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Iniciativa privada cada vez más interesada en las prisiones federales

Iniciativa privada cada vez más interesada en las prisiones federales

Revolución 3.0

La iniciativa privada ha puesto durante los últimos cuatro años, especial énfasis en las prisiones federales a la hora de invertir pues destinó 40 mil millones para la construcción de 8 penales, aunque como algunos especialistas apuntan lo que en verdad es necesario es un programa integral.

De acuerdo a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), actualmente operan 16 Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso), de lo que el 78 por ciento cuenta con apoyo del sector privado, incluyendo licitaciones de construcción e incluso prestación de servicios.

Por ejemplo están las empresas del ramo constructor como Interacciones, Prodemex, Arendal, GIA, ICA y Homex que en 2010 ganaron licitaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para edificar ocho Ceferesos, y hasta para brindar servicios alimenticios, jardinería y laboratorios médicos.

El vicepresidente de Arendal, Jesús García Pons afirmó estar de acuerdo en que se briden más licitaciones, además de que ya contemplan otros mercados. “Estamos esperando o buscando la segunda ronda de estos centros que se va a venir para seguir invirtiendo en esto, e incluso estamos hablando con gobiernos de otros países para realizar el mismo esquema de Asociación Público Privada”, manifestó el directivo.

Por su parte, el director de Finanzas de ICA Infraestructura Pablo García Aguilar explicó que dichas inversiones son buenas y benéficas a largo plazo. “Se logró que la IP financiara 40 mil millones de pesos de golpe (para los ocho penales), lo que bajó el presupuesto federal: iba a ser muy difícil que la SSP tuviera ese presupuesto”, arguyó el empresario.

Para Luis Zárate, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), lo positivos de estos acuerdos es que permiten a las constructoras mexicanas tener trabajo y ganar experiencia.

Sin embargo, para Guillermo Andrés Aguirre, tercer visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tales contratos lo único que generan es aumentar el gasto. “De algún modo incrementó el costo, de 350 pesos promedio por interno en el sistema federal a mil 650 pesos promedio diarios”, sentenció.

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