades detectadas en tiempos en que fue titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas en el gobierno de Leonel Godoy Rangel.

Camacho Garibo aparece con seis expedientes, en tres se le inhabilita tres años, en dos son dos años, y en uno más es un año. En total son 14 años de inhabilitación impuesta para él.

La subsecretaria de finanzas Guadalupe Maciel Camacho, tiene un expediente en el que se le inhabilita un año, y otro más que la suspende por seis. Asimismo se le ordena reintegrar al erario un monto por tres millones 577 mil 554.84 pesos.

El actual director del Instituto de Capacitación para el Trabajo, Gerardo García Ambriz, fue inhabilitado un año en 2015 por la investigación interna contenida en la carpeta DRSP-PAR-246/2013 de cuando fue responsable del área de contabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública.

También en el listado aparece Guillermo Vargas Uribe inhabilitado por tres años por irregularidades detectadas cuando fue director general del Centro de Investigación y Desarrollo del Estado. Además se le mandató el reintegro de 307 mil 152.2 pesos.

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