El 10 de enero de 2013 el comandante Chávez continuaba hospitalizado en Cuba, batallando contra la enfermedad que le quitaría la vida tres meses después. Ese día debía juramentarse como presidente reelecto para el período 2013-2019, luego de la contundente victoria electoral del 7 de octubre de 2012.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) había determinado que no era imprescindible la juramentación de Chávez ante la Asamblea Nacional para iniciar el nuevo período constitucional en virtud de que se trataba de un presidente en ejercicio y reelecto: esta formalidad podría cumplirse luego y ante el TSJ.
Se trataba, fundamentalmente, de garantizar el cumplimiento de la voluntad del pueblo expresada en las elecciones de octubre, en apego, además, al principio de continuidad de lo poderes públicos. La falta temporal del presidente Chávez no debía ser impedimento para que se iniciara su nuevo mandato tal y como lo había ordenado la soberanía popular.
Un acto político y una masiva movilización popular se realizaron en la avenida Urdaneta de Caracas, para respaldar lo que aquella sentencia del TSJ establecía y refrendar simbólicamente el inicio de ese nuevo período presidencial del comandante Chávez.
Allí, miles de personas con la Constitución en la mano, ataviados con una banda presidencial que atravesaba diagonalmente sus torsos simbolizando la soberanía popular que es sustrato y basamento del cargo de presidente de la república, con la mano derecha alzada y en cadena nacional de radio y televisión, realizaron el juramento propuesto por el entonces vicepresidente Nicolás Maduro:
“Juro, frente a esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, absoluta lealtad a los valores de la patria, absoluta lealtad al liderazgo del comandante Chávez. Juro que defenderé esta constitución, nuestra democracia popular, nuestra independencia y el derecho a construir el socialismo en nuestra patria. Juro que me comprometo a llevar adelante el programa de la patria, en cada barrio, en cada fábrica, en cada escuela, en cada esquina, en cada plaza, en cada familia. Juro, por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que defenderé la presidencia del comandante Chávez, en la calle, con la razón, con la verdad y con la fuerza y la inteligencia de un pueblo que se ha liberado del yugo de la burguesía. Aquí en Caracas, hoy 10 de enero, le decimos al comandante Chávez: Comandante, recupérese, que este pueblo ha jurado y va a cumplir lealtad absoluta”.
Bastante agua ha corrido bajo el puente desde entonces. Y, a pesar de todas las dificultades, agresiones y amenazas externas y contradicciones internas, el gobierno bolivariano sigue en pie y el pueblo venezolano manteniéndose mayoritariamente del lado de los principios rectores del proyecto de transformación social y liberación nacional encarnado por la revolución bolivariana.
El presidente Chávez falleció, Maduro fue electo, hubo violencia fascista para impedir esa victoria, la gente y el gobierno la enfrentaron y la derrotaron, inició la escalada brutal de la guerra económica, hubo después más violencia fascista durante la llamada “Salida” encabezada por Leopoldo López y nuevamente fue derrotada, hubo más guerra económica y agresiones políticas y diplomáticas, fuimos declarados por EEUU como una amenaza inusual y extraordinaria para su seguridad y la del continente todo, hubo más y más feroz violencia fascista y ésta nuevamente fue conjurada, arreció la asfixia económica, ahora formal y frontalmente decretada y asumida por EEUU, Canadá y la Unión Europea, aumentó la presión internacional y llegaron las amenazas de agresión e invasión militar.
A seis años de aquel 10 de enero aquí estamos, en el más adverso de los escenarios, enfrentados cara a cara con las amenazas y agresiones de EEUU, viviendo la más profunda crisis económica, con el salario pulverizado por la hiperinflación desatada, padeciendo las vicisitudes cotidianas causadas por el cuasicolapso de los servicios públicos de transporte, electricidad, telefonía, salud, educación, agua potable, recolección de basura y distribución de gas doméstico, y azotados por la corrupción que no logra ser controlada y por la indolencia, la ineficiencia y el burocratismo enquistado en las instituciones del Estado.
A pesar de una drástica caída en la popularidad del gobierno bolivariano y de un importante aumento de la abstención, luego de cuatro victorias electorales en el transcurso de un año, hoy todos los espacios formales del poder están en manos del chavismo, y la oposición política sigue fragmentada, sin liderazgo ni proyecto, desmovilizada y sin capacidad para capitalizar políticamente el descontento popular y la desafiliación chavista, clamando a gritos en el escenario internacional por una intervención extranjera que haga lo que ellos han sido incapaces de lograr.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana no ha sucumbido a las campañas para quebrarla y desmoralizarla ni a las presiones nacionales e internacionales para transformarse en instrumento de un golpe de Estado.
Tampoco ha ocurrido un estallido social: las continuas y crecientes protestas por demandas salariales y laborales, así como por la ineficiencia de los servicios públicos y los graves retrocesos en materia de garantía de derechos, no desconocen al gobierno y las autoridades, no son insurreccionales ni escalan hacia la violencia, sino que constituyen más bien una demostración de ejercicio democrático, de derecho al reclamo y la interpelación a la dirigencia política de todos los niveles, a funcionarios públicos indolentes, burocratizados, corruptos e ineficientes.
Lo mismo ocurre con el debate público y mediático, cada vez más crítico y mordaz pero siempre propositivo y leal, cada vez más decidido a continuar denunciando, interpelando, evidenciando las contradicciones y señalando desviaciones, traiciones, inconsistencias. Estas formas de protesta son, a fin de cuentas, aunque dispersas y sin cohesión, ejercicio de organización y movilización popular, bases de la verdadera democracia.
Si algo ha sido clave en que lleguemos hoy 10 de enero a la juramentación de un presidente chavista para iniciar un nuevo período presidencial, es el cumplimiento pleno de aquella lealtad popular jurada a Chávez y a la patria en el 2013.
Sin esa lealtad mayoritaria de la gente no se habría preservado la paz en los complejos escenarios de violencia híbrida en abril de 2013, a principios de 2014 y entre abril y julio de 2017, sin la apelación a la soberanía popular y al poder constituyente originario no hubiera sido posible la Asamblea Nacional Constituyente ni la seguidilla de victorias electorales que terminaron por conformar para las fuerzas chavistas el más favorable cuadro político interno y el piso de democracia e institucionalidad con el que puede ejercerse la defensa del país en el escenario internacional y puede continuar materializándose la solidaridad internacional de pueblos y gobiernos del mundo.
Y es, paradójicamente, sobre esa lealtad popular que ha recaído el peso más fuerte de la crisis económica: no ha sido sobre la banca ni sobre la oligarquía ni sobre las élites políticas y económicas del país sino sobre la gente de a pie, sobre la gente de nuestros barrios, campos, pueblos y ciudades. Sobre los hombros de la clase popular y la clase media es donde ha recaído el mayor peso de la crisis.
Han sido importantes la unidad política e institucional del chavismo, la unidad de la FANB y la conducción electoral que la dirigencia política ha realizado, pero el sustrato clave, la pieza central de todo este complejo proceso de resistencia ha sido el sostenimiento vivo de la esperanza, de la capacidad de lucha, de la conciencia patriótica y la disciplina política de millones de venezolanos y venezolanas en todo el territorio nacional.
Estos millones de personas, nucleadas principalmente en los instrumentos políticos y sociales del chavismo, como el Psuv y otros partidos, movimientos y organizaciones sociales, gremios y sindicatos, colectivos, medios de comunicación alternativos y comunitarios, consejos de trabajadores, estudiantes y campesinos, consejos comunales y comunas, que se han mantenido apoyando al gobierno bolivariano, rechazando la dirigencia opositora y la injerencia extranjera, lo ha hecho también por un profundo apego a los principios de la revolución bolivariana, y la defensa las conquistas sociales y políticas logradas durante la revolución bolivariana, que por la acción de factores internos (además de los externos) movidos por intereses económicos y grupales, han venido estancándose, retrocediendo, siendo desmontadas en algunos casos.
De allí, a su vez, que se exija a la dirigencia política, cada vez con mayor fuerza, el cese de la corrupción y los privilegios, la lucha codo a codo junto a la gente para encarar las dificultades, la salida de las oficinas y del aire acondicionado, la ruptura con el lujo y las comodidades institucionalizadas, el reimpulso de los espacios de participación popular y ejercicio de la democracia directa, el ejercicio franco del debate serio y vinculante, el acceso público y sin limitaciones a la información sobre la gestión de gobierno, las políticas públicas, la asignación y ejecución de recursos, los indicadores económicos y sociales, la participación directa en la planificación, ejecución y contraloría de acciones de gobierno en los municipios y estados, la democratización de los recursos existentes, tanto financieros como tecnológicos y de insumos, para la inversión económica productiva.
Hoy 10 de enero, a seis años de aquel juramento de la avenida Urdaneta, comienza el segundo período presidencial de Nicolás Maduro gracias a la decisión mayoritaria del pueblo venezolano en ejercicio de su soberanía, expresada en elecciones universales, directas y secretas.
Esto ocurre bajo enormes presiones internacionales, encabezadas por EEUU y por países de América Latina que anunciaron desconocer el carácter democrático y constitucional de la presidencia de Maduro. El vicepresidente de ese país, el jefe del departamento de Estado, el máximo jefe militar y el presidente Trump se han encargado directamente de la tarea en reuniones y giras por el continente: de allí se desprenden las acciones que luego los gobiernos ejecutan contra Venezuela. Las sanciones económicas contra el país aumentan y se profundizan; la asfixia económica avanza. La FANB ha sido agredida en concreto con acciones militares mercenarias en su contra en zonas fronterizas con Colombia. Estados Unidos y Colombia han realizado movimientos militares, provocaciones.
Este cuadro tiende a agravarse, a intensificarse, y se suma al complejo cuadro interno de crisis económica y social que padece nuestra gente en todo el territorio nacional, que también tiende a agravarse. A pesar de todo, prevalece en el país la unidad patriótica en defensa de la soberanía.
Sin embargo, esa unidad para sostenerse y profundizarse requiere, necesita de respuestas concretas a las demandas y exigencias que corren en paralelo y como sustrato también de la disciplina y la lealtad. Nadie espera que la crisis se supere de la noche a la mañana, pero la reiterada convocatoria a la lealtad popular debe ser correspondida con acciones claras y contundentes que apunten a lo que ese pueblo espera, lo cual se concentra principalmente en:
- El combate a la hiperinflación, que pulveriza el salario y hace inútil el trabajo, lo cual implica: a) la revisión seria de los resultados del plan de recuperación económica y la implementación de las correcciones que haya que acometer, en debate y diálogo franco, amplio y verdaderamente democrático, de cara al país, sin opacidades, con los sectores populares, sociales, académicos y económicos verdaderamente comprometidos con el país y su desarrollo, b) la activación real de un plan de emergencia para reactivar el aparato productivo del país en el que participen de forma democrática y equitativa el sector popular, el sector público y el privado, principalmente en sus estratos pequeños y medianos, un plan que debe contemplar de forma central la recuperación de PDVSA y el sector agrario, c) preservación de las conquistas sociales y laborales de los(as) trabajadores(as) venezolanos(as) y del pueblo campesino, d) garantía de la soberanía nacional sobre recursos y servicios estratégicos y sobre el territorio en general, e) transparencia sobre el origen lícito de los capitales que estén siendo invertidos en el país y otros posibles que puedan llegar: ¿qué pasa con los acuerdos que ha empezado a establecer Pdvsa con capitales extranjeros y nacionales, quiénes están detrás de esos capitales y de dónde provienen?, f) información pública y transparente sobre los procesos de transferencia y convenios mixtos sobre empresas públicas e incorporación del sector comunal y social a estos procesos: ¿qué pasa en Lácteos del Alba, Granos del Alba, Pedro Camejo y otras empresas e infraestructuras agroindustriales del Estado venezolano? ¿qué pasó con las empresas entregadas según se anunció, al Frente Francisco de Miranda, cómo se tomó esta decisión, por qué no se contempló el sector comunal y social en esa propuesta?, g) cese de la asignación de divisas a quienes han demostrado que sólo las utilizan para su beneficio particular y enriquecimiento ilítico, y transparencia absoluta en la asignación de las mismas: ¿cómo se puede ejercer control social y público sobre lo que se mantiene en el secreto y la opacidad?
- La recuperación urgente de los servicios públicos de transporte, electricidad, agua, telefonía e internet, distribución de gas doméstico, recolección de basura, salud y educación, lo cual debe implicar necesariamente: a) la intervención de las instituciones y empresas públicas responsables de los mismos, y su evaluación transparente y profunda, para determinar responsabilidades, ineficiencias, corrupción y aplicar los correctivos y medidas necesarias, b) la priorización de los recursos que existan en el país para la recuperación de instalaciones, infraestructuras, tecnología y capacidades operativas, c) la reducción de gastos superfluos y lujosos en la institucionalidad para dirigirlos a estas áreas priorizadas, c) la participación directa -y con poder- de los y las trabajadores(as) de estos y otros sectores del pueblo organizado en los procesos de evaluación, gestión y en la ejecución de los planes de recuperación que puedan diseñarse, d) en el caso de educación y salud debe abordarse de forma contundentemente diferenciada: el daño que la crisis ha generado en estos sectores es de gravísima profundidad.
- Además de esto y de forma suprema, la preservación de la unidad popular y la capacidad y voluntad de lucha de nuestra gente implica necesariamente la profundización y reimpulso de los espacios e instancias que constituyeron avances en la construcción de la democracia revolucionaria, participativa y protagónica, que es uno de los ejes centrales del proyecto político de la revolución bolivariana. Allí debe estar un énfasis estratégico en este nuevo período que hoy se inicia. Si el avance de la revolución económica rumbo a un modelo alternativo al capitalismo debe desacelerarse, si la superación de la crisis obliga a medidas y acciones enmarcadas dentro de la lógica del capitalismo, los avances en materia de profundización de la democracia, de los derechos sociales y del poder de la gente organizada en función del ejercicio pleno de su libertad y sus derechos no debería experimentar retrocesos. Al contrario, allí está la base profunda para garantizar la unidad popular, para enfrentar ofensivamente la crisis y para avanzar en la lucha por más conquistas.
Hace seis años juramos lealtad a la patria y al comandante Chávez, cuando aún no había fallecido. Hoy juramos nuevamente, también por la patria y por Chávez, pero en su memoria, y por lealtad además al juramento hecho en su nombre:
“Juro que defenderé esta constitución, nuestra democracia popular, nuestra independencia y el derecho a construir el socialismo en nuestra patria. Juro que me comprometo a llevar adelante el programa de la patria”.
Estas fueron las palabras, pronunciadas con la constitución en una mano y con la otra alzada en gesto solemne, dichas por la dirigencia política y por la gente. Siguen vivas para hoy esa palabras. Sigue vivo el juramento y se renueva, además. Saquemos las cuentas y midamos lealtades, sacrificios, costos: la balanza aquí se carga en contra de la dirigencia.
Y hagamos de la palabra acción concreta, tanto la dirigencia como la base popular. En la palabra-empeñada y cumplida se fundamenta buena parte de la autoridad moral, tanto del liderazgo como de las bases, y hay bastante tela qué cortar en compromisos asumidos públicamente incumplidos sin que se den explicaciones.
Moral alta y sólida es lo que más necesitamos para resistir y avanzar en este complejo escenario que transitamos y que no parece sino complicarse cuando se levanta la mirada un poco hacia el horizonte.
