HomeActualidadIncorporar aguas subterráneas al marco legal, insisten investigadores al Congreso de la Unión
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Incorporar aguas subterráneas al marco legal, insisten investigadores al Congreso de la Unión

En México el uso de las aguas subterráneas pasa por una sobreexplotación de mantos acuíferos y problemas de disponibilidad en cuencas hidrológicas que se refleja en una baja de 78 por ciento en el acceso al recurso, señalan investigadores participantes en una iniciativa que busca normar el uso de estos recursos hídricos ante un vacío legal en el país que posibilita su uso sin permiso alguno y sin que exista un inventario de los sistemas que integran sus flujos.

En la presentación de motivos que plantean en su “Ley de Aguas Subterráneas: una propuesta”, los investigadores Carmen Carmona Lara, José Joel Carrillo Rivera, Gonzalo Hatch Kuri, Rafael Huizar Álvarez y Marcos Adrián Ortega Guerrero, señalan que México mantiene un rezago en la legislación sobre éste recurso, que se reitera con la propuesta de Ley General de Aguas planteada en el año 2015, donde “olvidaron el Derecho Humano al Agua consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en especial lo explícito en la falta del Estado en garantizar este derecho y propiciar una participación ciudadana para conseguir dichos fines”.

Los investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), alertan sobre una reforma al marco legal planteada en la propuesta denominada “Ley Korenfeld”, en alusión al ex director de la Comisión Nacional del Agua y que, aducen, además de no integrar el apartado correspondiente sobre aguas subterráneas, propicia la permisividad “para contaminar las fuentes de agua, la falta de claridad en una administración y gestión del agua por el Estado”, al igual que la carencia de sobre los llamados acuíferos transfronterizos, que en el caso del país se comparten con los Estados Unidos en el norte y con Guatemala y Belice en el sur.

En la propuesta que pretenden sea tomada en cuenta por los legisladores del Congreso de la Unión, los académicos ponen de relieve que en México “la Constitución permite el libre alumbramiento del agua subterránea sin necesidad de permiso, y en el caso de zonas no reglamentadas su aprovechamiento es mediante concesión”.

Tras destacar que desde los años 1950 al 2013, la “disponibilidad” de agua por habitante cayó un 78 por ciento, de 18 mil 035 a 3 mil 982 metros cúbicos por habitante, de las 731 cuencas hidrológicas, 104 (que representan 14 por ciento), “tienen problemas de disponibilidad y de los 653 acuíferos, 106 están sobreexplotados o sea, el 16 por ciento”.

Alertan por igual sobre los factores que ponen en riesgo la recarga de acuíferos, tales como “la deforestación de bosques, lugares de recarga por excelencia y el cambio de uso del suelo de áreas verdes a zonas pavimentadas (crecimiento de áreas urbanas) o desmontes para uso agropecuario”.

No obstante estos contextos, añaden en su iniciativa, “la ley vigente y la política hídrica del país no permiten una planeación y gestión del agua adecuada e integral, tosa vze que se construye sobre conceptos, bases y datos endebles” y que “para efectos legales y de política pública, el agua subterránea está desvinculada del agua superficial”.

El agua subterránea, pese a las vedas y decretos de reserva establecidos por el gobierno federal desde al año 2013, “se extrae pero no se estudia con precisión, no se mide en cantidad y calidad, no se sabe el caudal que se extrae, ni cuantos pozos existen y en qué condiciones se encuentran”.

Los investigadores señalan que en este mes de abril, cuando culmina el periodo de sesiones en las cámaras de diputados y senadores para ingresar a un periodo de receso y asuman las nuevas legislaturas, se podría dar la aprobación de un marco legal cuestionado y que deja sin defensa legal las aguas subterráneas en México, con el riesgo de que su uso favorezca a empresas que requieren de altos volúmenes de las mismas como las automotrices y la refresqueras, además de que su sobreexplotación favorece fenómenos como el fracking y la contaminación con elementos pesados y sus consecuentes riesgos para la población.

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